miércoles, diciembre 28, 2011

La escasez se acentuó en 2011



Las fallas de alimentos regulados caracterizaron 2011

Falta de insumos y rezago de precios acentuaron escasez

Los productos que registraron mayores fallas fueron leche en polvo, aceite, carne de res, café, azucar y queso

KATIUSKA HERNANDEZ
@Lachurry
khernandez@el-nacional.com

El desabastecimiento de alimentos con precios regulados se acentúo en 2011. El informe semanal de la empresa Datanálisis señala que el índice de escasez se situó en 24,8% al cierre del 13 de diciembre, mientras que el promedio de 2010 fue de 15,26%, un alza de más de 9 puntos en un año.
Luis Vicente León, presidente de la encuestadora, indica en un estudio para la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos que a inicios de 2011 hubo semanas en que la escasez cayó a 8%, por lo que los actuales resultados, reflejan que las fallas de productos básicos se han triplicado.
En el análisis histórico Datanálisis refiere que el mayor índice de escasez se registró a finales de 2007 cuando llegó a 33%, y bajó en 2008 luego de que el Gobierno decidió una revisión de los precios regulados y además excluyó del control algunos rubros básicos. "Cuando se flexibilizan los controles inmediatamente se recupera el abastecimiento", destaca.
El reporte señala que cuando ha habido retardos en la revisión de los precios y problemas en la entrega de las divisas para comprar la materia prima, se elevan las fallas como ocurrió en noviembre de 2009, cuando la carencia llegó a 21,5% y este año, cuando se han registrado episodios constantes de falta de leche en polvo, aceite, quesos, carne de res y otros.

El costo. Los consumidores pagaron este año 44% más por los productos regulados en bodegas y abastos de los barrios, mientras que en el sector informal el sobreprecio superó 81%, agrega Datanálisis en el informe para Cavidea."Contrario a lo que el Gobierno persigue con los controles de precios y la nueva Ley de Costos, estas medidas generan escasez e inflación porque mientras mayor es la falla, más alto es el precio que pagan los consumidores por adquirirlos", dice el informe.
El aceite de maíz regulado en 10,69 bolívares el litro, llegó a venderse en el sector informal en 20 y 25 bolívares, una diferencia de más de 133%. El pote de leche en polvo se vendió en los buhoneros entre 60 y 70 bolívares, un sobreprecio de 130% con respecto al precio controlado de 30,37 bolívares.
El reporte de Datanálisis, que mide 71 establecimientos entre supermercados privados, Mercal, Pdval, abastos Bicentenario y bodegas de los barrios, califica de escasez grave las fallas de leche, que no se consiguió en 78,9% de estos locales en la primera quincena de diciembre.
Las fallas, que se acentuaron entre agosto y noviembre, se debieron a varias razones.Una de ellas, en Venezuela no se pulveriza leche y el primer incremento de precios de 32,2% aprobado en abril, no fue suficiente. Ante esto, muchas empresas redujeron las importaciones. El Ejecutivo asumió parte de esas compras externas y despachó 14.000 toneladas mensuales, de las cuales 4.000 fueron a las redes privadas. Cuando se decidió en octubre elevar nuevamente el precio de la leche, en 27,92%, los inventarios de las empresas lácteas estaban en cero. Reponerlo tardaría más de un mes.En el Ministerio de Alimentación advierten que el consumo se desbordó, en gran parte por las compras nerviosas. "Hay consumidores que se llevan 4 y 5 potes", dijo el ministro Carlos Osorio.
El aceite de maíz fue otro de los ausentes, no se consiguió en 46,4% de los comercios, al igual que el aceite de mezcla.Ambos registraron problemas debido a que las materias primas con que se procesan son importadas y los precios en el mercado internacional subieron por encima del regulado en el país. "Es imposible producir a pérdida", expresó el presidente de Cavidea, Pablo Baraybar. Esta cámara presentó una propuesta de ajuste al Gobierno con lo cual el precio del aceite debería fijarse en 14,40 bolívares para garantizar su procesamiento.

Perspectivas. En 2012, el consumo aumentará impulsado por el gasto público. En el Gobierno se preparan para el año electoral y asesores ­como Jesse Chacón, que dirige la encuestadora GIS XXI- han recomendado llenar los anaqueles de alimentos porque la escasez afecta la percepción de los votantes. El economista Asdrúbal Oliveros afirma que se elevarán las importaciones gubernamentales. "El Ejecutivo sabe que no se puede desbordar el índice de escasez porque es peligroso en un año electoral y por eso incrementará las compras externas", dijo, y agregó que algunos representantes del Gobierno son partidarios de suavizar la aplicación de la Ley de Costos para evitar que ponga en riesgo el abastecimiento.

ESTA NOTICIA FUE PUBLICADA EN EL DIARIO EL NACIONAL EL 26 DE DICIEMBRE
OTROS ENLACES:
Se triplico la escasez y cierra 2011 en 23%

Guerra de cifras marcó el año agrícola



KATIUSKA HERNANDEZ
@Lachurry
khernandez@el-nacional.com

La disparidad de cifras entre el Gobierno y los productores agrícolas es notoria en rubros estratégicos como maíz, café y caña de azúcar.
Los productores sostienen que no hay suficiente maíz para atender las necesidades de la industria de harina precocida ni de las empresas que procesan alimentos balanceados para animales. Afirman que entre maíz blanco y amarillo la cosecha fue de 1,3 millones de toneladas, y el país consume 3,9 millones de toneladas: un déficit de más de 2,54 millones.
El ministro de Agricultora y Tierras, Juan Carlos Loyo, en cambio, asegura que cosecharon entre ambos tipos de maíz más de 2,11 millones de toneladas, 863.861 toneladas del amarillo y 1,25 millones del blanco. En comparación con 2010 admite que hubo un descenso, pero no en la proporción que calculó Fedeagro de 23,68%. En maíz amarillo el Ejecutivo calcula la caída en 17% y en el blanco de 14%. Ante la diferencia de cifras, los productores están claros en algo: en 2012 llegará más maíz a los puertos venezolanos.
En café, el Gobierno asegura que en la cosecha 2010 a 2011 las empresas del Estado compraron a los caficultores 1 millón de quintales y en la zafra 2011-2012 se espera la recepción de 1,22 millones, es decir, 22% de crecimiento. En el grafico presentado por Loyo en el balance 2011 se indica que en 2010 se cosecharon 73.685 toneladas, equivalentes a más de 1,60 millones de quintales y en 2011 75.510 toneladas: más de 1,64 millones de quintales, un alza de 2%.
No obstante, para Fedeagro, la producción de café se desplomó 31,74%, al pasar de 1,15 millones de quintales en 2010 a 785.000 quintales en la zafra actual. Por los puertos se calcula que han ingresado más de 600.000 quintales de café desde que el Gobierno expropió 70% de la industria torrefactora, es decir entre agosto de 2009 y 2011.
Cifras del Centro de Trámites de las Exportaciones, Cetrex de Nicaragua detalla que las ventas de café a Venezuela suman 356.945,78 quintales entre 2009 y el cierre del mes pasado. Estas compras se hicieron a diferentes precios del café, pero la factura total, según el Cetrex, fue de 48,79 millones de dólares. El resto del déficit de café se cubre con compras a Brasil.
En caña de azúcar, mientras Fedeagro indica que se cosecharon 5,95 millones de toneladas, el Ministerio de Agricultura señala que se logró una producción de 8,13 millones de toneladas. La diferencia implicaría que el país no tendría que importar tanta azúcar cruda para procesar, pero en el último año han llegado más de 800.000 toneladas para cubrir el déficit.

Precios y regulaciones Fedeagro sostiene que los productores están afectados por la caída sostenida de los precios reales de los rubros. Indican que se consignan constantemente los costos de producción al Ministerio de Agricultura y Tierras, pero los precios fijados terminan siendo bajos e insostenibles. "Los incrementos son pírricos, muy por debajo de los acumulados de inflación y lejanos a las expectativas de los agricultores", indica el gremio.
Para el ministro de Agricultora, sin embargo, la situación no es tan grave. Cree que el sector primario es el más preparado para que se beneficie de la Ley de Costos y Precios, y agrega que en 2012 se garantizará una rentabilidad justa a los productores por sus cosechas.

La disputa por las tierras El ministro plantea que seguirán con la lucha contra el latifundio y está previsto en el presupuesto 2012 tomar por lo menos 350.000 hectáreas. El Gobierno contabiliza más de 2,4 millones de hectáreas que aún están en poder de "latifundistas". Para Fedeagro, esta política de intervenciones y expropiaciones no ha traído resultados positivos y "representa la amenaza más grande que se cierne sobre la agricultura". "Las invasiones y las intervenciones son noticias diarias y la reciente decisión del Tribunal Supremo de Justicia de despenalizar la invasión, provocará una anarquía difícilmente controlable. Con estas condiciones es imposible invertir en la agricultura, crecer y desarrollar los predios rurales", advierte el gremio. Loyo responde que con la decisión del TSJ se reivindica la lucha de los campesinos y aclara que no se producirán invasiones masivas. Pero Fedeagro insiste en que no hay justificación alguna en las intervenciones de tierras. "Venezuela necesita sumar áreas de producción y no sustituir a sus patronos, los cuales han dedicado el mayor esfuerzo y sacrificios en desarrollar las fincas", agregan los productores. Sostienen los agricultores que hay 70% de áreas potenciales de siembra a lo largo y ancho del país que no han sido desarrolladas. "Los esfuerzos del Estado deben centrarse en invertir en la promoción del desarrollo de nuevas superficies que aumenten el potencial productivo", indica.

Puntos de coincidencia Pese a las contradicciones en las cifras y en el resultado de la producción agrícola, entre el Gobierno y los agricultores privados hay puntos de encuentro. Ambos coinciden en que en 2012 se debe hacer un esfuerzo adicional para mejorar la vialidad agrícola, garantizar el acceso a insumos, analizar los costos de producción para aprobar precios justos y buscar medidas para aliviar el endeudamiento agrícola. Antonio Pestana, vicepresidente de Fedeagro, indica que hay agricultores que están hasta cuatro veces más endeudados que otros empresarios en el país. Agrega que es necesario un programa de financiamiento a largo plazo y que se creen mecanismos para la cobertura de daños de los cultivos. El ministro de Agricultura anunció que el próximo año se planteará aplicar de nuevo la ley de reestructuración de la deuda agrícola y reconoce los daños económicos que tuvieron que asumir productores por la pérdida de la cosecha a causa de las lluvias.

NOTICIA PUBLICADA EN EL DIARIO EL NACIONAL, ESTRATEGIA Y NEGOCIOS DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2011
http://www.el-nacional.com/noticia/15734/18/Guerra-de-cifras-marco-el-a%C3%B1o-agricola.html

http://www.el-nacional.com/noticia/15735/18/Dos-visiones-de-una-empresa:-Agroisle%C3%B1a-vs-Agropatria.html
LEA TAMBIEN El café no da para vivir http://katiuskah.blogspot.com/2011_04_01_archive.html

miércoles, agosto 24, 2011

Ministro de Agricultura, Juan Carlos Loyo "El libre mercado lleva a la ruina al sector agrícola"







«No dejaremos que la oferta y la demanda controlen la agricultura»

Katiuska Hernández
Khernandez@el-nacional.com
El ministro de Agricultura y Tierras señaló que el Ejecutivo tiene la obligación de revisar los costos y precios del café, la leche y otros rubros, pero asegura que no hay razones para volver a subir el maíz. Afirma que el libre mercado lleva a la ruina a los productores y denuncia que carteles monopolizan la venta de hortalizas en los mercados de mayoristas

No habrá más aumento en el precio del maíz, pero los productores de café, leche y otros rubros como la caña de azúcar pueden esperar un ajuste y la revisión de los costos de producción este año, anunció el ministro de Agricultura y Tierras, Juan Carlos Loyo. Señaló que el Gobierno no permitirá que la libre oferta y la demanda controlen el sector agrícola y principalmente la producción y distribución de hortalizas, razón por la cual seguirán interviniendo como Estado. Aclaró que por ahora no hay ningún plan masivo de importaciones, pero combatirán los carteles de intermediarios que monopolizan la venta de estos rubros.

--Hay una resistencia de los productores a que se regule el mercado de hortalizas y otros rubros agrícolas. ­
Ningún agricultor serio apoya que sea el mercado el que dictamine las políticas de producción, distribución y consumo de alimentos y rubros primarios. Ya en Venezuela tuvimos una época en que la economía de mercado regía el sector y la consecuencia fue la ruina de la agricultura. En cualquier parte del mundo el Estado debe intervenir y en el caso de Venezuela el Gobierno no dejará que la oferta y la demanda controlen la agricultura. El Ejecutivo está dando apoyo a los productores, por ejemplo, en el otorgamiento de insumos y agroquímicos a bajos precios. Entre urea y la fórmula NPK que se usa para fertilizar Agropatria ha entregado 162.000 toneladas a las asociaciones de productores privados, que alcanzan para cubrir una superficie de 380.000 hectáreas solamente para el rubro de cereales.

--­Algunos agricultores se quejan de la falta de insumos por parte de Agropatria. ­





En la zona de los Andes se registró cierta escasez de agroquímicos porque se incrementó hasta en cuatro y cinco veces el uso de estos insumos. Los productores que antes aplicaban dos veces los agroquímicos debieron usarlos cuatro o más debido a las lluvias y el daño de la cosecha, por tanto el incremento de la demanda fue lo que generó ese problema puntual. Pero también nos preocupa otro asunto. Y es que Venezuela tiene el precio de los agroquímicos más bajo de toda América Latina y se ha generado una comercialización ilícita de algunos de estos insumos hacia Colombia a través de redes de intermediarios que actúan de forma especulativa.
Los productores nos han pedido más presencia en las zonas fronterizas para evitar las irregularidades.

--­¿Cómo corregirán la distorsión en los precios de las hortalizas? ­





Estamos analizando la situación de las hortalizas, no es posible que el kilo de zanahoria se paga a los agricultores en el campo entre 6 y 7 bolívares y llega al consumidor entre 23 y 25 bolívares, la lechuga en la zona alta de Mérida se consigue en 4 bolívares el kilo y en las redes capitalistas está entre 11 y 12 bolívares. El tomate se paga en 10 bolívares el kilo y llega a 27, y la cebolla se compra directamente a 8 bolívares y llega a 18 bolívares.

No puede ser que al productor que coloca la tierra, recibe el financiamiento, el agroquímico y la semilla y trabaja duramente 3 y 4 meses obtenga un precio y la red de intermediación triplique y cuadruplique el precio. La respuesta es precisamente que el Gobierno intervenga para acabar con los intermediarios y lograr un precio justo para los productores y para la población.

No se puede dejar al libre mercado la producción de hortalizas. Los verdaderos agricultores demandan que el Ejecutivo intervenga. Incluso hemos encontrado en análisis con el Banco Central de Venezuela que en los mercados mayoristas, aunque exista suficiente producción de un rubro, los precios siguen siendo altos porque lamentablemente esto está dominado por verdaderos carteles monopolizadores de la distribución y venta de hortalizas. Hay intermediarios que boicotean a los productores cuando éstos se niegan a venderles a precios bajos que son injustos, y les dejan perder la cosecha para presionarlos a vender.

--­¿Hay un plan de importaciones masivas de hortalizas para bajar los precios?





­Aquí quiero ser enfático y aclarar este tema. No he anunciado importaciones. Yo he dicho que la política del Gobierno y del presidente Chávez es acudir a las importaciones sólo si se requieren para asegurar la soberanía y la seguridad alimentaria y cumplir con los 3 meses de reserva estratégica.

No hemos anunciado un plan de importaciones, al contrario, en este momento el Gobierno le está comprando directamente hortalizas al productor, porque hemos observado que se requieren 2.100 toneladas de hortalizas entre cebolla, tomate, pimentón, papa y zanahoria, para cubrir la demanda de Caracas. Hasta ahora no tenemos ningún requerimiento de importaciones. Sin embargo, si las redes de especuladores continúan jugando con los alimentos tendremos que acudir a las compras externas, pero sólo en caso extremo.

--­¿Habrá nuevo precio del café para el productor? ­





Comenzamos un diálogo claro con los productores de café. El fin de semana se instalaron varias mesas de trabajo y la primera de ellas fue la de precios y estructura de costos, estamos discutiendo este tema. La segunda es infraestructura, la tercera comercialización y la cuarta producción primaria.

Además de precios, los productores quieren que los apoyemos con la dotación directa de insumos debido a que los intermediarios les venden el saco de fertilizante en 110 bolívares, cuando el Gobierno lo tiene en 18,9 bolívares. Para resolverlo vamos a crear para los caficultores Agropatria comunal manejada por ellos mismos.

También se dará asesoría tecnológica y la entrega de recursos esta misma semana para la refundación del café. Se creó también un programa de extensión agrícola para involucrar a los propios hijos de los agricultores y que se promuevan cultivos alternativos, además de planes para reducir la broca y la inclusión de insumos biológicos y cuidar las cuencas. En materia de comercialización se crearán más de 100 puntos de compra directamente del café y se garantizará el pago a tiempo de la cosecha.

--­Productores se quejan de que el Gobierno paga más por importaciones de café de Nicaragua que por la cosecha nacional. ­





Eso se explicó, nosotros no estamos pagando el café de Nicaragua a 1.200 bolívares el quintal. Ese café fue precomprado y estaba acordado en el marco de la factura petrolera, y las importaciones comenzaron cuando el tipo de cambio estaba en 2,15 bolívares por dólar.

No lo estamos pagando como ellos creían. Estamos de acuerdo con los caficultores que hay que discutir la estructura de costos del precio del café para sincerar todo el sistema. Ellos pueden tener la certeza de que el Gobierno luego de ese análisis dará un precio justo para esta cosecha.

­--Los productores de maíz no están conformes con el nuevo precio y piden una compensación económica. ­





Estamos inspeccionando las hectáreas sembradas de cereales porque Agropatria otorgó insumos para la siembra de 450.000 hectáreas para el sector privado, más otras 430.000 hectáreas financiadas por la misión Agro Venezuela. Individualmente los privados iban a conseguir insumos para unas 550.000 hectáreas. De tal manera que en estos momentos estamos contando cuántas hectáreas finalmente se sembraron. El Gobierno entregó a tiempo semillas, agroquímicos, insumos y fertilizantes, y a bajos precios. Además, la banca privada aprobó cerca de 500 millones de bolívares en financiamiento de cereales a través de asociaciones privadas. Entonces, no hubo incremento adicional en los costos por los insumos. No tiene sentido que se pida otro aumento para el maíz si acaba de entrar en vigencia el ajuste, y mucho menos que se pida una compensación cuando no hay incremento de los costos para este ciclo.

­--¿Tienen previsto revisar el precio de la leche cruda a puerta de corral que tiene 17 meses congelada? ­





Estamos elaborando un plan nacional de desarrollo del sector ganadero y allí discutiremos desde los precios y la estructura de costos hasta programas de mejoramiento genético, desarrollo de los fundos, propuestas tecnológicas para desarrollar animales de alto valor genético, entre otros. La meta es lograr elevar el rebaño ganadero que es de 14 millones de cabezas. Obviamente el tema del precio es uno de los elementos desde que se aprobó la Ley de Costos y Precios Justos; la revisión de los precios es una obligación del Gobierno.

miércoles, abril 27, 2011

El café no da para vivir a los productores


Los bajos precios y la competencia desleal de las compras externas amenazan este rubro agrícola. Entre 2009 y 2010 se importaron 680.000 quintales que costaron 265,2 millones de bolívares

Katiuska Hernández

En la entrada del pueblo de Ospino, en el estado Portuguesa, permanece casi intacta la valla publicitaria del Plan Café. La promesa de construir viviendas dignas a los caficultores y dar incentivos para incrementar el cultivo, solo se lee en los carteles. Los productores señalan que de 75 viviendas proyectadas para la zona, se terminaron 22 y el llamado socialismo agrario no ha traído prosperidad en el campo.

"El precio del café no está bien, pero mientras los insumos suben. Si uno solicita un crédito llega tarde y se atrasa el trabajo de mantenimiento de las plantaciones", afirma Francisco Colmenares, caficultor del sector El Guayabal, de la parroquia La Aparición de Ospino.

Semanalmente, Colmenares baja de la montaña al pueblo para buscar un empleo temporal que le permita mantener a su familia a la espera de la temporada de cosecha de café para recoger cerca de 25 sacos.

"Con el Plan Café nos prometieron casa. En Caracas y aquí nos hicieron llenar puros papeles, y nada. Vivo en un rancho de bahareque que ya casi se nos cae encima. Tenemos 6 hectáreas sembradas y sólo sacamos unos 25 sacos y a veces 20; así que no queda otra, del café no se puede vivir. Además, tengo 7 hijos y por eso trabajo de jornalero cortando caña de azúcar para mantenernos", relata Colmenares mientras camina por la calle principal de Ospino. Justo al costado de la carretera, vía a la estación de Ospino, se ven las máquinas trilladoras llenas de polvo, no es tiempo de cosecha y por tanto están inactivas, pero hay quienes guardan uno que otro saco y aprovechan para venderlo al mejor postor a la orilla del camino.

"El precio debería estar por encima de 1.000 bolívares el quintal, pero nos cancelan menos de 500 bolívares. La realidad es que tenemos que cancelar más de 400 bolívares para traer la cosecha de la montaña al pueblo y, además, pagar empleados y el abono. El precio está bajo", insiste Colmenares, que ahora aguarda por los resultados de la nueva misión Agro Venezuela para ver si recibe financiamiento.

En la ruta a la zona alta de Ospino, Santa Lucia del Cerro vía al Chorro San Miguel, de la parroquia La Estación, el paisaje montañoso está adornado con plantaciones de café y algunas lucen abandonadas. La carretera no está asfaltada por completo, pero los productores señalan que no está tan mal como en otras partes.

Leonarda Aranguren tiene 73 años de edad y 50 viviendo de la producción de café.

Ella y su esposo han levantado 12 hijos. Dice que está cansada de pedirle al Gobierno que le dé financiamiento para recuperar el cultivo. Se conforma con la producción de una hectárea que ella y su marido tienen sembrada en el caserío de Santa Lucia. Vive en una casa de bahareque y afirma que la situación está muy mala.

"Ya el café no vale nada, tiene broca y roya, y lo que pagan por el quintal no alcanza para nada. Antes la plata valía, con un bolívar se podía comprar pan, galletas y las sardinas costaban un real. También uno se vestía con un bolívar porque se compraba dos metros de tela. Yo creo que Chávez se olvidó de los caficultores porque no da un buen precio", señala Aranguren, que aún espera la pensión de vejez que solicitó hace más de 7 años. Antes recibía una ayuda de la Gobernación del estado Portuguesa

Inseguridad galopante En las últimas semanas delincuentes han asaltado a productores y familias de Ospino. "Las camionetas jeep viejas o nuevas, que son las que sirven para subir a la zona productora, son muy codiciadas por los delincuentes.

Las roban y muchas veces piden rescate para devolverlas desvalijadas", denuncia Gregorio Villanueva, productor de la zona. El Plan Seguridad Bicentenaria no ha llegado a la región, agrega.

Al lado de la iglesia del caserío de Santa Lucía un aviso les recuerda a los vecinos que la actual segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Blanca Eekhout, fue elegida por ese pueblo, pero hasta ahora no ha dado respuesta a los problemas del lugar. Nunca se le ha visto por aquí, afirma un lugareño.

El plan que fracasó Gregorio Villanueva reconoce que el Plan Café, aprobado en 2005, tenía un objetivo positivo para el sector, pero no se cumplió de manera efectiva y tampoco se materializó la asistencia técnica adecuada y el seguimiento para garantizar que los recursos se invirtieran.

"Con ese plan nos darían apoyo para la construcción de minicentrales ecológicas en las zonas cafetaleras, transporte utilitario para trasladar la cosecha y prometieron 75 viviendas. Los recursos fueron otorgados por el Gobierno pero solamente se levantaron 22, igual sucedió con los minicentrales: se hicieron 4 en el municipio Ospino, que costaron más de 4 millones de bolívares, se colocaron las plantas eléctricas y toda la infraestructura, sin embargo la contratista Fanapar, encargada de la obra, incumplió y no instaló las maquinarias ni los equipos para que operaran", dice Villanueva, y añade que los minicentrales están prácticamente abandonados.

Refiere que esta infraestructura le facilitaría a los caficultores arrimar el grano cosechado y que se realizara el beneficio húmedo del café, y al tenerlo listo venderlo a las torrefactoras con un valor agregado que garantizaba un producto de calidad que se podía colocar a un mejor precio.

Agrega que 70% del café que se cosecha en Ospino no es beneficiado y el producto tiende a salir de baja calidad, lo que también afecta el precio pagado a los caficultores. En la zona se cosechaban 120.000 quintales y en la actualidad no llegan a 80.000 quintales que representan el sustento de 4.000 familias, aproximadamente.

Villanueva señala que la estatización de las empresas torrefactoras Fama de América y Café Madrid que le dan al Ejecutivo 75% del mercado procesador, ha permitido que por lo menos se le cancele a los productores el precio fijado en la Gaceta Oficial. Aunque aclara que sigue siendo muy bajo.

En Ospino, el quintal de café natural bueno, el Gobierno lo paga a 613 bolívares y los intermediarios en la calle entre 480 y 540 bolívares por saco. "Hay un piso en el precio del café que impide que baje demasiado, pero el aumento anual del grano no compensa los costos de producción y tampoco nos da un ingreso justo para mejorar las condiciones de vida de los productores", expresa.

Recuerda que el año pasado el costo de producción era, en promedio, de 1.400 bolívares el quintal, pero está regulado en un máximo de 747 bolívares, y en el mercado internacional el precio llegó a estar por encima de 320 dólares en marzo y en abril cerca de 316 dólares por quintal.

"Si aquí se vuelve a pagar un precio justo y se incentiva a los caficultores podremos volver a producir para satisfacer las necesidades del país y no habría necesidad de importar", reitera.

Vicente Pérez, director de Fedeagro, apunta que los incrementos aprobados en los últimos años están por debajo de la inflación. "Por eso hay tanta diferencia con los precios nacionales y los de Colombia.

Eso se refleja en una desmejora en la vida de los caficultores, muchas familias viven en pobreza". Es necesario tecnificar el cultivo y preparar a los productores, agrega.

Pérez propone que se retome la propuesta de diferenciar el café y pagar un precio más alto por los granos de más calidad y tipo gourmet. "Que se pague un mejor precio por el café premium y que el consumidor de pocos recursos pueda pagar por el producto más económico", sugiere.




Importaciones saldrán 270% más caras este año

El año pasado el Go-bierno importó más de 16.000 toneladas de café verde, equivalentes a 347.826 quintales (sacos de 46 kilos cada uno), para satisfacer las necesidades de las industrias torrefactoras. El consumo nacional es de 1,85 millones de quintales y la producción apenas se acerca a 1 millón de quintales.

El déficit se trae de Brasil, Nicaragua y El Salvador. Entre los años 2009 y 2010 se calcula que ingresaron al país 680.000 quintales, pagados a 150 dólares por saco, aproximadamente. Estas compras externas le costaron al país 102 millones de dólares, que multiplicados por 2,60 bolívares por dólar suman un total de 265,2 millones de bolívares.

Ahora, con el tipo de cambio a 4,30 bolívares y el alza del café en el mercado internacional a más de 300 dólares, esta misma cantidad de café importado le saldrá al país en 204 millones de dólares. El equivalente a 877,2 millones de bolívares que se gastarán en importaciones.

En comparación con lo que se pagó entre 2009 y 2010, saldrían 230,7% más caras este año por el aumento internacional del grano. Los productores critican las compras externas y señalan que el Gobierno en lugar de invertir estos recursos en importaciones debería aprobar mejores precios a los caficultores venezolanos e invertir en viviendas, infraestructura y planes de recuperación y renovación del cultivo.

sábado, abril 09, 2011

CAE LA PESCA DE ESPECIES MARINAS 54,22%


Producción anclada.


KATIUSKA HERNÁNDEZ


La pesca de especies del mar se redujo en 2010 54,22% según la Memoria y Cuenta del Ministerio de Agricultura y Tierras. De 383.309 toneladas de pescados que se capturaron en 2009 en el mar, disminuyó a 175.454 toneladas el año pasado. La caída más acentuada se registró en el atún que pasó de 35.152 toneladas en 2009 a 17.420 toneladas en 2010, 50,44% menos. Esta especie cuesta en las pescaderías 65 bolívares el lomo, 48% más caro que en 2010, mientras que el atún en rueda se vende en 42,80 bolívares el kilo. Igualmente se redujo la captura de bagre en 21,57% de 3.909 toneladas en 2009 a 3.066 el año pasado. La captura de carite también disminuyó 15,18% al pasar de 5.113 toneladas a 4.337 toneladas, y en el mercado municipal esta especie se consigue en 42,80 bolívares, un alza de más de 42%. La pesca de corocoro que era una de las que se practicaba con el arrastre, se redujo 9,91% al pasar de 1.604 toneladas a 1.445 toneladas. En las pescaderías el precio de este pescado es de 32,80 bolívares el kilo y el año pasado costaba 20 bolívares. La pesca de jurel disminuyó 31,17% al pasar de 4.556 toneladas a 3.136 toneladas y el precio en el mercado es de 38 bolívares. La pesca de pargo cayó 50,04%. En 2009 se capturaron 9.114 toneladas de este pescado y el año pasado solo se lograron 4.553 toneladas, de allí el alto precio del producto que supera los 68 bolívares el kilo y hasta más de 70 en algunas pescaderías. El Gobierno tiene ferias socialistas del pescado en varias plazas de la capital y zonas populares. Insopesca asegura que el ahorro es de hasta 65% en comparación con los mercados privados. El atún lo venden en 18 bolívares el kilo, el dorado en 30 bolívares y el camarón en 35 bolívares. Además de rayado blanco a 35 bolívares y cachama a 17 bolívares.

Gobierno importó 83,48% de los alimentos


KATIUSKA HERNÁNDEZ khernandez@el-nacional.com



La Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas, CASA, importó el año pasado 3.075.627 toneladas de productos, lo que representa 83,48% del total de las compras que hizo esta empresa estatal y que suman 3.684.268 toneladas. A los proveedores nacionales le compraron 608.641 toneladas. Para las reservas estratégicas se adquirieron 873.661 toneladas, la mayoría también importada CASA pagó a proveedores internacionales 6,94 millardos de bolívares, mientras que las compras nacionales salieron por 1,98 millardos de bolívares. El Gobierno importó a través de la corporación 102.500 toneladas de aceite, por las que pagó más de 340 millones de bolívares, También trajeron del exterior 620.000 toneladas de arroz, valoradas en más de 742,54 millones de bolívares. La compra externa de este cereal contrasta con su caída en la producción nacional que, según la memoria y cuenta del Ministerio de Agricultura y Tierras, se redujo 12,6%, al pasar de 1,19 millones de toneladas a 1,04 millones de toneladas. El año pasado el Gobierno importó 947.500 toneladas de azúcar que costaron 1,03 millardos de bolívares, 16.000 toneladas de café verde por las que pagó 159,5 millones de bolívares, por 78.000 toneladas de carne bovina canceló 914,22 millones de bolívares y por 115.911 toneladas de leche en polvo 1,11 millardos de bolívares. Igualmente trajeron del exterior, para abastecer el consumo nacional de alimentos balanceados para animales y otros usos, 345.000 toneladas de maíz amarillo que costaron 254,6 millones de bolívares. Para la industria de harina de maíz precocida, importó 350.000 toneladas de maíz blanco por las que se pagaron 339,91 millones de bolívares. El año pasado CASA suministró tanto arroz como maíz a las agroindustrias privadas. La lista de importaciones también incluye 253.000 toneladas de pollo por un valor de 1,27 millardos de bolívares, 44.500 toneladas de pastas de trigo por las que se pagaron 138,14 millones de bolívares, 17.000 toneladas de margarina untable valoradas en 95,8 millones de bolívares, 14.000 toneladas de salchichas por 60,78 millones de bolívares, 23.000 toneladas de caraotas negras por 57,56 millones de bolívares, además de 1.000 toneladas de atún (18,7 millones de bolívares) y 7.049 toneladas de pernil valoradas en 75,84 millones de bolívares. En el caso de las compras nacionales el mayor volumen fue de 185.460 toneladas de arroz por las que se desembolsaron 252,81 millones de bolívares, 162.000 toneladas de harina precocida por 153,51 millones de bolívares, 76.500 toneladas de pastas alimenticias por 115,99 millones de bolívares y 76.323 toneladas de azúcar por las que se pagaron a proveedores locales 98,72 millones de bolívares. Además, de aceite adquirieron 56.420 toneladas, 1.000 de caraotas, 26.400 de harina de trigo y 6.950 toneladas de pollo.

miércoles, marzo 02, 2011

Decae el emporio agropecuario del Sur del Lago de Maracaibo



Los comercios registran menos ventas y los productores temen caída en los rubros plátano, palma, leche y carne. La militarización de la zona no ha reducido la inseguridad.

KATIUSKA HERNÁNDEZ

La pujante producción de carne, leche, palma aceitera y plátano del Sur del Lago de Maracaibo, comienza a decaer. A las lluvias, que dañaron gran parte de la cosecha y causaron la muerte de animales, se ha sumado la toma de fincas cuyas actividades son clave para la economía agropecuaria de la zona.

"La decisión arbitraria del Gobierno de tomar fincas en plena producción y confiscar lo que se produce ha traído más desinversión y desánimo en la comunidad. Hasta los comercios reportan caídas de las ventas porque los ganaderos, que eran sus principales clientes, han dejado de comprar insumos por temor a que les pase lo mismo que a los productores, que le quitaron las haciendas", manifiesta el diputado de la Mesa de la Unidad, Juan Romero.

El ministro de Agricultura y Tierras, Juan Carlos Loyo, admitió en la Asamblea Nacional que se cuantificaron 500 millones de bolívares en daños en la vialidad de los municipios del Sur del Lago de Maracaibo, debido a las inundaciones y lluvias del año pasado. Agregó que se perdieron 14.000 hectáreas sembradas de plátano, palma aceitera y algunas de cacao, además de la muerte de aproximadamente 12.000 animales entre reses y otras especies.

Menos producción
Con la excusa de la emergencia causada por las lluvias, el Gobierno decretó el rescate de 47 fincas en el Sur del Lago el 17 de diciembre de 2010, posteriormente se agregó a la lista otra para un total de 28. Hasta la fecha 18 haciendas han sido devueltas a sus propietarios, pero sin ningún documento que certifique la derogatoria de la intervención. Las 26 que siguen militarizadas registran caídas en la producción y deterioro de las plantaciones.

En la hacienda La Chapala, de la familia Newman, la producción fue totalmente confiscada.

Sus dueños no tienen acceso ni a la casa ni a las cuentas por las ventas de carne y leche, que ahora administra el Gobierno.

En la hacienda Bolívar, de la familia Brillembourg, los militares custodian la entrada. Sólo permiten el ingreso a personal de la Fuerza Armada y del INTI. Esta finca tenía 12.500 reses antes de las lluvias y producía 7.000 litros de leche al día. Por las inundaciones se redujo a 5.000 litros diarios y el rebaño pasó a 8.500. Entre enero y febrero la producción láctea descendió a menos de 1.600 litros por día, y se han sacado sin autorización más de 400 reses.

En la hacienda La Palmita, el Ejecutivo prohibió la venta de 60 reses que estaban listas para el matadero e intentaron confiscar la leche.

En la finca El Milagro, dedicada a la producción de palma aceitera, una parte de las plantaciones, alrededor de 80 hectáreas, tiene plagas por falta de mantenimiento. Al igual que en Olla Grande, considerada una finca modelo para la producción de plátano en América Latina. En esta finca encontraron la plaga sigatoka, que daña el follaje y reduce la productividad.

Sigue la inseguridad
La creación del Distrito Militar del Sur del Lago ha traído incomodidad a la población.

Las pocas vías principales de Santa Bárbara se congestionan por la cantidad de alcabalas instaladas.

Pese a la gran presencia de militares, los productores agropecuarios señalan que no se ha reducido la inseguridad en la zona, al contrario, en plena activación del Distrito Militar, más de 20 hombres armados secuestraron al ganadero Ildemaro Boscán, cuando llegaba a su fundo La Muñeca, a pocos minutos de la población de Santa Bárbara.

Rubén Darío Barboza, productor agropecuario, refiere que no entiende cuál es la garantía de seguridad si continúan los secuestros. "Además con medidas como las de intervención de fincas es imposible, lograr el milagro agrícola socialista que pregona el Gobierno".

Obligan a productores a colocar la producción en empresas del Estado

AGRO "Si me quitan la hacienda es como si me quitaran la vida"

Reinaldo Celis, propietario de La Palmita, tiene más de dos meses sin vender ganado por la intervención

Katiuska Hernández
(publicado en el diario El Nacional el domingo 27 de febrero de 2011)
Las intervenciones de fincas en el Sur del Lago de Maracaibo, que abarca municipios de los estados Táchira, Mérida, Trujillo y Zulia, trajo mayor incertidumbre y preocupación al sector ganadero y agrícola de la región, que padece desde hace años los problemas de inseguridad por los secuestros.

La medida del Instituto Nacional de Tierras se aplicó el 17 de diciembre del año pasado contra 47 fincas, con el alegato de que se necesitaban para atender la emergencia causada por las lluvias. Hasta ahora unas 18 haciendas han sido devueltas a sus propietarios, pero no se ha derogado la resolución de intervención de estas tierras.

Los productores sostienen que el Gobierno ha dado una especie de propiedad condicionada, en la que les da derecho a ocupar las haciendas pero se les niega la libertad de vender, producir y trabajar normalmente. Están obligados a colocar toda la producción en empresas agroalimentarias socialistas. Mientras tanto, los ganaderos que tienen las fincas militarizadas están a la espera de que el Ejecutivo defina si pagará las bienhechurías o devolverá la propiedad. Hasta ahora unas siete fincas han demandado ante tribunales agrarios la nulidad de la medida de rescate del INTI y han solicitado que se suspenda la medida de aseguramiento que les impide disponer de la producción y los bienes. Algunas de las que padecen esta situación son las haciendas Bolívar; El Peonio; Olla Grande; Santa Rita, La Rosa; El Milagro, en Zulia, y La Palmita, en Mérida.

Acuerdo a medias. La decisión del Gobierno de devolver las fincas no ha sido transparente y los productores sostienen que mientras no exista una resolución en la que el INTI apruebe la derogatoria de la acción administrativa sobre cada una de las tierras, el fantasma de la intervención seguirá pesando sobre las unidades de producción.

Julio Luzardo, dueño de Costa Verde, recibió la noticia de que su finca había sido devuelta.

Confirma que ya no hay presencia militar ni de funcionarios del INTI en el lugar, pero aún no cuenta con un documento legal que manifieste que el Estado deroga la medida de rescate.

Indica que en una reunión con el INTI, funcionarios del Gobierno propusieron la conformación de la Red de Productores Libres y Asociados.

Sin embargo, Luzardo no aceptó las condiciones. "No voy a ser productor asociado. Ellos querían que diera 20%, o más, de la producción al intercambio, como una especie de trueque. Eso no me quedó claro y no acepté. Para Rafael Urdaneta, propietario de Villa Olga, el Gobierno trata de engañar haciendo creer que reconoce la propiedad privada sobre las haciendas.

"No tenemos acceso a las guías para movilizar el ganado. El Gobierno dice que nos regresó la finca pero la realidad es que nos dejan como ocupantes de nuestras fincas y no como dueños, porque estamos a expensas de lo que decida el INTI. Se llevaron los militares pero no dejaron por escrito que nos devuelven la finca", manifestó Urdaneta.

Denunció que el Gobierno ofrece dinero a los productores agropecuarios para que prácticamente entreguen las fincas y la producción al Estado. "Esto está pasando porque nos quieren comprar la conciencia", dijo.

Para Urdaneta la propiedad privada en este momento en materia de tierras no existe.

Preso en su propia casa. A más de dos meses de la intervención y militarización de la zona, Reinaldo Celis, propietario de la hacienda La Palmita (485 hectáreas), ubicada en el municipio Andrés Bello, del estado Mérida, sigue con las manos atadas.

Celis sostiene que el Gobierno le impide continuar con las actividades normales como la venta de ganado a los mataderos y el arrime de la leche a empresas lácteas con la garantía de pago. "No hemos podido vender el ganado; y la leche ha sido decomisada a los productores intervenidos en el estado Mérida". Tradicionalmente La Palmita despachaba la leche a Lácteos Los Andes, pero ahora el Gobierno no le ha dado garantía de pago y Celis optó por dar el producto a la comunidad.

"Considero que mi caso fue una equivocación, porque quitarme La Palmita es quitarme la vida, yo doy la vida por esta finca. Estoy viviendo ya más de dos meses con tensión y todas las noches tengo pesadillas, cuando me asomo y veo los militares siento como si estuviera preso", relató Celis.

Aclaró que han establecido una convivencia de respeto con los efectivos militares porque la finca no sólo es el lugar de trabajo, sino también la vivienda principal que comparte con empleados.

Sostuvo que la labor de productor agropecuario es muy difícil, y en su caso lo han intentado secuestrar cuatro veces. "Uno sacrifica la vida por este trabajo. Nos preguntamos si tener improductiva la tierra es un delito, al parecer también lo es tenerla productiva", señaló Celis, que también es presidente de la Asociación de Ganaderos del municipio Alberto Adriani.

Despojo andino. Para la familia Newman la medida de rescate contra la finca de su propiedad La Chapala (578 hectáreas) llegó como otra nefasta noticia.

La producción agropecuaria les ha dado muchas alegrías pero también tristezas e incertidumbre, porque han sufrido varios secuestros de seres queridos.

José Albino Newman Briceño, de 82 años de edad, manifiesta que luego de la intervención de la hacienda por parte del Gobierno le negaron el acceso a la propiedad y le han confiscado la producción de carne y leche.

"Me da mucho sentimiento, porque han sido 56 años de mi vida trabajando en la finca, hasta perdí un dedo. Todo el sacrificio que he hecho y mis recuerdos están en esa hacienda", relató Newman, que señaló que llegaron a producir 1.500 litros de leche al día. No obstante, al desarrollar la ganadería de ceba para carne, el ordeño se estabilizó entre 900 y 1.000 litros diarios.

Los propietarios de La Chapala esperan que el Gobierno aclare la situación. "Estamos dispuestos a negociar con el Gobierno, si ellos quieren comprarla se la vendemos, y si nos la quieren devolver la recibiremos con gusto para continuar produciendo, que es lo único que sabemos hacer".

En la Hacienda Bolívar de la familia Brillembourg, la presencia militar es constante. Los propietarios no han tenido acceso a la finca y la producción de carne de alta calidad y de leche está confiscada. Antes de las lluvias en esa unidad había más de 12.500 reses y se producían 7.000 litros de leche al día. Esto bajó a 5.000 litros luego de las inundaciones y el rebaño pasó a 8.500 reses. Entre enero y febrero la producción láctea cayó a menos de 1.600 litros por día.

sábado, febrero 05, 2011

En ocho años de regulación los precios de los alimentos han subido 663%


EL NACIONAL - Sábado 05 de Febrero de 2011 Ciudadanos/1

Ciudadanos

MERCADOS Y CONSUMO En ocho años de regulación los precios de los alimentos han subido 663%
Los consumidores reconocen que los controles acentúan la escasez

51,3% de los encuestados por Datanálisis afirma que hay fallas en el abastecimiento de alimentos

KATIUSKA HERNÁNDEZ
LUZANGELLY MEDINA
khernandez@el-nacional.com
Lmedina@el-nacional.com





La escasez de productos de la cesta alimentaria se ha vuelto crónica en el país. En enero, los anaqueles de los supermercados reportaron fallas en el inventario de leche en polvo, carne de res de primera, aceites comestibles, café, azúcar y margarina. Además de la ausencia de algunos alimentos, los consumidores sufren la falta de marcas de toallas sanitarias, pañales, champú, crema dental, enjuague bucal, papel higiénico y servilletas, entre otros productos de cuidado personal.

Un estudio realizado por Datanálisis entre 800 personas revela que 51,3% de los entrevistados afirma que la situación de abastecimiento de alimentos en los lugares donde realizan normalmente las compras para su hogar es negativa. La medición, que se realiza desde agosto de 2007, reporta picos de escasez de productos.

En febrero de 2008, 76,6% de los entrevistados sostuvo que el abastecimiento de productos era negativo, en septiembre de ese mismo año el porcentaje bajó a 61,2. En julio de 2009 se ubicó en 59,5% y en marzo de 2010 en 68,2%.

Se advierte que a causa de la devaluación, la falta de productos que dependen de insumos importados, que antes se pagaban a la tasa cambiaria de 2,60 bolívares y ahora se compran en el exterior a 4,30 bolívares, podría acentuarse.

Además, hay un rezago entre los costos reales de producción y los precios regulados. El kilo de carne de res cuesta 17,60 bolívares desde agosto de 2008.

Los ganaderos sostienen que los costos se han elevado y que la producción nacional no es rentable y, en lugar de ajustar los precios, el Gobierno ha optado por importar, pero la devaluación también pone en riesgo el abastecimiento del producto traído de Brasil y Argentina.

En el caso las pastas de trigo, el último aumento se produjo en mayo de 2009. Las agroindustrias reportan en 21 meses de precios congelados pérdidas por el alza de la materia prima internacional, mano de obra, costos de producción, inflación interna y el efecto de dos devaluaciones.

Los aceites comestibles de maíz, mezcla y girasol tienen 20 meses sin aumentos. En junio de 2009 el Gobierno decidió bajarlos y, ahora, se registran altos costos de producción por el encarecimiento de la materia prima, salarios y otros componentes.

El control de precios fue aprobado el 6 de febrero de 2003 y publicado en Gaceta Oficial el 11 de ese mismo mes. En 8 años de aplicación, la inflación no se ha frenado. El índice nacional de precios al consumidor registró una aceleración de 376% entre febrero de 2003 y diciembre de 2010, y los alimentos y bebidas no alcohólicas se incrementaron 663%. En ese período además, los salarios subieron 544% y los aumentos de precios en los rubros regulados no compensan los altos costos de producción.

A favor y en contra. La percepción de los consumidores, en general, es que el control de precios no ha logrado abaratar el mercado. José Hernandez, consumidor de Abastos Bicentenario, sostiene que la regulación causa escasez. "El precio de los alimentos está regulado, pero es difícil conseguir los productos. No hay harina de trigo, ni aceite, ni mayonesa. Muchos comerciantes informales aprovechan la ausencia de estos productos para venderlos al doble de su precio".

Para Marta Medina el control de precios es una utopía.

"Nadie cumple la regulación, muchos productos de cuidado personal y limpieza del hogar suben cada 3 meses al igual que algunos alimentos. Deberían regular todos los productos, no sólo los básicos. ¿De qué sirve un aumento anual de salarios si cada mes todo sube?". Nicole Rojas, consumidora del Central Madeirense, no opina lo mismo. Cree que el control de precios es una medida perversa: los empresarios no invierten y pierden con la producción de alimentos regulados y mientras se encarecen los productos excluidos. "Prefiero que liberen los precios para que exista una mayor variedad y competencia", destacó Rojas, quien criticó que mientras a los empresarios los sancionan por violar la regulación, a los buhoneros no se les aplica la ley.

Hugo Gómez, consumidor del Abasto Bicentenario, explicó que está de acuerdo con el control de precios porque de otra forma el dinero no le alcanzaría. "Se debería regular todos los productos como los pañales, que cada día están más caros".

Para Francisco Piquer el control de precios genera nerviosismo en los consumidores y agrava el desabastecimiento de productos. "No ayuda a bajar la inflación, ya no hay producción nacional, todo se está importando y escasea. Esta semana no conseguí mayonesa y el otro problema es que ante la desabastecimiento algunas personas compran cantidades exageradas de productos para prevenir y se empeora la situación".