miércoles, marzo 02, 2011

Decae el emporio agropecuario del Sur del Lago de Maracaibo



Los comercios registran menos ventas y los productores temen caída en los rubros plátano, palma, leche y carne. La militarización de la zona no ha reducido la inseguridad.

KATIUSKA HERNÁNDEZ

La pujante producción de carne, leche, palma aceitera y plátano del Sur del Lago de Maracaibo, comienza a decaer. A las lluvias, que dañaron gran parte de la cosecha y causaron la muerte de animales, se ha sumado la toma de fincas cuyas actividades son clave para la economía agropecuaria de la zona.

"La decisión arbitraria del Gobierno de tomar fincas en plena producción y confiscar lo que se produce ha traído más desinversión y desánimo en la comunidad. Hasta los comercios reportan caídas de las ventas porque los ganaderos, que eran sus principales clientes, han dejado de comprar insumos por temor a que les pase lo mismo que a los productores, que le quitaron las haciendas", manifiesta el diputado de la Mesa de la Unidad, Juan Romero.

El ministro de Agricultura y Tierras, Juan Carlos Loyo, admitió en la Asamblea Nacional que se cuantificaron 500 millones de bolívares en daños en la vialidad de los municipios del Sur del Lago de Maracaibo, debido a las inundaciones y lluvias del año pasado. Agregó que se perdieron 14.000 hectáreas sembradas de plátano, palma aceitera y algunas de cacao, además de la muerte de aproximadamente 12.000 animales entre reses y otras especies.

Menos producción
Con la excusa de la emergencia causada por las lluvias, el Gobierno decretó el rescate de 47 fincas en el Sur del Lago el 17 de diciembre de 2010, posteriormente se agregó a la lista otra para un total de 28. Hasta la fecha 18 haciendas han sido devueltas a sus propietarios, pero sin ningún documento que certifique la derogatoria de la intervención. Las 26 que siguen militarizadas registran caídas en la producción y deterioro de las plantaciones.

En la hacienda La Chapala, de la familia Newman, la producción fue totalmente confiscada.

Sus dueños no tienen acceso ni a la casa ni a las cuentas por las ventas de carne y leche, que ahora administra el Gobierno.

En la hacienda Bolívar, de la familia Brillembourg, los militares custodian la entrada. Sólo permiten el ingreso a personal de la Fuerza Armada y del INTI. Esta finca tenía 12.500 reses antes de las lluvias y producía 7.000 litros de leche al día. Por las inundaciones se redujo a 5.000 litros diarios y el rebaño pasó a 8.500. Entre enero y febrero la producción láctea descendió a menos de 1.600 litros por día, y se han sacado sin autorización más de 400 reses.

En la hacienda La Palmita, el Ejecutivo prohibió la venta de 60 reses que estaban listas para el matadero e intentaron confiscar la leche.

En la finca El Milagro, dedicada a la producción de palma aceitera, una parte de las plantaciones, alrededor de 80 hectáreas, tiene plagas por falta de mantenimiento. Al igual que en Olla Grande, considerada una finca modelo para la producción de plátano en América Latina. En esta finca encontraron la plaga sigatoka, que daña el follaje y reduce la productividad.

Sigue la inseguridad
La creación del Distrito Militar del Sur del Lago ha traído incomodidad a la población.

Las pocas vías principales de Santa Bárbara se congestionan por la cantidad de alcabalas instaladas.

Pese a la gran presencia de militares, los productores agropecuarios señalan que no se ha reducido la inseguridad en la zona, al contrario, en plena activación del Distrito Militar, más de 20 hombres armados secuestraron al ganadero Ildemaro Boscán, cuando llegaba a su fundo La Muñeca, a pocos minutos de la población de Santa Bárbara.

Rubén Darío Barboza, productor agropecuario, refiere que no entiende cuál es la garantía de seguridad si continúan los secuestros. "Además con medidas como las de intervención de fincas es imposible, lograr el milagro agrícola socialista que pregona el Gobierno".

Obligan a productores a colocar la producción en empresas del Estado

AGRO "Si me quitan la hacienda es como si me quitaran la vida"

Reinaldo Celis, propietario de La Palmita, tiene más de dos meses sin vender ganado por la intervención

Katiuska Hernández
(publicado en el diario El Nacional el domingo 27 de febrero de 2011)
Las intervenciones de fincas en el Sur del Lago de Maracaibo, que abarca municipios de los estados Táchira, Mérida, Trujillo y Zulia, trajo mayor incertidumbre y preocupación al sector ganadero y agrícola de la región, que padece desde hace años los problemas de inseguridad por los secuestros.

La medida del Instituto Nacional de Tierras se aplicó el 17 de diciembre del año pasado contra 47 fincas, con el alegato de que se necesitaban para atender la emergencia causada por las lluvias. Hasta ahora unas 18 haciendas han sido devueltas a sus propietarios, pero no se ha derogado la resolución de intervención de estas tierras.

Los productores sostienen que el Gobierno ha dado una especie de propiedad condicionada, en la que les da derecho a ocupar las haciendas pero se les niega la libertad de vender, producir y trabajar normalmente. Están obligados a colocar toda la producción en empresas agroalimentarias socialistas. Mientras tanto, los ganaderos que tienen las fincas militarizadas están a la espera de que el Ejecutivo defina si pagará las bienhechurías o devolverá la propiedad. Hasta ahora unas siete fincas han demandado ante tribunales agrarios la nulidad de la medida de rescate del INTI y han solicitado que se suspenda la medida de aseguramiento que les impide disponer de la producción y los bienes. Algunas de las que padecen esta situación son las haciendas Bolívar; El Peonio; Olla Grande; Santa Rita, La Rosa; El Milagro, en Zulia, y La Palmita, en Mérida.

Acuerdo a medias. La decisión del Gobierno de devolver las fincas no ha sido transparente y los productores sostienen que mientras no exista una resolución en la que el INTI apruebe la derogatoria de la acción administrativa sobre cada una de las tierras, el fantasma de la intervención seguirá pesando sobre las unidades de producción.

Julio Luzardo, dueño de Costa Verde, recibió la noticia de que su finca había sido devuelta.

Confirma que ya no hay presencia militar ni de funcionarios del INTI en el lugar, pero aún no cuenta con un documento legal que manifieste que el Estado deroga la medida de rescate.

Indica que en una reunión con el INTI, funcionarios del Gobierno propusieron la conformación de la Red de Productores Libres y Asociados.

Sin embargo, Luzardo no aceptó las condiciones. "No voy a ser productor asociado. Ellos querían que diera 20%, o más, de la producción al intercambio, como una especie de trueque. Eso no me quedó claro y no acepté. Para Rafael Urdaneta, propietario de Villa Olga, el Gobierno trata de engañar haciendo creer que reconoce la propiedad privada sobre las haciendas.

"No tenemos acceso a las guías para movilizar el ganado. El Gobierno dice que nos regresó la finca pero la realidad es que nos dejan como ocupantes de nuestras fincas y no como dueños, porque estamos a expensas de lo que decida el INTI. Se llevaron los militares pero no dejaron por escrito que nos devuelven la finca", manifestó Urdaneta.

Denunció que el Gobierno ofrece dinero a los productores agropecuarios para que prácticamente entreguen las fincas y la producción al Estado. "Esto está pasando porque nos quieren comprar la conciencia", dijo.

Para Urdaneta la propiedad privada en este momento en materia de tierras no existe.

Preso en su propia casa. A más de dos meses de la intervención y militarización de la zona, Reinaldo Celis, propietario de la hacienda La Palmita (485 hectáreas), ubicada en el municipio Andrés Bello, del estado Mérida, sigue con las manos atadas.

Celis sostiene que el Gobierno le impide continuar con las actividades normales como la venta de ganado a los mataderos y el arrime de la leche a empresas lácteas con la garantía de pago. "No hemos podido vender el ganado; y la leche ha sido decomisada a los productores intervenidos en el estado Mérida". Tradicionalmente La Palmita despachaba la leche a Lácteos Los Andes, pero ahora el Gobierno no le ha dado garantía de pago y Celis optó por dar el producto a la comunidad.

"Considero que mi caso fue una equivocación, porque quitarme La Palmita es quitarme la vida, yo doy la vida por esta finca. Estoy viviendo ya más de dos meses con tensión y todas las noches tengo pesadillas, cuando me asomo y veo los militares siento como si estuviera preso", relató Celis.

Aclaró que han establecido una convivencia de respeto con los efectivos militares porque la finca no sólo es el lugar de trabajo, sino también la vivienda principal que comparte con empleados.

Sostuvo que la labor de productor agropecuario es muy difícil, y en su caso lo han intentado secuestrar cuatro veces. "Uno sacrifica la vida por este trabajo. Nos preguntamos si tener improductiva la tierra es un delito, al parecer también lo es tenerla productiva", señaló Celis, que también es presidente de la Asociación de Ganaderos del municipio Alberto Adriani.

Despojo andino. Para la familia Newman la medida de rescate contra la finca de su propiedad La Chapala (578 hectáreas) llegó como otra nefasta noticia.

La producción agropecuaria les ha dado muchas alegrías pero también tristezas e incertidumbre, porque han sufrido varios secuestros de seres queridos.

José Albino Newman Briceño, de 82 años de edad, manifiesta que luego de la intervención de la hacienda por parte del Gobierno le negaron el acceso a la propiedad y le han confiscado la producción de carne y leche.

"Me da mucho sentimiento, porque han sido 56 años de mi vida trabajando en la finca, hasta perdí un dedo. Todo el sacrificio que he hecho y mis recuerdos están en esa hacienda", relató Newman, que señaló que llegaron a producir 1.500 litros de leche al día. No obstante, al desarrollar la ganadería de ceba para carne, el ordeño se estabilizó entre 900 y 1.000 litros diarios.

Los propietarios de La Chapala esperan que el Gobierno aclare la situación. "Estamos dispuestos a negociar con el Gobierno, si ellos quieren comprarla se la vendemos, y si nos la quieren devolver la recibiremos con gusto para continuar produciendo, que es lo único que sabemos hacer".

En la Hacienda Bolívar de la familia Brillembourg, la presencia militar es constante. Los propietarios no han tenido acceso a la finca y la producción de carne de alta calidad y de leche está confiscada. Antes de las lluvias en esa unidad había más de 12.500 reses y se producían 7.000 litros de leche al día. Esto bajó a 5.000 litros luego de las inundaciones y el rebaño pasó a 8.500 reses. Entre enero y febrero la producción láctea cayó a menos de 1.600 litros por día.