miércoles, octubre 03, 2012

A dos años de la expropiación de Agropatria


Gobierno admite que reducción de precios desequilibró Agropatria


“Si en 2011 hubo alguna dificultad fue por asumir un subsidio a los agroquímicos”, dijo Yván Gil

El holding de empresas que constituía Agroisleña fue expropiado el 3 de octubre de 2010 y desde que su administración pasó a manos del Gobierno ha presentado severos problemas de flujo de caja. En un documento se indica que la empresa, que pasó a llamarse Agropatria, cerró 2011 con pérdidas por el orden de lo 184,7 millones de bolívares, lo que propició que el Ejecutivo le inyectara 300 millones de dólares para reflotarla debido a que no había recursos para pagarles a los empleados ni para comprar insumos y agroquímicos.
La situación financiera generó cambios internos en la gestión que presidía Riblia Rodríguez hasta noviembre de 2011. Fue sustituida por Yván Gil, quien niega que haya habido pérdidas, y aclara que en los últimos 10 meses la compañía ha dado ganancias y hasta ha hecho aportes de 1,4 millones de bolívares al Fondo de Eficiencia Socialista.
“Llevamos una administración efectiva para lograr números azules este año. Si en 2011 hubo alguna dificultad fue por asumir un subsidio a los agroquímicos por un precio por debajo de la media del mercado capitalista, además de los costos operativos. Eso motivó algunas restricciones financieras que pudieron impactar las rentabilidad de la empresa, pero nosotros no somos una empresa capitalista, seguimos funcionando y hasta generando dividendos”, afirmó Gil, cuando fue consultado sobre las finanzas de Agropatria, en el Tercer Encuentro Somos de Maíz realizado en el parque Los Caobos.
Informó que hasta el mes de agosto la empresa logró ventas por el orden de los 1,3 millardos de bolívares en insumos y agroquímicos, y esperan cerrar el año con cerca de 2 millardos de bolívares comercializados.
Sin pago. A dos años de la medida, el Gobierno no ha finiquitado el pago de la empresa ni de las filiales que operaban como compañías independientes. Tampoco ha llegado a un acuerdo con los propietarios de la que fue la principal proveedora privada de insumos al sector agrícola.
Agroisleña, cuyo principal accionista es un consorcio español llamado Agroinsumos Iberoamericanos, estaba constituida por otras empresas y plantas de producción, entre ellas Insecticidas Internacionales, C.A., Inica, Semillas Híbridas de Venezuela, C.A., Sehiveca, Proyefa, C.A., Venezolana de Riego, C.A. Verica, Operador Logístico Agrícola, C.A., Olaca, Serviform, C.A., Syntec, C.A., Servigranos y ocho silos de almacenaje.
El consorcio español denunció el caso ante las autoridades de ese país, como el Congreso y la Cancillería, para que mediaran con el Gobierno venezolano y lograr revertir la medida. Hasta el momento no ha habido ningún resultado. Incluso se habló de una alianza para formar una empresa mixta, que luego fue desmentida por el Ejecutivo.
El vicepresidente ejecutivo, Elías Jaua, que también es ministro de Agricultura y Tierras, está a cargo de las negociaciones. “Las conversaciones siguen para llegar a un acuerdo de pago”, informó el viceministro de Agricultura y presidente de Agropatria, Yván Gil. Reconoció que no es fácil la negociación, pues no se trata de una sola empresa sino de un conglomerado muy grande.
El Gobierno asumió el mercado de exportaciones que tenía Agroisleña y recientemente envió agroquímicos y fertilizantes a Uruguay. Sin embargo, se critica que la producción interna ha bajado y los insumos en su mayoría son importados.

Trabajadores descontentos. “No es ni la sombra de lo que era antes de la expropiación”, expresó Melvin Alvarado, secretario de organización de Proyefa, filial del grupo Agropatria.
La planta, en la cual se elaboran los herbicidas, opera a 40% de su capacidad. “No se está produciendo a 100% como era antes, cuando estaba en manos del sector privado”, dijo.
Igual situación ocurre en el resto de las filiales de Agropatria, como es el caso de Inica y Serviform. En esas fábricas la capacidad productiva no supera 50%. Alvarado explicó que la caída en la producción se debe a la falta de insumos y materia prima.
“Ellos (el Gobierno) alegan que todavía están saldando las deudas atrasadas que dejaron los anteriores propietarios con los proveedores y que por eso no han despachado materiales”, agregó.

Indicó que la gerencia prometió que este mes se normalizaría la situación, con la llegada de materia prima. Alvarado critica que en septiembre fue cuando Agropatria comenzó a operar como administrador porque en dos años la facturación y todos los documentos continuaban saliendo bajo la figura de Agroisleña.
José Leje, secretario de acta del sindicato de Serviform, Agropatria La Victoria, recordó que cuando la empresa fue expropiada la empresa prometió que los obreros y trabajadores tendrían mayor participación en la administración. Hasta ahora se han creado comités de contraloría y de producción para informar sobre todos los movimientos que se hacen en la empresa. “Se trata de vigilar la producción y verificar en qué se están gastando los reales de la venta de insumos”.
En el caso de las mejoras laborales señaló que este año se firmaron algunas cláusulas, con la condición de empezar en enero de 2013 la discusión del contrato colectivo de todos los trabajadores del grupo Agropatria. “En septiembre se retrasaron los pagos, pero ya se arregló. Era un problema técnico con la plataforma del banco”, dijo Leje.
“Nos preocupa la productividad, y el Gobierno dice que ha cuadriplicado las ventas, entonces se está generando dinero y por eso exigimos que se cumpla el pago del salario porque eso es intocable”, indicó.

Sobreprecio y falta de insumos en Táchira

Luis Hernández Guanipa, presidente de la Asociación de Ganaderos del Táchira, señaló que en la entidad los productores no consiguen fertilizantes, fungicidas, semillas y agroquímicos para abonar la tierra y mucho menos los créditos y asesoramiento que antes otorgaba Agroisleña.
“En estos dos años, a raíz del cierre de Agroisleña y su transformación en Agropatria, violando todos los derechos constitucionales establecidos en la carta magna, la producción se ha venido a pique”, expresó.
“Lo que se está dando a través de Agropatria es en cantidades ínfimas, tanto así que hay productores que prefieren no sembrar porque no cuentan con las semillas y los insumos necesarios. Es un riesgo trabajar en esas condiciones”, agregó.
A la asociación que agrupa a los productores agropecuarios del Táchira han llegado denuncias sobre la ruta de comercialización de los insumos utilizados en la producción del campo a través de Agropatria. “Fuera de las oficinas algunos productos se consiguen y se comercializan a precios superiores”, señaló.
En La Grita, los productores llaman a la tienda “Agroestante” porque en los almacenes sólo hay anaqueles vacíos.

domingo, setiembre 16, 2012

Entrevista al presidente de Agropatria (ultima información hasta ahora sobre el tema)

EL NACIONAL - SÁBADO 15 DE SEPTIEMBRE DE 2012ECONOMÍA/7

Economía

ENTREVISTA Yván Gil afirma que nuevo precio del café se ajusta a los costos
"Finanzas de Agropatria están perfectas y ha habido ganancias"El viceministro de agricultura asegura que este año aumentará la producción de maíz
KATIUSKA HERNÁNDEZ 
khernandez@el-nacional.com


A menos de un mes para que se cumplan dos años de la expropiación de Agroisleña, Yván Gil, presidente de Agropatria y viceministro de Agricultura, afirma que la empresa comienza a dar sus frutos y afirma que hasta han dado ganancias y aportes al fondo de eficiencia socialista.
Indicó que aún no se ha pagado por completo los 300 millones de dólares entregados por el Ejecutivo para financiar la empresa. "Eso forma parte de un cronograma de pago que se está cumpliendo", aseguró.
¿Cómo va el proceso de exportación de insumos? ­Se inició con la venta de 56.000 litros de glifosato a Uruguay, que son parte de las exportaciones que estamos haciendo también para otros países como Cuba. A diferencia de lo que hacía Agroisleña, que exportaba a otros países, nosotros estamos entrando de lleno al mercado de compra de insumos agrícolas más grande del mundo, que es el Mercosur.
¿Por qué exportar si los productores denuncian fallas de insumos en el país? ­A las pruebas me remito. Los precios de las hortalizas han caído, entonces ¿por qué los que critican no se preguntan con qué insumos se produjeron todas esas hortalizas que han hecho que los precios bajen? También tenemos buena siembra de cereales y en este momento estamos suministrando al mercado 70% de los agroquímicos y semillas. Con Pequiven logramos distribuir 80% del fertilizante que se usa en el país, no hay escasez.
A comienzos del año el Gobierno entregó 300 millones de dólares para financiar Agropatria. ¿Ya se pagaron? ­Eso forma parte de un cronograma de pago que se está cumpliendo. El pago depende de cómo se ha hecho el desembolso para la compra de materia prima.
¿Cómo está el desempeño financiero de Agropatria? ­Agropatria tiene finanzas perfectas y se han hecho aportes al Gobierno. Hace unos meses se entregaron, por concepto de ganancias, 1.400.000 bolívares al Fondo de Eficiencia Socialista. Y ya la empresa comienza a dar sus frutos, aunque siempre ha estado bien.
Denuncian el cierre de tiendas, por ejemplo en Turén.
Eso es otra mentira más. Esa tienda en Turén no se ha cerrado. Lo que sucede es que estamos instalando un nuevo sistema de facturación y se montó primero en la tienda que tiene sede en la empresa socialista Pedro Camejo, en Portuguesa, y mientras se instala, operará allí, pero nunca se ha cerrado.
¿Por qué Agropatria facturaba con el nombre de Agroisleña? ­Todo eso es parte del proceso de transición en el que ha estado la empresa hacia la nueva socialista.
¿Cómo va el proceso de negociación con los dueños de Agroisleña? ­No está previsto una empresa mixta, pero el Gobierno está en conversaciones para pagar.
En octubre se cumplen 2 años de la expropiación de Agroisleña ­Hemos tenido una gestión positiva: Agroisleña tenía una cartera de clientes de 87.000, mientras que Agropatria atiende a 400.000, hemos multiplicado por 5 la atención.
También se aumentó 20% la distribución de insumos con menores precios, lo que genera mayor demanda. En la mayoría de los rubros estamos vendiendo 40% por debajo del mercado privado y en algunos estamos 60% por debajo.
Balance agrícola ­¿Se denuncia que el Gobierno importa 600.000 quintales de café? ­Eso es totalmente falso. Tenemos contabilizada la producción. La Corporación Venezolana del Café compró, entre 2010 y 2012, más de 2 millones de quintales de café, lo cual está en los balances de la empresa. También las pequeñas y medianas torrefactoras han comprado entre 300.000 y 350.000 quintales de café y es perfectamente auditable esa cifra. En algún momento nos vimos en la necesidad de importar cantidades de café, pero ha sido entre 15% y 20% del total del consumo y eso en épocas en las que las lluvias dañaron la cosecha nacional.
Pero este año será una buena cosecha y esperamos no tener necesidades de importar café.
Los productores rechazan el aumento de precios del café y dicen que es insuficiente, pedían 2.200.
Ese costo que se fijó esta semana es producto de un análisis que se hizo con los propios caficultores. Desde marzo de este año y por dos meses la Corporación Venezolana del Café realizó asambleas con los productores y calcularon que los precios estaban en el monto de 1.600 bolívares fijado por el Gobierno. Siempre hay sectores que quieren más, pero este precio se ajusta a los costos de producción.
¿Subirá el precio del café molido al consumidor? ­No se justifica el aumento porque apenas está saliendo la cosecha. Se evaluará después.
¿Cuál es el balance de la cosecha de arroz y maíz hasta ahora? ­Las expectativas son bastante positivas. En arroz arrancó la cosecha a mediados de agosto y en maíz se inició esta semana. Aspiramos un cumplimiento de la meta, aunque en Guárico se retrasó la siembra por las lluvias. Hay más de 200.000 hectáreas sembradas en Portuguesa y podemos hablar de un rendimiento húmedo de más de 5 toneladas por hectárea. Se espera cosechar 900.000 toneladas entre maíz blanco, el 60% y el resto amarillo en esa región. Este año con toda seguridad crecerá entre 20% y 30% la producción de maíz con respecto al año pasado.

Investigación sobre Agropatria (3ra entrega)

EL NACIONAL - VIERNES 25 DE MAYO DE 2012ECONOMÍA/6

Economía

AGRO Seis funcionarios están en la junta desde 2009
Directiva de Ecisa se mantiene pese a las fallas de AgropatriaEl equipo que acompañó a Riblia Rodríguez en la gestión de la red oficial no se ha modificado
DAVID GONZÁLEZ FABIOLA ZERPA 
dgonzalez@el-nacional.com fzerpa@el-nacional.com


Riblia Rodríguez fue durante 15 meses presidenta de dos compañías estratégicas del Ministerio de Agricultura y Tierras: Agropatria y la Empresa Comercializadora de Insumos y Servicios Agrícolas (Ecisa). Luego de su renuncia en diciembre pasado, fue sustituida en ambas posiciones por Yván Gil, viceministro de Circuitos Agroproductivos y Agroalimentarios. El cambio, sin embargo, no representó una modificación de fondo en la nómina de funcionarios que manejan las dos instituciones, hoy en el ojo del huracán.
Actas oficiales indican que Gil ha sido miembro principal de la junta directiva de Ecisa desde el 17 de agosto de 2009.
Fue nombrado en la misma asamblea en la cual se designaron otras tres figuras que aún se mantienen en los principales puestos del directorio: el ex ministro Richard Canán, Maribel Zambrano y Amílcar Carvajal, hombre que fue procesado y después exculpado por utilizar un arma de fuego en El Silencio en los sucesos del 11 de abril de 2002.
Ecisa fue la compañía pública que absorbió a Agroisleña después de que el Gobierno la expropió en octubre de 2010 y la rebautizó como Agropatria. La fusión de la gestión comercial y operativa de ambas fue descrita en la Memoria y Cuenta del Ministerio de Agricultura y Tierras de 2011. La primera administraba una red de 44 agrotiendas socialistas y la segunda, que era líder en el sector privado, otros 64 establecimientos. La suma de ambos permitió atender a 65.000 productores en 2011, 15.000 menos que en 2007 cuando el Estado tenía nada más 16 puntos de venta, así lo señala el documento oficial que contradice las declaraciones según las cuales la gestión combinada benefició a 400.000 personas.
Rodríguez hizo una carrera de seis años en los altos cargos de la Corporación Venezolana Agraria, hoy sustituida por la Corporación Venezolana de Alimentos. Alcanzó la presidencia de esa institución desde la cual se autonombró responsable de la filial Ecisa en noviembre de 2008.
En la asamblea de agosto de 2009, Juan José Rojas, que entonces la había relevado como primera autoridad de la CVA, la ratificó como presidenta de la junta directiva de Ecisa.
Rodríguez desde entonces comenzó a trabajar con Gil, Canán, Zambrano y Carvajal.
Última reunión. El 7 de febrero la junta directiva se reunió para hacer una reforma estatutaria.
De esa fecha es la última acta de la compañía según se constató ayer. Gil, que ejerce como presidente encargado de Ecisa, entre otras posiciones, ha ocupado la presidencia del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias.
De los directivos de Ecisa, Canán, de 42 años de edad, es el que alcanzó posiciones de mayor nivel de gobierno: fue ministro de Comercio y también ocupó la presidencia de la corporación de alimentos.
Zambrano presidió la empresa CVA Leander Carnes y Pescados y ha estado en las directivas de otras compañías como CVA Lácteos. A Carvajal, que trabajó en la Dirección de Publicaciones de la Alcaldía de Libertador, se le reconoce como una persona cercana a Elías Jaua, vicepresidente y titular del Ministerio de Agricultura y Tierras.
Sin cambios. Los directores suplentes de Ecisa también han sido parte de los equipos directivos de otras empresas y entes del despacho de Agricultura. Uno de ellos es Daniel Perticarari, que fue presidente en 2009 del Complejo Azucarero Ezequiel Zamora, en Barinas. Antes de su gestión, ya el central era identificado como una gran decepción oficial: su inauguración se prometió para 2005, 2009, 2010 (en palabras de Perticarari) y 2011. Pero no fue sino hasta comienzos de 2012 cuando Juan Carlos Loyo, entonces ministro de Agricultura, anunció que empezaba a operar efectivamente.
Ricardo Fong fue presidente del Banco Agrícola y viceministro de Economía Agrícola. Gilberto Jiménez ha estado también como directivo suplente desde agosto de 2009.

Investigación 2da entrega (Agropatria)

EL NACIONAL - LUNES 21 DE MAYO DE 2012EMPRESAS Y NEGOCIOS/5

Empresas y Negocios

INDUSTRIAS Ecisa es la compañía pública que se encargó de la antigua Agroisleña
Empresa que absorbió Agropatria fue investigada por la ContraloríaDocumentos oficiales señalan que el Gobierno carece de un sistema para controlar ventas de agroinsumos
DAVID GONZÁLEZ FABIOLA ZERPA 
dgonzalez@el-nacional.com fzerpa@el-nacional.com


Ecisa (Empresa Comercializadora de Insumos Agrícolas) fue la compañía gubernamental que absorbió en octubre de 2010 a la expropiada Agroisleña, para ese momento el mayor fabricante, importador y distribuidor de productos para el sector agropecuario de Venezuela.
El consorcio estatizado, que tenía medio siglo de operaciones en el país, fue rebautizado por el Gobierno con el nombre de Agropatria y entregado a una institución gubernamental que no sólo había sido sometida al escrutinio de la Contraloría General de la República, sino que también tiene problemas de gestión administrativa, de acuerdo con documentos oficiales.
En la Memoria y Cuenta del Ministerio de Agricultura y Tierras de 2011 se admite que Ecisa presenta una dificultad básica. "La principal limitación de la acción centralizada es la falta de un sistema administrativo óptimo e integrado, que permita la obtención de información oportuna en cuanto a ingresos por ventas, inventarios y cuentas por cobrar, entre otras".
En el documento se alude a que Agropatria y Ecisa se fusionaron en una sola gestión operativa y comercial.
Ecisa fue creada en 2005 y está adscrita a la Corporación Venezolana Agraria, hoy sustituida por la Corporación Venezolana de Alimentos. El rendimiento de la compañía pública está sometido a examen debido a los informes oficiales que señalan que no pudo manejar adecuadamente las operaciones de la antigua Agroisleña, una cadena que en manos privadas era líder en suministros para el campo y que en 20 meses en manos estatales redujo su efectividad.
Ecisa fue empleada desde su creación para la compra y distribución de insumos agrícolas.
Su plan bandera fue establecer la red de "agrotiendas socialistas" para vender productos a bajos precios a pequeños y medianos productores. En 6 años, se crearon 44 establecimientos y sólo en 2011 dispuso de 160 millones de dólares para importaciones.
La Memoria y Cuenta indica que en 2011 la suma de las 44 agrotiendas más los 64 comercios de Agropatria atendieron cerca de 65.000 productores, 15.000 menos que en 2007. El dato contradice versiones oficiales según las cuales la fusión de ambas cadenas permitió beneficiar a más de 400.000 personas el año pasado.
Entre los años 2006 y 2007, la Contraloría elaboró un informe sobre Ecisa en el que destacó una conclusión. "Se evidenciaron situaciones que no se ajustan a la normativa y contrarias a principios que rigen la administración pública".
En el inventario de deficiencias se apunta, por ejemplo, que la unidad de auditoría interna ­encargada de velar por el correcto manejo de los recursos­ estaba adscrita a la presidencia de la empresa y no a la junta directiva, máxima autoridad jerárquica.
Se mencionaba además que la compañía no remitía periódicamente sus informes de gestión y financieros a instancias de control como la Oficina Nacional de Presupuesto y las comisiones de Finanzas y Contraloría de la Asamblea Nacional. Igualmente refería que la institución no tenía manuales para hacer modificaciones presupuestarias ni para asignar las funciones del personal, lo que comprometía su capacidad de manejar los dineros públicos. Según se desprende de reportes ministeriales más recientes, Ecisa atendió asuntos sobre los que la Contraloría le llamó la atención: uno de ellos fue cambiar el nivel de adscripción de la contraloría interna para hacerla depender de la junta directiva.

Agropatria: La investigación en El Nacional

EL NACIONAL - DOMINGO 20 DE MAYO DE 2012SIETE DÍAS/1

Siete Días

Ella presidió AgropatriaRiblia Rodríguez comenzó a los 30 años de edad una carrera meteórica que la llevó a ser una de las funcionarias más poderosas de la burocracia agrícola. Su paso por el Ministerio de Agricultura y Tierras dejó secuelas que se sienten en el campo
DAVID GONZÁLEZ DGONZALEZ@EL-NACIONAL.COM FABIOLA ZERPA FZERPA@EL-NACIONAL.COM



a mujer retratada en la fotografía tiene 36 años de edad, pero su juventud no le impidió convertirse en una de las funcionarias más poderosas del Ministerio de Agricultura y Tierras. Manejó presupuestos millonarios, firmó contratos internacionales, decidió sobre importaciones, designó juntas directivas y removió comisiones de contratación. Nada le fue ajeno.
Un ascenso meteórico dentro de la burocracia gubernamental la llevó a cargos de conducción de empresas estratégicas, lo que pocas personas de su generación han logrado en los 13 años de gobierno del presidente Hugo Chávez.
Separada hoy de la función pública, evita cualquier exposición ante los medios. La discreción, sin embargo, no matiza las secuelas que dejó su paso por la administración del Estado. Su nombre es ignorado por muchos, pero muy recordado por otros: Riblia Rodríguez.
Antes de presentar la renuncia en diciembre pasado, fue la responsable de gerenciar durante 15 meses la mayor red de importación, fabricación y distribución de insumos agrícolas del país. La estructura contó en 2011 con recursos de 472 millones de dólares y una red de 108 tiendas, 64 de las cuales formaban parte de Agroisleña, grupo expropiado en octubre de 2010 y rebautizado con un nombre que hoy genera desazón: Agropatria.
La cadena quedó, al término de su gestión, necesitada de un auxilio financiero de 330 millones de dólares para la compra de productos, lo que confirmó el estado de deterioro de una empresa que, en manos privadas, se había consolidado como un proveedor seguro del campo en 50 años de operaciones. El presidente Chávez aprobó en enero los recursos a regañadientes sin dejar de advertirle a Yván Gil, sucesor de Rodríguez, que debía devolver "hasta el último dólar".
La más reciente Memoria y Cuenta del Ministerio de Agricultura y Tierras contradijo los reportes oficiales según los cuales la estatización de la empresa había permitido responder la demanda de 400.000 productores agropecuarios en 2011. De acuerdo con

fusión entre las "gestiones comerciales y operativas" de ambas es descrita en la Memoria y Cuenta del Ministerio de Agricultura y Tierras de 2011. Los resultados dieron la razón a quienes anticipaban que esa estrategia no era la más inteligente. En el blog Las Líneas de Chávez, una seguidora del mandatario que se identificó como María, del estado Lara, respondió a un artículo titulado "Agropatria" así: "Mientras Ecisa continúe bajo la gerencia de los actuales directivos, todo intento de apropiación de recursos para la agroindustria caerá en saco roto". Un informe de la organización no gubernamental Innova también advirtió en su momento sobre las dificultades que tendría el Ejecutivo para asimilar la empresa: "Es muy posible que no haya evaluado correctamente las dimensiones del problema que tiene que afrontar".
El bajo rendimiento de las agrotiendas socialistas representaba una pista. Bajo la tutela de Rodríguez, la cadena gubernamental duplicó el número de establecimientos hasta alcanzar 44 el año pasado.
Los reportes oficiales del ministerio presentan la cadena como un logro en sí mismo, pero también muestran un inventario de fallas. Se mencionan la carencia de sedes adecuadas, la ausencia de conexiones de Internet, las limitaciones de la flota de transporte y la baja disponibilidad de insumos dadas las trabas burocráticas para adquirirlos. Las ganancias obtenidas ­160 millones de dólares en 2011 por ejemplo­ no sirvieron para cambiar la faz de la red.
El ex gerente de una agrotienda socialista recuerda, por ejemplo, que debía visitar cibercafés para enviar correos electrónicos a la sede central: "No teníamos vehículos y había problemas logísticos. Recibíamos con frecuencia insumos que no necesitábamos en la zona donde estábamos". A pesar de ello, asegura que hasta 2007 la cadena funcionó mejor en comparación con lo que sucedió después: "Mi tienda tenía insumos, pero después la red comenzó a fallar. Al crecer se creó un monstruo". Nildia Avellaneda, ex trabajadora de Ecisa, publicó en Facebook un comentario que grafica la velocidad de los acontecimientos: "Llegamos en 2005 a tierra barquisimetana sin ninguna estructura administrativa y en menos de un año teníamos 13 tiendas". Rodríguez en 2009 defendió la importancia del proyecto: "Durante décadas los campesinos no podían comprar insumos por los precios elevados e inaccesibles".
Decisión cara.
Rodríguez apareció en el Aló, Presidente del 10 de octubre de 2010, apenas una semana después de la expropiación de Agroisleña, para anunciarle al país una buena nueva: la reducción de precios de los productos de la compañía expropiada. Las tarifas bajaron, en promedio, 40%. Recorrió estantes de la tienda de Cagua, en Aragua, y afirmó que se conservarían márgenes de ganancia que harían sustentable la operación. Lo que parecía una medida popular se transformó en un peso muerto. "Se comenzó a operar a pérdida y esa es una de las razones de la quiebra de Agropatria", revela una fuente gubernamental. El informante exculpa a Rodríguez por la decisión que, dice, se adoptó al más alto nivel.
La reducción de los precios estimuló un mercado de contrabando en todo el país. El 26 de abril fueron detenidos en Barinas dos coordinadores de Agropatria que supuestamente trasladaban insumos para ser comerciados ilegalmente.
El procedimiento del Servicio Bolivariano de Inteligencia confirma que existe una averiguación abierta sobre el desvío de los productos, muchos de los cuales terminan en Colombia según agricultores consultados. José Antonio Velásquez, un productor de Mérida, ha denunciado a gerentes involucrados en esas transacciones que, para muchos, contribuyeron a desmantelar la empresa.
En un Aló, Presidente de enero de 2011, Chávez presionó a Rodríguez: "Riblia, el plan de expansión de Agropatria necesito verlo pronto con programas, cronogramas, fechas y metas". La edición dominical se transmitió a propósito del lanzamiento de la Gran Misión Agrovenezuela. Documentos elaborados durante esa actividad reflejaron las quejas de los productores con respecto a la empresa expropiada. En una reunión celebrada en Táchira, el 12 de agosto de 2008, los agricultores informaron acerca de la necesidad de actualización de los inventarios, de la falta de insumos y de la venta a productores falsos. Críticas semejantes, de acuerdo con minutas oficiales, se presentaron en las reuniones efectuadas en Mérida y Aragua. En todos los casos los afectados pidieron la realización de "auditorías sociales" para evaluar la compañía.
Las memorias y cuenta del Ministerio de Agricultura y Tierras muestran un desplome sustancial en la cobertura: Agropatria y la cadena de agrotiendas socialistas sólo pudieron atender 190.000 hectáreas en 2011, 600.000 menos que en el año anterior..
Cuando se cumplió un año de la expropiación de Agropatria, Rodríguez presentó un balance en el que señaló lo contrario: que la cadena había tenido una cobertura de 745.000 hectáreas, lo que resumía el logro de la democratización del comercio de insumos. "Si este grupo de empresas no se hubiera nacionalizado, esas 745.000 hectáreas que llevamos atendidas hasta la fecha, en el contexto de la Gran Misión, no hubieran sido posibles o hubieran sido para la especulación y la usura". Tres meses después renunció y ahora prefiere, según sus allegados, no hablar de sus días en la administración pública. 

EL NACIONAL - DOMINGO 20 DE MAYO DE 2012SIETE DÍAS/3

Siete Días

Una red de almacenes vacíosEl efecto de la expropiación de la antigua Agroisleña se siente no sólo en el campo, donde los productores afirman que han dejado de sembrar.

El malestar también se ha expresado en el interior de un consorcio que no sale de la parálisis



FABIOLA ZERPA QUÍBOR 



l galpón de la tienda de Agropatria en Quíbor, estado Lara, luce inmenso. Unas pocas cajas medianas de productos agroquímicos ocupan el área central y otras están arrimadas a una pared. El almacén está prácticamente vacío, igual que el estacionamiento para los visitantes. Al mostrador, en la parte delantera, muy pocos se acercan para pedir mercancía. Unos llegan con aprensión y otros esperan tener suerte.

Para todos, la expropiación de Agroisleña, ejecutada por el Gobierno en octubre de 2010, no es un hecho del pasado, sino una realidad con la que no consiguen conciliar todavía.

La tienda no tiene mucho para ofrecer a los 2.000 productores de esta zona agrícola larense donde se cultivan 6.500 hectáreas de cebolla, pimentón y tomate que abastecen a todo el país, y se producen semillas. La ausencia de fertilizantes, fungicidas, úrea, desmalezadores, instrumentos de labranza y repuestos alienta la reventa ilegal, que encarece los costos y obliga a los más pequeños productores a desistir de la actividad.

"¿Qué voy a encontrar? Desde que expropiaron Agroisleña no hay ni Gramozon (herbicida) ni más nada. Soy chavista, pero las cosas hay que decirlas con su nombre: faltan insumos".

El desaliento de Félix Pérez, productor de cebolla, es tan pesado como el calor de esa tarde de mayo. Otro comprador se declara afortunado: "Hoy conseguí fungicida. Aproveché, porque no siempre es así".

Dos hombres preguntan si hay filtros de aire para tractores. El encargado señala hacia la esquina. "No. Puede que en la cooperativa". Algunos indican que su producción ha bajado. Un agricultor que prefiere mantener su nombre en reserva señala: "Tengo 50 hectáreas de cilantro y pimentón en El Tocuyo, pero sin insumos no puedo sembrar".

Réplica nacional. Quíbor es un espejo de la situación que se reporta en otras regiones del país.

En el pueblo larense los productores aún calculan cuánta superficie han dejado de sembrar. Según datos oficiales la cadena oficial atendió el año pasado 600.000 hectáreas menos que en 2010.

El ejemplo de Portuguesa es claro. Datos del ministerio y de los agricultores lo revelan. En 2005, los productores de maíz financiados por la empresa de la familia Fraga sumaban 38.000 hectáreas activas, que ese año produjeron 135.964 toneladas del rubro. En 2011, la producción cayó a cero: no fueron atendidos por Agropatria.

Controles. En la tienda de Agropatria de Quíbor hay un aviso escrito a mano. Se indica que a partir del 2 de mayo los requisitos para comprar exigían ser un productor del municipio Jiménez y además presentar cédula de identidad y una constancia del Instituto Nacional de Tierras. Otra notificación advierte que toda compra debe ser retirada el mismo día. Gabriel Izarra, piñicultor, se queja de discriminación. "No me venden porque soy de Barquisimeto.

Ahora me toca comprar Gramozon por ahí a 500 bolívares la garrafa de 5 litros, cuando el precio es de 125 bolívares".

Los cuerpos de seguridad hacen operativos para evitar que los productos de la antigua Agroisleña se comercialicen en otros establecimientos. Estas acciones enrarecen el ambiente en Quíbor. "Caen juntos la Guardia Nacional, el Seniat y la policía, de manera imprevista. Si encuentran algo, se lo llevan", dice Nerys Aranguren, de la comercializadora Moyetones. En el lugar es un secreto a voces que los trabajadores de Agropatria envían gandolas a fincas donde revenden los insumos con sobreprecio.

Auditoría en espera. Elías Jaua, ministro de Agricultura y Tierras, anunció que el 26 de marzo se realizaría una auditoría de insumos en todas las tiendas.

No se conocen resultados, pero puertas adentro los trabajadores quieren explicaciones, pues temen que debido a la inoperatividad de las 11 empresas del consorcio éstas sean cerradas.

Han pedido que se aclare el destino de los 330 millones de dólares que el Ejecutivo entregó a Yván Gil, el presidente de la empresa desde enero.

El malestar movió a los trabajadores de las 11 compañías ­Serviform, Inica, Proyefa, Syntec, Venezolana de Riego, Metal Zamora, Agropatria Planta Morón, Olaca, Sehiveca, Silos Araure y Servigranos­ a protestar. El 24 de marzo cerraron la vía principal de Cagua, donde está la sede de la compañía, como mecanismo de presión para que la gerencia reactive las plantas que ­aseguran­ se encuentran paralizadas entre 50% y 90%. En esas manifestaciones dijeron que sólo se produce 20% de los insumos y que el resto se importa. "Si esta situación sigue así, podemos perder nuestros empleos", dijo ese día Andrés Salazar de Olaca.

Tres semanas después un tribunal agrario de Aragua y Carabobo otorgó una medida de protección para evitar que eventuales conflictos paralicen las actividades, incluidas las protestas. La decisión acentuó el malestar entre los trabajadores, quienes la interpretaron como un intento de silenciarlos. "¿Será que le quedó grande Agropatria al Ministerio de Agricultura y Tierras?", se preguntó ante la prensa José Leje, de Serviform, a principios de mayo.

Fallas gerenciales. La renuncia de unos y el despido de otros miembros de la gerencia de Agroisleña a causa de la expropiación fue un factor determinante del desempeño negativo, según fuentes del sector.

"Quienes quedaron al frente no sabían cómo hacer las solicitudes de materia prima ni planificar la producción en un negocio tan complejo", dijo uno de los gerentes marginados. El malestar laboral se ha presentado en instalaciones como la de Morón, Carabobo, donde reclaman aumentos salariales.

Fuentes internas señalaron que esta semana comenzaron a recibir insumos para reiniciar la producción de las plantas. Una de ellas, paralizada desde octubre de 2010, volvió a activarse.


Con información de Katiuska Hernández

A 16 meses de la expropiación de Agroisleña (Agropatria)

EL NACIONAL - LUNES 06 DE FEBRERO DE 2012ECONOMÍA/4

Economía

INDUSTRIA Productores agropecuarios denuncian contrabando y venta con sobreprecio
Agropatria está endeudada y sin insumos a 16 meses de la expropiaciónLos problemas de la empresa obligaron al Estado a darle recursos para reflotarla y pagar a proveedores
KATIUSKA HERNÁNDEZDANIEL ESPAÑA y ELEONORA DELGADO 
khernandez@el-nacional.com



Desde que el Gobierno expropió Agroisleña en octubre de 2010 y asumió su control son varios los cambios que ha experimentado la empresa además del nombre. Desabastecimiento de insumos, retardo en la entrega de fertilizantes y semillas y dilación en el pago de la cosecha arrimada caracterizan la administración de la ahora Agropatria.
"Cuando vamos a comprar abono nos dicen que llegará en un mes porque no les han despachado, pero ni las matas ni el cultivo entienden eso de esperar 15 días a 1 mes, siguen creciendo y requieren de abono en el tiempo que establece la cosecha", afirmó un productor de hortalizas de La Grita, estado Táchira, que prefirió no ser identificado por temor a represalias.
Aseguró que los trabajadores de Agropatria no tienen mayor cosa que hacer durante sus horas laborales porque, "sencillamente, no hay insumos". "De Agroisleña pasó a Agropatria y ahora le llamamos Agroestante porque no hay nada que comprar. Sólo hay semillas y a precios exorbitantes. Desde hace 4 meses no llega abono".
Los fertilizantes, de acuerdo con el productor, son distribuidos frecuentemente a cooperativas de la zona, que se encargan de su comercialización y venta. "En enero fueron abastecidas en 8 oportunidades y los vendían al doble de su precio por paca, es decir, 50 bolívares", señaló.
Debido a los problemas de abastecimiento, los productores de La Grita se han visto obligados a comprar abono y fertilizantes de origen colombiano, por el que pagan hasta 200 bolívares el empaque.
Situación similar viven los agricultores de La Fría. En agosto de 2011 fue inaugurado un Agropatria comunal en el municipio García de Hevia, pero no dispone de insumos, lo que obliga a los productores a comprar materiales colombianos.
Arcas vacías. Fuentes del Ministerio de Agricultura y Tierras señalan que la falta de supervisión y control hizo que Agropatria se convirtiera en un barril sin fondo. "No hay control en las ventas, muchos insumos se sacaron de las tiendas para venderlos con sobreprecio a los productores. En las zonas fronterizas se registra contrabando.
Esas denuncias las hicieron los agricultores de hortalizas al Gobierno, sin que se hiciera nada", indicó un funcionario de bajo rango.
Miembros de la dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela admiten que la empresa está en quiebra.
"Es una empresa prácticamente inauditable, no había dinero para pagar a los proveedores internacionales. Muchas compañías extranjeras pidieron a sus embajadas que mediaran ante el gobierno de Chávez para que les pagara", dijo un miembro del partido oficialista que prefirió no identificarse.
Esta situación provocó la salida, agrega, del tren ejecutivo agrícola, y que el Presidente aprobara el punto de cuenta por 300 millones de dólares para reflotar la empresa, importar agroquímicos y maquinarias.
"El Presidente quería mostrar a Agropatria y a Agrovenezuela como una misión exitosa, pero los resultados no fueron los esperados", acotó. La orden de Miraflores es hacer seguimiento a los recursos entregados a Yván Gil, presidente actual de Agropatria, al punto de que debe regresar en año y medio 300 millones de dólares a las arcas del Fonden.
Los compromisos con proveedores internacionales son altísimos. "Les entregaron cheques sin fondo y ahora piden pago en efectivo para despachar", sostuvo un miembro de Agropatria.
Otro elemento que afectó las finanzas fue la reducción de los precios de los fertilizantes, agroquímicos y otros insumos, sin un estudio de costos que demostrara cómo impactaba la administración. "En menos de un año se redujeron los ingresos y no hubo dinero para pagar a proveedores, al personal y a los agricultores por la cosecha que se arrimó en los silos", dijo.
Racionamiento. Ezequiel Romero, presidente de la Asociación de Productores Rurales del municipio Guanare expresó que para el ciclo norte-verano no se consiguió el herbicida para la siembra de yuca y girasol. Para el ciclo de maíz, los insumos fueron entregados muy tarde y el apoyo de Agropatria a los agricultores no estipuló financiamiento en efectivo. "Cada quien tuvo que ingeniárselas para pagar personal y maquinaria", indicó.
Añadió que el dinero de la cosecha de maíz arrimada debió pagarse en noviembre y hasta la fecha no se ha hecho efectivo. La deuda con Asoguanare es de 400.000 bolívares. "Esta dinámica nos afecta mucho porque sólo recibimos respaldo en insumos de Agropatria, y ahora retrasan el pago que esperábamos para saldar las deudas por gastos operativos", dijo.
Los trabajadores de Agropatria en Portuguesa aseguraron que ha desmejorado el abastecimiento y la distribución. A las sucursales llega una gandola al mes con insumos, mientras que antes llegaban hasta cuatro a la semana.
Sobre el mantenimiento de las instalaciones, los vehículos y la maquinaria señalaron que no se tiene la rigurosidad de Agroisleña. Ahora se hacen las reparaciones cuando se daña el equipo.
Los productores recuerdan que la empresa en manos privadas suministraba entre 60% y 80% de agroquímicos, fertilizantes, semillas, maquinarias e insumos. En 2010, antes de la expropiación, Agroisleña llegó a financiar a 3.000 productores para la cosecha de más de 800.000 toneladas de rubros.
Además, el consorcio prestaba asesoramiento técnico y daba servicios agrícolas a más de 18.000 productores.

A un año de la expropiación de Agroisleña

EL NACIONAL - LUNES 03 DE OCTUBRE DE 2011ECONOMÍA/4

Economía

EMPRESAS Afirmán que plantas de agroquímicos no funcionan a cabalidad
Agropatria ofrece pocos insumos a productoresReconocen que han bajado los precios, pero no consiguen todos los agroquímicos
CÉSAR PARADAS DANIEL ESPAÑA LAUDELYN SEQUERA 


Los trabajadores del campo denuncian que la empresa los discrimina si no están inscritos en la Misión Agro ARCHIVO
Hoy se cumple un año de la expropiación de Agroisleña y del inicio de las operaciones de la estatal Agropatria. Los productores hacen un balance y encuentran que aunque bajaron los precios de algunos insumos y fertilizantes, no se consiguen en cantidades suficientes.
Afirman que hay racionamiento en las ventas y que privilegian a productores que están inscritos en la Misión Agro Venezuela, mientras que otros tienen que acudir a revendedores que comercializan los insumos mucho más caros.
El alcalde del municipio Unda en el estado Portuguesa y productor de café, Oswaldo Zerpa, señala que en Agropatria-Guanare venden el abono en 19,80 bolívares, pero llevarlo a la población de Biscucuy, por ejemplo, cuesta 10 bolívares por saco y luego trasladarlo hasta una finca otros 10 bolívares adicionales. "Así que el abono que se compra en Agropatria termina costando 40 bolívares, y los revendedores lo colocan en 60 bolívares o más".
Ezequiel Romero, presidente de Asoguanare, cuenta que ha recibido quejas de productores pequeños que han necesitado 10 sacos de abono y Agropatria sólo les vende 3. Debido a este problema, la asociación hizo un convenio con Agropatria: le suministran los insumos y se pagan al entregar la cosecha, como lo hacía Agroisleña. "Esto se logró luego de una lucha ardua.
Antes, el precio de los fertilizantes era más alto, pero había más disponibilidad y lo entregaban a las asociaciones para facilitar su traslado al campo y abaratar los costos", expresa.
Los agricultores afirman que con la empresa estatal no ha habido problemas para el almacenamiento y recepción de la cosecha, pero las plantas de procesamiento de agroquímicos como Proyefa, Inica, y otras, no operan a su máxima capacidad y el Gobierno ha tenido que importar insumos.
En Lara, los pequeños y medianos productores de hortalizas no están conformes con Agropatria. En Quíbor, donde se produce más de 60% de las cebollas consumidas en el país, reclaman la falta de insumos. "Desde que Agroisleña comenzó a funcionar dirigida por el Gobierno, cayó mucho la atención al productor y no hay asistencia técnica. Lo peor es que venden semillas y abonos en cantidades limitadas", apunta el agricultor Ramón Urquiola.
"No sé si el problema con Agropatria es la inexperiencia, pero lo cierto es que está complicándole la vida al productor. Por ejemplo, si uno va a comprar 50 sacos de abono, sólo venden 5, lo que incide en la reducción de la siembra y, por ende, en la comida para la gente", afirma William Sequera, pionero de la siembra en invernaderos en Quíbor.
Otro productor dedicado al cultivo de tomate agrega que la empresa cerró la entrega de créditos. "Yo quebré tres veces, y Agroisleña me dio financiamiento para recuperarme. Ahora Agropatria no ha entregado créditos y se me ha hecho imposible volver a sembrar".
Economía
INSUMOS A un año de la estatización
Dueños de Agroisleña negocian con el Gobierno pago justoEl ministro de Agricultura dijo que la empresa socialista atendió a más de 317.165 productores hasta agosto

KATIUSKA HERNÁNDEZ 


Los propietarios de Agroisleña se han reunido en varias oportunidades con el ministro de Agricultura y Tierras, Juan Carlos Loyo, para tratar el tema del pago por la expropiación de la empresa que incluye plantas de procesamiento de agroquímicos, semillas, fertilizantes, unidades de transporte, una red de tiendas entre otros bienes inmuebles.
"Estamos dialogando y discutiendo de acuerdo con la ley y de manera franca. El Gobierno es respetuoso del marco jurídico, pero hasta ahora no hay un avalúo concreto", expresó Loyo.
El Estado, a través del Grupo Agropatria (otrora Agroisleña), controla más de 70% del suministro de agroquímicos. Tiene 8 plantas de procesamiento de insumos y semillas, 8 silos, 228 unidades de carga pesada, 106 tiendas y 12 centros de acopio.
El ministro señaló que a un año de la estatización de Agroisleña, publicada en Gaceta Oficial el 4 de octubre pasado, el Gobierno ha logrado "romper el modelo capitalista y rentista que caracterizaba a la empresa".
Afirmó que también han abaratado en 40% los precios de los insumos agrícolas y elevado el número de productores beneficiados con apoyo de la Misión Agro Venezuela. Agregó que la planta de agroquímicos Proyefa, filial del grupo, triplicó la producción.
Negó que exista racionamiento. Entre enero y agosto Agropatria suministró insumos a 317.165 agricultores y espera cerrar el año con 475.752 beneficiados, un aumento de 228,10% en comparación con los 145.000 productores asistidos por Agroisleña en 2009.
Dijo que con esta dotación se abarcó una superficie de 1.159.000 hectáreas.
"El promedio mensual de atención de Agroisleña era de 12.083 productores en 2009, en el primer semestre de 2010 fue de 11.340 personas y en lo que va de año la cifra subió a 52.860 productores al mes, 366,17% más en un año", indicó.
Loyo dijo que han dado asistencia a 13.086 productores en zonas de difícil acceso mediante 130 operativos para cubrir 75.841 hectáreas, y se crearon 10 tiendas comunales para que los productores administren la dotación de insumos. En este caso, dijo que esperan abrir 80 tiendas de este tipo.
Enumeró que atendieron 33 asociaciones para la siembra de 380.846 hectáreas y suministraron insumos a 42 unidades socialistas. "Dimos financiamiento a 534 pequeños productores de 851,76 hectáreas con 3,87 millones de bolívares". 

Expropiación de Agroisleña y creación de Agropatria (I parte)


LOS HECHOS
03 Y 04 de octubre de 2010


PROPIEDAD Cerca de 18.000 productores del campo serán afectados por la medida
Chávez anunció expropiación de la empresa Agroisleña
Representantes de Fedeagro se reunieron de emergencia y aseguraron que la medida es la más dura tomada por el Gobierno contra el sector agrícola


ANDRÉS ROJAS JIMÉNEZ CARLOS CRESPO 
arojas@el-nacional.com ccrespo@el-nacional.com


Chávez anunció el inicio de una ofensiva contra el latifundio en Lara, Apure y Zulia CORTESÍA MIRAFLORES
La vuelta de Aló, Presidente cumplió con lo anunciado por el primer mandatario sobre la radicalización de la revolución. El presidente Chávez retomó su programa dominical con el anuncio de la expropiación de Agroisleña, empresa proveedora de al menos 70% de los insumos de los productores agrícolas.
"Agroisleña está expropiada.
Ven a mí que tengo flor", esta frase bastó para informarles a los dueños de la empresa, que otorga financiamiento directo a más de 18.000 productores, que pasaba a manos del Estado y que debían ponerse de acuerdo con el ministro de Agricultura y Tierras, Juan Carlos Loyo, para finiquitar el trámite.
Entre ataques a la burguesía y a los terratenientes, el Presidente informó que el Ejecutivo adelanta una ofensiva contra el latifundio que pretende recuperar 240.000 hectáreas en octubre y el doble en noviembre. "Continuaremos en el estado Lara, en Apure y al sur del lago de Maracaibo", señaló.

Acotó que en la entidad zuliana era necesario un operativo militar para recuperar las tierras que estarían protegidas por narcotraficantes y paramilitares, supuestamente amparados por las autoridades locales. "No debe quedar ni un hueso sano del viejo latifundio.
La Fuerza Armada debe hacer vuelos aéreos, y latifundio que vean repórtenlo para tomarlo y dárselo al pueblo".
Chávez realizó su programa dominical, que había sido suspendido desde el 22 de agosto, en el Proyecto Agrosocialista Río Tiznados, que está ubicado en el municipio Ortiz del estado Guárico.
Reacción en cadena. Los productores agrícolas y los gremios que representan esta actividad se reunieron ayer de emergencia y calificaron la decisión de Chávez como la medida más dura tomada por el Gobierno contra el sector agrícola, según reconoció un directivo de Fedeagro, quien anunció que hoy se conocerá la posición oficial de esta federación.
En varios de los estados en los que la empresa tiene presencia hicieron convocatorias por parte de los productores beneficiados por esta compañía, que suman alrededor de 18.000 y que reciben financiamiento directo. Este apoyo ahora quedará circunscrito al Estado.
La compañía fue fundada hace 52 años por el empresario canario Enrique Fraga Afonso y tiene presencia en todo el país.
En la actualidad es dirigida por el hijo del fundador, Luis Enrique Fraga, quien ayer sostuvo reuniones con sus asesores legales, directivos de Fedeagro y representantes de los productores para determinar las acciones que emprenderán.
"Agroisleña es una empresa española-venezolana que ha venido apoyando de manera continua y creciente el desarrollo y la producción de rubros agrícolas en Venezuela", indica la información oficial de la empresa y de allí que, se conoció, se iniciaron contactos con autoridades del Gobierno español de José Luis Rodríguez Zapatero para evitar que se vulnere la propiedad privada.
La empresa tiene 8 silos, 60 sucursales y suministra tecnología y agroquímicos que con la expropiación también serán asumidos por el sector público.
LAS REACCIONES 05 de octubre de 2010

Economía
EMPRESAS Denuncian que fincas tomadas por el Gobierno son para entrenar milicias
Fracaso de agrotiendas socialistas aceleró intervención de AgroisleñaDiputados electos alertan que intervenciones traerán más escasez y desempleo


KATIUSKA HERNÁNDEZ 
khernandez@el-nacional.com


La expropiación afectará a más de 2.500 personas que trabajan en la compañía JUAN CARLOS VALERO
La expropiación de Agroisleña y de las 11 fincas de Agroflora de la compañía inglesa Vestey, además del anuncio de la próxima intervención de más de 250.000 hectáreas, encendió otra vez las alarmas en el sector productor de alimentos.
Los diputados opositores electos a la Asamblea Nacional, Eduardo Gómez Sigala y José Manuel González, alertaron que esta es otra arremetida contra la empresa privada que dejará sin alimentos al país.
"Tenemos un desabastecimiento crónico y la única respuesta del Gobierno es que va a acelerar las expropiaciones.
Vamos a actuar y animar a los sectores a que se manifiesten, porque este proceso no es otra cosa que la concreción de una revolución destructiva que está liquidando los puestos de trabajo en este país", afirmó Gómez Sigala.
Denunció que las fincas que han sido intervenidas por el Gobierno son para entrenar milicias. "Son centros de entrenamiento de milicianos y no de producción de alimentos. El Gobierno controla más de 50% de los silos del país, más de la mitad de la producción de alimentos con empresas que ha tomado y no las ha pagado a sus propietarios, esto ya no es una expropiación es un despojo en la mayoría de los casos", agregó.
¿De qué sirve que el Gobierno tenga Pdval, la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas, Mercal y bancos, si no apoya efectivamente la producción de rubros alimenticios? "Los ingredientes con que se prepara el pabellón son importados, y ahora la arepa también. Se han importado 750.000 toneladas de azúcar, casi la totalidad de las caraotas que se consumen y 500.000 toneladas de maíz, y antes nos autoabastecíamos", dijo.
José Manuel González, ex presidente de Fedecámaras y de Fedeagro y ahora diputado por el estado Guárico, señaló que el fracaso de las agrotiendas socialistas aceleró la expropiación de Agroisleña. "El Ejecutivo montó unas agrotiendas socialistas que no han funcionado, y desesperados ahora toman la decisión de expropiar la empresa más eficiente que existe en el suministro de insumos, con el objetivo de destruirla", denunció.
González calificó la medida de irresponsable porque afectará a más de 2.500 personas que trabajan en esa empresa de manera directa. Dijo que se quedarán sin insumos y financiamiento más de 18.000 productores y se verá perjudicada entre 65% y 70% de la producción nacional agrícola que era apoyada a través de programas de Agroisleña.
Esta empresa apoyó la siembra de 200.000 hectáreas de maíz, 30.000 hectáreas de arroz, 10.000 hectáreas de hortalizas y 60% de la siembra de cebolla.
"¿Qué está haciendo el Gobierno con las fincas y tierras que se ha robado, porque es muy poco lo que se ha pagado? Lo que hace es incrementar la dependencia de las importaciones agroalimentarias para un proyecto político ideológico que pretende destruir el sector privado", afirmó González. 



PROTESTAS 


AGRO Agroisleña financió este año la cosecha de más de 800.000 toneladas de rubros alimenticios
"Se está expropiando la fuente de insumos de los agricultores"Hubo protestas contra la estatización y pidieron al Gobierno revertir la medida
KATIUSKA HERNÁNDEZ EQUIPO DE CORRESPONSALES 
khernandez@el-nacional.com



JUAN CARLOS VALERO Productores de todo el país acudieron a la sedes de Agroisleña a manifestar su apoyo a la empresa y a rechazar la decisión del Ejecutivo

Los productores agropecuarios no madrugaron ayer para sembrar y cosechar. Lo hicieron para protestar contra la expropiación de Agroisleña, empresa venezolano española, con 52 años en el país, a la que consideran vital para el desarrollo del sector. "Se quiere declarar la quiebra de la agricultura", gritaban a las afueras de la sede de Acarigua, en Portuguesa, donde se agruparon más de 400 agricultores.
Antonio Pestana, director de Fedeagro y de Asoportuguesa, dijo que la decisión del Gobierno causó consternación entre los agricultores que tienen comprometidos sus créditos en esa empresa, la principal casa comercial en la que adquieren insumos, materia prima y equipos para sembrar y producir. "No están expropiando a Agroisleña sino a la fuente de insumos de los agricultores; por eso nos sentimos afectados. Esta empresa nos suple de manera oportuna", dijo Pestana. Explicó que gran parte de los programas financieros y de producción del Gobierno no han sido efectivos porque no garantizan el suministro de semillas, insumos y otros materiales a tiempo, como lo hace la empresa privada. "Lo que se necesita es que el Gobierno invierta en otra Agroisleña; no que expropie las empresas que funcionan".
Guillermo Millán, productor de arroz de Portuguesa, alertó que la intervención de Agroisleña puede significar la quiebra del sector agrícola.
Piden rectificación. La junta directiva y los trabajadores de Agroisleña solicitaron al presidente Chávez que rectifique. La decisión de expropiar los tomó por sorpresa. El consorcio, cuya sede principal está en Cagua, en Aragua, cuenta con 60 tiendas, 8 silos y 1.200 empleados.
En Cagua los trabajadores repartieron volantes y exhibían pancartas: "No a la expropiación", "Agroisleña somos todos", "Somos Venezuela". La coordinadora de Importación, Milagro Rivas, declaró que el consorcio presta asesoramiento técnico, agroquímico, insumos, maquinarias, semillas, fertilizantes y fungicidas a 18.000 productores. "El país importa semillas para hortalizas, cereales, maíz, sorgo y pasto porque no reúne las condiciones agroclimáticas para producirlas".
El abogado de Agroisleña, Álvaro Posada, vocero designado por la junta directiva, leyó el comunicado de la empresa: "La única explicación que encontramos por los momentos es que el Presidente de la República no está bien informado".
Dijo que esta medida acaba en la práctica con la capacidad de Agroisleña para continuar apoyando la producción agrícola y la seguridad alimentaria. La empresa lleva a cabo un plan de financiamiento especial para más de 3.000 productores que están cosechando más de 800.000 toneladas de maíz, arroz y sorgo, entre otros rubros. Por ahora, agregó, la empresa se encuentra trabajando con normalidad.
Pedro Rivas, presidente de Fedeagro, advirtió que la medida de estatizar la empresa más importante suplidora de materias para la agricultura puede dejar desasistida a la mayoría de los agricultores. "Puede conllevar a la disminución de la producción interna de importantes rubros". Exhortó al Gobierno a respetar la propiedad privada y el derecho al trabajo. "Se debe tener sumo cuidado con las decisiones que se toman; se pudiera ocasionar serios impactos en la producción de cereales y en especial de hortalizas, porque son difíciles de sustituir con importaciones.
Manifestaciones como arroz. Adelaida Viña, coordinadora técnica de Agroisleña en Guanare, dijo que en el ciclo de invierno se financiaron directamente 60.000 hectáreas en todos los rubros en Portuguesa y de forma indirecta, a través de asociaciones de productores e instituciones del Estado, se otorgaron créditos para cultivar 40.000 hectáreas. En esta región se apoya más de 70% de la producción. "Es el pueblo agricultor el que está sufriendo, estamos siendo atropellados, un extraño se metió en nuestro hogares y nos está mancillando", sentenció Viña.
Jesús Fernández, trabajador de Agroisleña en Acarigua, sostuvo que sus compañeros se ven afectados porque con la expropiación se dará un paso atrás con las reivindicaciones obtenidas. "El Gobierno debe rectificar".
Luis Villalobos, cañicultor del municipio Papelón, dijo que no está de acuerdo con la expropiación de Agroisleña porque los programas del Gobierno limitan la entrega de abono y de otros insumos. "En la CVA me ofrecían 10 sacos de abono por entrega; si quería más tenía que hacer una cola, pero la producción y el campo no esperan, si se pasa el momento simplemente se pierde. Por eso acudo a Agroisleña; allí consigo financiamiento oportuno sin mayores trabas".
En Lara también se manifestó. "Aproximadamente 1.500 agricultores, todos clientes de Agroisleña, llegaron hasta la agencia para ofrecer su apoyo", dijo Rainimar Pérez, que trabaja desde hace tres años en la agencia de Quíbor.
"Lo que decidió el presidente Chávez es una injusticia", dijo una de las empleadas. "Muchos de nosotros somos sostén de familia, algunas madres solteras; de nosotros depende mantener a los nuestros. No somos políticos; nos dedicamos a atender de la mejor manera posible a los productores".
Agroisleña tiene 32 años en San Carlos. Justo Silva, trabajador del área técnico comercial, aseguró que atiende a 200 agricultores del estado y mantiene el financiamiento de 2.500 hectáreas de arroz. En Barinas se calcula que unos 2.000 trabajadores quedarán afectados: 80% de los productores agropecuarios y ganaderos de ese estado dependen de insumos y financiamiento que adquieren en esa empresa.