miércoles, agosto 25, 2010

Gobierno negocia con Monaca, pero no anula la expropiación


La administración y la operatividad de Monaca, Molinos Nacionales Compañía Anónima, siguen en manos privadas, aunque folletos editados y difundidos por el Ministerio de Comunicación e Información la consideran una empresa socialista. "Monaca, que produce harina de maíz, fue nacionalizada para beneficio del pueblo. Y como empresa socialista invierte sus excedentes en reparar viviendas cercanas a la fábrica", afirma una de las historietas ideológicas que se reparte en los supermercados Pdval y Bicentenarios, y en algunas oficinas gubernamentales.

La expropiación decretada en mayo, no se ha concretado. El vicepresidente ejecutivo, Elías Jaua, anunció en julio que el grupo mexicano Gruma, propietario de esta agroindustria, había propuesto crear una empresa mixta para descartar la adquisición forzosa. "No se va a expropiar, Gruma ha planteado la posibilidad de una empresa mixta y la estamos estudiando, pero en este momento está bajo la administración del gobierno bolivariano", dijo Jaua el 14 de julio pasado.

Uno de los planteamientos de los mexicanos era dejar en manos del Gobierno las plantas procesadoras de harina de maíz precocido y arroz, y que el resto de las líneas de producción continuara bajo la dirección privada, como el área de trigo panadero y para consumo doméstico.

Representantes de Monaca sostienen que la intención de crear la empresa mixta fue aceptada, pero les extraña que el Gobierno no haya revocado el decreto de expropiación, si la intención es llegar a un convenio estratégico.

Fuentes del Ejecutivo indicaron que por ahora no habrá ninguna decisión, hasta que culmine la compaña electoral en la que están ocupados varios funcionarios, incluyendo al vicepresidente Elías Jaua.

Mientras tanto los productos Monaca, como la harina Juana, se venden en los supermercados Bicentenario (antiguos Cada del grupo francés Casino), con el eslogan "Hecho en socialismo", pese a que legalmente sigue siendo una empresa privada.

El último reporte de producción de Monaca señala que mensualmente se procesan entre 18.000 y 20.000 toneladas de maíz, 30.000 y 32.000 toneladas de trigo, cerca de 2.500 toneladas de arroz paddy, 350 toneladas de avena. La empresa asegura que entre enero y mayo se han producido más de 199.933 toneladas de alimentos.

Intervención anunciada El Ejecutivo venezolano desde finales de 2009 expresó que esta compañía tendría que pasar a poder del Estado, debido a la presunta vinculación con el banquero Ricardo Fernández Barrueco, que tendría parte de las acciones.

No obstante, los representantes de Monaca afirman que 24,14% de la participación accionaria de Barruecos estaba otorgada en garantía en una institución financiera extranjera que le facilitó los recursos para adquirirlas, por lo que su posesión nunca llegó a concretarse.

Pese a la observación, el gobierno de Hugo Chávez siguió insistiendo en intervenir la agroindustria. Se alegó que no cumplía con la Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria ni con la Ley de Acceso a las personas a los Bienes y Servicios, al presuntamente negarse a distribuir suficiente harina de maíz precocida y se abrió un procedimiento en su contra.

"Monaca ha mantenido sus operaciones productivas y comerciales dentro del curso normal del negocio y ha suministrado y proveído, en tiempo y forma, a sus clientes la demanda de nuestros productos", refiere la empresa en un comunicado.

Esto no le bastar al Gobierno para emitir el decreto de expropiación. Una comisión de negociación se instaló en la empresa y hasta ahora se espera que se concrete una alianza estratégica en la que el Ejecutivo tendría la mayoría.

En mayo pasado el Gobierno emitió el decreto de expropiación y adquisición forzosa de los bienes, muebles e inmuebles y bienhechurías de Monaca. Esta empresa pertenece a una sociedad mercantil española llamada Valores Mundiales S.L., de cuya participación el grupo mexicano Gruma posee 72,86% de las acciones. Se especializa en el procesamiento de harina de trigo, harina de maíz, pasta de arroz, aceite, avena, productos del mar, adobo y especias.

De concretarse la expropiación de Monaca, el Estado venezolano controlaría más de 45% del mercado de la harina precocida. El Gobierno cuenta entre sus activos con las procesadoras de maíz, Proarepa, Pronutricos, y Bravo Cacique que son empresas de producción social.
Diario El Nacional, 25 de agosto de 2010. Estrategia.

lunes, agosto 09, 2010

Reportaje: La condena de ser ganadero






Ciudadanos

EL NACIONAL - Domingo 02 de Noviembre de 2008

AGRO Afectada la producción de carne, de leche y la cría de reses para engorde en el Alto Apure
La condena de ser ganadero

El pago de vacuna, la extorsión, el secuestro y el abigeato azotan a los empresarios


KATIUSKA HERNÁNDEZ KHERNANDEZ@EL-NACIONAL.COM GUASDUALITO/ELORZA

En el Alto Apure ya no es la leyenda del Silbón la que espanta el sueño o La Llorona, sino las acciones de los grupos guerrilleros colombianos: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional y la organización armada venezolana Fuerzas Bolivarianas de Liberación, que operan en la zona, según asociaciones de ganaderos, y tienen azotados a los productores agropecuarios con el cobro de vacuna, la extorsión, las invasiones y el secuestro.

"Por aquí andan confundidos con la gente del pueblo los boliches (FBL), los farucos (FARC), y los elenos (ELN). Si uno no pregunta mucho y no se mete con ellos te dejan tranquilo. Es cuestión de saber vivir", dijo un taxista de Guasdualito.

Pero quienes poseen tierras y por lo menos 200 cabezas de ganado bovino o bufalino, tienen la seguridad –aunque suene contradictorio– de que le tocarán la puerta o lo localizarán por celular para cobrarles una vacuna.

Los pequeños productores tampoco se salvan, en algunos casos tienen que "regalar" semanalmente un mercado de 1.000 bolívares fuertes como impuesto para garantizar que sus fincas no sean invadidas, ni les roben el poco ganado que les queda.

¿Y qué hacen las autoridades? "Estar bien con Dios y con el Diablo. Un alcalde es del FBL y otro ha preferido quedarse callado en los últimos meses por la campaña electoral. Ellos consienten a los grupos guerrilleros colombianos. Parece que el Gobierno les ha dado permiso para que descansen en territorio venezolano, pero también hacen sus fechorías a la vista de la Fuerza Armada Nacional y otros órganos del poder público", relata un ganadero que pidió resguardar su identidad.

Ninguno se atreve a dar la cara, porque muchos están en la lista de posibles secuestrados o han pagado rescate para que ellos o algunos de sus familiares queden en libertad.

La seguridad aparente es impuesta por los grupos guerrilleros, que fijan las tarifas. Algunos productores han llegado a pagar entre 200.000 y 2 millones de bolívares fuertes por quedar libre de los secuestros.

"Ellos saben cuánto ganado tiene uno, qué produce y cuánto gana. Llegan primero pidiendo una contribución y te dicen: "cuente su ganado y verá que si nos ayuda no perderá ni uno sólo", agregó otro productor.

Las FBL tienen mayor poder en Guasdualito. "Operan a través de consejos comunales y se insertan en la sociedad poniendo un poco de orden, por ejemplo en el manejo y distribución de la gasolina", expresó un ganadero. Las FBL han reclutado gente adepta al Gobierno. "Se trata del brazo armado del partido oficialista, el PSUV.

En Elorza, las FARC llevan la batuta. Dirigentes políticos han tenido que negociar con ellos para que no secuestren o amenacen a los lugareños. Entre La Victoria y El Nula el ELN tiene la hegemonía.

Los grupos guerrilleros han asumido funciones del Estado para imponer sanciones y hacer su justicia. Eso ha permitido que se inserten en la población.

Excluidos de sus tierras.
Los ganaderos que han sido secuestrados no van a sus fincas con tanta frecuencia. Se han mudado a otros estados: Táchira o Barinas e incluso a Colombia. Dejan a otros encargados de la propiedad. "No se puede avisar cuando va uno a la finca, es difícil confiar en la gente", dijo un productor que estuvo secuestrado por más de dos meses. Los ganaderos están sometidos a la actuación de los grupos guerrilleros y, además, la mayoría tiene abiertos procesos administrativos con el Instituto Nacional de Tierras, organismo que alega que los terrenos son propiedad de la nación y están ociosos.

Los que han sido víctimas del secuestro han optado por irse, pero no encuentran compradores para sus tierras. "Nadie quiere invertir en esta zona y eso es muy triste. El Alto Apure se está quedando en el pasado, no hay desarrollo económico. La mayoría de la gente del pueblo no quiere trabajar en el campo, a cambio, son empleados de las alcaldías y se la pasan sentados en la plaza Bolívar sin hacer nada", apuntó un ganadero que vive en el Táchira por seguridad. Una muestra de la falta de interés por la agricultura se percibe en el fundo zamorano Francisco Farfán (antes hato Santa Rita) en Elorza, de 40 socios cooperativistas que comenzaron el proyecto financiado por el Gobierno, sólo se mantienen 11 trabajando.