domingo, septiembre 16, 2012

Agropatria: La investigación en El Nacional

EL NACIONAL - DOMINGO 20 DE MAYO DE 2012SIETE DÍAS/1

Siete Días

Ella presidió AgropatriaRiblia Rodríguez comenzó a los 30 años de edad una carrera meteórica que la llevó a ser una de las funcionarias más poderosas de la burocracia agrícola. Su paso por el Ministerio de Agricultura y Tierras dejó secuelas que se sienten en el campo
DAVID GONZÁLEZ DGONZALEZ@EL-NACIONAL.COM FABIOLA ZERPA FZERPA@EL-NACIONAL.COM



a mujer retratada en la fotografía tiene 36 años de edad, pero su juventud no le impidió convertirse en una de las funcionarias más poderosas del Ministerio de Agricultura y Tierras. Manejó presupuestos millonarios, firmó contratos internacionales, decidió sobre importaciones, designó juntas directivas y removió comisiones de contratación. Nada le fue ajeno.
Un ascenso meteórico dentro de la burocracia gubernamental la llevó a cargos de conducción de empresas estratégicas, lo que pocas personas de su generación han logrado en los 13 años de gobierno del presidente Hugo Chávez.
Separada hoy de la función pública, evita cualquier exposición ante los medios. La discreción, sin embargo, no matiza las secuelas que dejó su paso por la administración del Estado. Su nombre es ignorado por muchos, pero muy recordado por otros: Riblia Rodríguez.
Antes de presentar la renuncia en diciembre pasado, fue la responsable de gerenciar durante 15 meses la mayor red de importación, fabricación y distribución de insumos agrícolas del país. La estructura contó en 2011 con recursos de 472 millones de dólares y una red de 108 tiendas, 64 de las cuales formaban parte de Agroisleña, grupo expropiado en octubre de 2010 y rebautizado con un nombre que hoy genera desazón: Agropatria.
La cadena quedó, al término de su gestión, necesitada de un auxilio financiero de 330 millones de dólares para la compra de productos, lo que confirmó el estado de deterioro de una empresa que, en manos privadas, se había consolidado como un proveedor seguro del campo en 50 años de operaciones. El presidente Chávez aprobó en enero los recursos a regañadientes sin dejar de advertirle a Yván Gil, sucesor de Rodríguez, que debía devolver "hasta el último dólar".
La más reciente Memoria y Cuenta del Ministerio de Agricultura y Tierras contradijo los reportes oficiales según los cuales la estatización de la empresa había permitido responder la demanda de 400.000 productores agropecuarios en 2011. De acuerdo con

fusión entre las "gestiones comerciales y operativas" de ambas es descrita en la Memoria y Cuenta del Ministerio de Agricultura y Tierras de 2011. Los resultados dieron la razón a quienes anticipaban que esa estrategia no era la más inteligente. En el blog Las Líneas de Chávez, una seguidora del mandatario que se identificó como María, del estado Lara, respondió a un artículo titulado "Agropatria" así: "Mientras Ecisa continúe bajo la gerencia de los actuales directivos, todo intento de apropiación de recursos para la agroindustria caerá en saco roto". Un informe de la organización no gubernamental Innova también advirtió en su momento sobre las dificultades que tendría el Ejecutivo para asimilar la empresa: "Es muy posible que no haya evaluado correctamente las dimensiones del problema que tiene que afrontar".
El bajo rendimiento de las agrotiendas socialistas representaba una pista. Bajo la tutela de Rodríguez, la cadena gubernamental duplicó el número de establecimientos hasta alcanzar 44 el año pasado.
Los reportes oficiales del ministerio presentan la cadena como un logro en sí mismo, pero también muestran un inventario de fallas. Se mencionan la carencia de sedes adecuadas, la ausencia de conexiones de Internet, las limitaciones de la flota de transporte y la baja disponibilidad de insumos dadas las trabas burocráticas para adquirirlos. Las ganancias obtenidas ­160 millones de dólares en 2011 por ejemplo­ no sirvieron para cambiar la faz de la red.
El ex gerente de una agrotienda socialista recuerda, por ejemplo, que debía visitar cibercafés para enviar correos electrónicos a la sede central: "No teníamos vehículos y había problemas logísticos. Recibíamos con frecuencia insumos que no necesitábamos en la zona donde estábamos". A pesar de ello, asegura que hasta 2007 la cadena funcionó mejor en comparación con lo que sucedió después: "Mi tienda tenía insumos, pero después la red comenzó a fallar. Al crecer se creó un monstruo". Nildia Avellaneda, ex trabajadora de Ecisa, publicó en Facebook un comentario que grafica la velocidad de los acontecimientos: "Llegamos en 2005 a tierra barquisimetana sin ninguna estructura administrativa y en menos de un año teníamos 13 tiendas". Rodríguez en 2009 defendió la importancia del proyecto: "Durante décadas los campesinos no podían comprar insumos por los precios elevados e inaccesibles".
Decisión cara.
Rodríguez apareció en el Aló, Presidente del 10 de octubre de 2010, apenas una semana después de la expropiación de Agroisleña, para anunciarle al país una buena nueva: la reducción de precios de los productos de la compañía expropiada. Las tarifas bajaron, en promedio, 40%. Recorrió estantes de la tienda de Cagua, en Aragua, y afirmó que se conservarían márgenes de ganancia que harían sustentable la operación. Lo que parecía una medida popular se transformó en un peso muerto. "Se comenzó a operar a pérdida y esa es una de las razones de la quiebra de Agropatria", revela una fuente gubernamental. El informante exculpa a Rodríguez por la decisión que, dice, se adoptó al más alto nivel.
La reducción de los precios estimuló un mercado de contrabando en todo el país. El 26 de abril fueron detenidos en Barinas dos coordinadores de Agropatria que supuestamente trasladaban insumos para ser comerciados ilegalmente.
El procedimiento del Servicio Bolivariano de Inteligencia confirma que existe una averiguación abierta sobre el desvío de los productos, muchos de los cuales terminan en Colombia según agricultores consultados. José Antonio Velásquez, un productor de Mérida, ha denunciado a gerentes involucrados en esas transacciones que, para muchos, contribuyeron a desmantelar la empresa.
En un Aló, Presidente de enero de 2011, Chávez presionó a Rodríguez: "Riblia, el plan de expansión de Agropatria necesito verlo pronto con programas, cronogramas, fechas y metas". La edición dominical se transmitió a propósito del lanzamiento de la Gran Misión Agrovenezuela. Documentos elaborados durante esa actividad reflejaron las quejas de los productores con respecto a la empresa expropiada. En una reunión celebrada en Táchira, el 12 de agosto de 2008, los agricultores informaron acerca de la necesidad de actualización de los inventarios, de la falta de insumos y de la venta a productores falsos. Críticas semejantes, de acuerdo con minutas oficiales, se presentaron en las reuniones efectuadas en Mérida y Aragua. En todos los casos los afectados pidieron la realización de "auditorías sociales" para evaluar la compañía.
Las memorias y cuenta del Ministerio de Agricultura y Tierras muestran un desplome sustancial en la cobertura: Agropatria y la cadena de agrotiendas socialistas sólo pudieron atender 190.000 hectáreas en 2011, 600.000 menos que en el año anterior..
Cuando se cumplió un año de la expropiación de Agropatria, Rodríguez presentó un balance en el que señaló lo contrario: que la cadena había tenido una cobertura de 745.000 hectáreas, lo que resumía el logro de la democratización del comercio de insumos. "Si este grupo de empresas no se hubiera nacionalizado, esas 745.000 hectáreas que llevamos atendidas hasta la fecha, en el contexto de la Gran Misión, no hubieran sido posibles o hubieran sido para la especulación y la usura". Tres meses después renunció y ahora prefiere, según sus allegados, no hablar de sus días en la administración pública. 

EL NACIONAL - DOMINGO 20 DE MAYO DE 2012SIETE DÍAS/3

Siete Días

Una red de almacenes vacíosEl efecto de la expropiación de la antigua Agroisleña se siente no sólo en el campo, donde los productores afirman que han dejado de sembrar.

El malestar también se ha expresado en el interior de un consorcio que no sale de la parálisis



FABIOLA ZERPA QUÍBOR 



l galpón de la tienda de Agropatria en Quíbor, estado Lara, luce inmenso. Unas pocas cajas medianas de productos agroquímicos ocupan el área central y otras están arrimadas a una pared. El almacén está prácticamente vacío, igual que el estacionamiento para los visitantes. Al mostrador, en la parte delantera, muy pocos se acercan para pedir mercancía. Unos llegan con aprensión y otros esperan tener suerte.

Para todos, la expropiación de Agroisleña, ejecutada por el Gobierno en octubre de 2010, no es un hecho del pasado, sino una realidad con la que no consiguen conciliar todavía.

La tienda no tiene mucho para ofrecer a los 2.000 productores de esta zona agrícola larense donde se cultivan 6.500 hectáreas de cebolla, pimentón y tomate que abastecen a todo el país, y se producen semillas. La ausencia de fertilizantes, fungicidas, úrea, desmalezadores, instrumentos de labranza y repuestos alienta la reventa ilegal, que encarece los costos y obliga a los más pequeños productores a desistir de la actividad.

"¿Qué voy a encontrar? Desde que expropiaron Agroisleña no hay ni Gramozon (herbicida) ni más nada. Soy chavista, pero las cosas hay que decirlas con su nombre: faltan insumos".

El desaliento de Félix Pérez, productor de cebolla, es tan pesado como el calor de esa tarde de mayo. Otro comprador se declara afortunado: "Hoy conseguí fungicida. Aproveché, porque no siempre es así".

Dos hombres preguntan si hay filtros de aire para tractores. El encargado señala hacia la esquina. "No. Puede que en la cooperativa". Algunos indican que su producción ha bajado. Un agricultor que prefiere mantener su nombre en reserva señala: "Tengo 50 hectáreas de cilantro y pimentón en El Tocuyo, pero sin insumos no puedo sembrar".

Réplica nacional. Quíbor es un espejo de la situación que se reporta en otras regiones del país.

En el pueblo larense los productores aún calculan cuánta superficie han dejado de sembrar. Según datos oficiales la cadena oficial atendió el año pasado 600.000 hectáreas menos que en 2010.

El ejemplo de Portuguesa es claro. Datos del ministerio y de los agricultores lo revelan. En 2005, los productores de maíz financiados por la empresa de la familia Fraga sumaban 38.000 hectáreas activas, que ese año produjeron 135.964 toneladas del rubro. En 2011, la producción cayó a cero: no fueron atendidos por Agropatria.

Controles. En la tienda de Agropatria de Quíbor hay un aviso escrito a mano. Se indica que a partir del 2 de mayo los requisitos para comprar exigían ser un productor del municipio Jiménez y además presentar cédula de identidad y una constancia del Instituto Nacional de Tierras. Otra notificación advierte que toda compra debe ser retirada el mismo día. Gabriel Izarra, piñicultor, se queja de discriminación. "No me venden porque soy de Barquisimeto.

Ahora me toca comprar Gramozon por ahí a 500 bolívares la garrafa de 5 litros, cuando el precio es de 125 bolívares".

Los cuerpos de seguridad hacen operativos para evitar que los productos de la antigua Agroisleña se comercialicen en otros establecimientos. Estas acciones enrarecen el ambiente en Quíbor. "Caen juntos la Guardia Nacional, el Seniat y la policía, de manera imprevista. Si encuentran algo, se lo llevan", dice Nerys Aranguren, de la comercializadora Moyetones. En el lugar es un secreto a voces que los trabajadores de Agropatria envían gandolas a fincas donde revenden los insumos con sobreprecio.

Auditoría en espera. Elías Jaua, ministro de Agricultura y Tierras, anunció que el 26 de marzo se realizaría una auditoría de insumos en todas las tiendas.

No se conocen resultados, pero puertas adentro los trabajadores quieren explicaciones, pues temen que debido a la inoperatividad de las 11 empresas del consorcio éstas sean cerradas.

Han pedido que se aclare el destino de los 330 millones de dólares que el Ejecutivo entregó a Yván Gil, el presidente de la empresa desde enero.

El malestar movió a los trabajadores de las 11 compañías ­Serviform, Inica, Proyefa, Syntec, Venezolana de Riego, Metal Zamora, Agropatria Planta Morón, Olaca, Sehiveca, Silos Araure y Servigranos­ a protestar. El 24 de marzo cerraron la vía principal de Cagua, donde está la sede de la compañía, como mecanismo de presión para que la gerencia reactive las plantas que ­aseguran­ se encuentran paralizadas entre 50% y 90%. En esas manifestaciones dijeron que sólo se produce 20% de los insumos y que el resto se importa. "Si esta situación sigue así, podemos perder nuestros empleos", dijo ese día Andrés Salazar de Olaca.

Tres semanas después un tribunal agrario de Aragua y Carabobo otorgó una medida de protección para evitar que eventuales conflictos paralicen las actividades, incluidas las protestas. La decisión acentuó el malestar entre los trabajadores, quienes la interpretaron como un intento de silenciarlos. "¿Será que le quedó grande Agropatria al Ministerio de Agricultura y Tierras?", se preguntó ante la prensa José Leje, de Serviform, a principios de mayo.

Fallas gerenciales. La renuncia de unos y el despido de otros miembros de la gerencia de Agroisleña a causa de la expropiación fue un factor determinante del desempeño negativo, según fuentes del sector.

"Quienes quedaron al frente no sabían cómo hacer las solicitudes de materia prima ni planificar la producción en un negocio tan complejo", dijo uno de los gerentes marginados. El malestar laboral se ha presentado en instalaciones como la de Morón, Carabobo, donde reclaman aumentos salariales.

Fuentes internas señalaron que esta semana comenzaron a recibir insumos para reiniciar la producción de las plantas. Una de ellas, paralizada desde octubre de 2010, volvió a activarse.


Con información de Katiuska Hernández

A 16 meses de la expropiación de Agroisleña (Agropatria)

EL NACIONAL - LUNES 06 DE FEBRERO DE 2012ECONOMÍA/4

Economía

INDUSTRIA Productores agropecuarios denuncian contrabando y venta con sobreprecio
Agropatria está endeudada y sin insumos a 16 meses de la expropiaciónLos problemas de la empresa obligaron al Estado a darle recursos para reflotarla y pagar a proveedores
KATIUSKA HERNÁNDEZDANIEL ESPAÑA y ELEONORA DELGADO 
khernandez@el-nacional.com



Desde que el Gobierno expropió Agroisleña en octubre de 2010 y asumió su control son varios los cambios que ha experimentado la empresa además del nombre. Desabastecimiento de insumos, retardo en la entrega de fertilizantes y semillas y dilación en el pago de la cosecha arrimada caracterizan la administración de la ahora Agropatria.
"Cuando vamos a comprar abono nos dicen que llegará en un mes porque no les han despachado, pero ni las matas ni el cultivo entienden eso de esperar 15 días a 1 mes, siguen creciendo y requieren de abono en el tiempo que establece la cosecha", afirmó un productor de hortalizas de La Grita, estado Táchira, que prefirió no ser identificado por temor a represalias.
Aseguró que los trabajadores de Agropatria no tienen mayor cosa que hacer durante sus horas laborales porque, "sencillamente, no hay insumos". "De Agroisleña pasó a Agropatria y ahora le llamamos Agroestante porque no hay nada que comprar. Sólo hay semillas y a precios exorbitantes. Desde hace 4 meses no llega abono".
Los fertilizantes, de acuerdo con el productor, son distribuidos frecuentemente a cooperativas de la zona, que se encargan de su comercialización y venta. "En enero fueron abastecidas en 8 oportunidades y los vendían al doble de su precio por paca, es decir, 50 bolívares", señaló.
Debido a los problemas de abastecimiento, los productores de La Grita se han visto obligados a comprar abono y fertilizantes de origen colombiano, por el que pagan hasta 200 bolívares el empaque.
Situación similar viven los agricultores de La Fría. En agosto de 2011 fue inaugurado un Agropatria comunal en el municipio García de Hevia, pero no dispone de insumos, lo que obliga a los productores a comprar materiales colombianos.
Arcas vacías. Fuentes del Ministerio de Agricultura y Tierras señalan que la falta de supervisión y control hizo que Agropatria se convirtiera en un barril sin fondo. "No hay control en las ventas, muchos insumos se sacaron de las tiendas para venderlos con sobreprecio a los productores. En las zonas fronterizas se registra contrabando.
Esas denuncias las hicieron los agricultores de hortalizas al Gobierno, sin que se hiciera nada", indicó un funcionario de bajo rango.
Miembros de la dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela admiten que la empresa está en quiebra.
"Es una empresa prácticamente inauditable, no había dinero para pagar a los proveedores internacionales. Muchas compañías extranjeras pidieron a sus embajadas que mediaran ante el gobierno de Chávez para que les pagara", dijo un miembro del partido oficialista que prefirió no identificarse.
Esta situación provocó la salida, agrega, del tren ejecutivo agrícola, y que el Presidente aprobara el punto de cuenta por 300 millones de dólares para reflotar la empresa, importar agroquímicos y maquinarias.
"El Presidente quería mostrar a Agropatria y a Agrovenezuela como una misión exitosa, pero los resultados no fueron los esperados", acotó. La orden de Miraflores es hacer seguimiento a los recursos entregados a Yván Gil, presidente actual de Agropatria, al punto de que debe regresar en año y medio 300 millones de dólares a las arcas del Fonden.
Los compromisos con proveedores internacionales son altísimos. "Les entregaron cheques sin fondo y ahora piden pago en efectivo para despachar", sostuvo un miembro de Agropatria.
Otro elemento que afectó las finanzas fue la reducción de los precios de los fertilizantes, agroquímicos y otros insumos, sin un estudio de costos que demostrara cómo impactaba la administración. "En menos de un año se redujeron los ingresos y no hubo dinero para pagar a proveedores, al personal y a los agricultores por la cosecha que se arrimó en los silos", dijo.
Racionamiento. Ezequiel Romero, presidente de la Asociación de Productores Rurales del municipio Guanare expresó que para el ciclo norte-verano no se consiguió el herbicida para la siembra de yuca y girasol. Para el ciclo de maíz, los insumos fueron entregados muy tarde y el apoyo de Agropatria a los agricultores no estipuló financiamiento en efectivo. "Cada quien tuvo que ingeniárselas para pagar personal y maquinaria", indicó.
Añadió que el dinero de la cosecha de maíz arrimada debió pagarse en noviembre y hasta la fecha no se ha hecho efectivo. La deuda con Asoguanare es de 400.000 bolívares. "Esta dinámica nos afecta mucho porque sólo recibimos respaldo en insumos de Agropatria, y ahora retrasan el pago que esperábamos para saldar las deudas por gastos operativos", dijo.
Los trabajadores de Agropatria en Portuguesa aseguraron que ha desmejorado el abastecimiento y la distribución. A las sucursales llega una gandola al mes con insumos, mientras que antes llegaban hasta cuatro a la semana.
Sobre el mantenimiento de las instalaciones, los vehículos y la maquinaria señalaron que no se tiene la rigurosidad de Agroisleña. Ahora se hacen las reparaciones cuando se daña el equipo.
Los productores recuerdan que la empresa en manos privadas suministraba entre 60% y 80% de agroquímicos, fertilizantes, semillas, maquinarias e insumos. En 2010, antes de la expropiación, Agroisleña llegó a financiar a 3.000 productores para la cosecha de más de 800.000 toneladas de rubros.
Además, el consorcio prestaba asesoramiento técnico y daba servicios agrícolas a más de 18.000 productores.

A un año de la expropiación de Agroisleña

EL NACIONAL - LUNES 03 DE OCTUBRE DE 2011ECONOMÍA/4

Economía

EMPRESAS Afirmán que plantas de agroquímicos no funcionan a cabalidad
Agropatria ofrece pocos insumos a productoresReconocen que han bajado los precios, pero no consiguen todos los agroquímicos
CÉSAR PARADAS DANIEL ESPAÑA LAUDELYN SEQUERA 


Los trabajadores del campo denuncian que la empresa los discrimina si no están inscritos en la Misión Agro ARCHIVO
Hoy se cumple un año de la expropiación de Agroisleña y del inicio de las operaciones de la estatal Agropatria. Los productores hacen un balance y encuentran que aunque bajaron los precios de algunos insumos y fertilizantes, no se consiguen en cantidades suficientes.
Afirman que hay racionamiento en las ventas y que privilegian a productores que están inscritos en la Misión Agro Venezuela, mientras que otros tienen que acudir a revendedores que comercializan los insumos mucho más caros.
El alcalde del municipio Unda en el estado Portuguesa y productor de café, Oswaldo Zerpa, señala que en Agropatria-Guanare venden el abono en 19,80 bolívares, pero llevarlo a la población de Biscucuy, por ejemplo, cuesta 10 bolívares por saco y luego trasladarlo hasta una finca otros 10 bolívares adicionales. "Así que el abono que se compra en Agropatria termina costando 40 bolívares, y los revendedores lo colocan en 60 bolívares o más".
Ezequiel Romero, presidente de Asoguanare, cuenta que ha recibido quejas de productores pequeños que han necesitado 10 sacos de abono y Agropatria sólo les vende 3. Debido a este problema, la asociación hizo un convenio con Agropatria: le suministran los insumos y se pagan al entregar la cosecha, como lo hacía Agroisleña. "Esto se logró luego de una lucha ardua.
Antes, el precio de los fertilizantes era más alto, pero había más disponibilidad y lo entregaban a las asociaciones para facilitar su traslado al campo y abaratar los costos", expresa.
Los agricultores afirman que con la empresa estatal no ha habido problemas para el almacenamiento y recepción de la cosecha, pero las plantas de procesamiento de agroquímicos como Proyefa, Inica, y otras, no operan a su máxima capacidad y el Gobierno ha tenido que importar insumos.
En Lara, los pequeños y medianos productores de hortalizas no están conformes con Agropatria. En Quíbor, donde se produce más de 60% de las cebollas consumidas en el país, reclaman la falta de insumos. "Desde que Agroisleña comenzó a funcionar dirigida por el Gobierno, cayó mucho la atención al productor y no hay asistencia técnica. Lo peor es que venden semillas y abonos en cantidades limitadas", apunta el agricultor Ramón Urquiola.
"No sé si el problema con Agropatria es la inexperiencia, pero lo cierto es que está complicándole la vida al productor. Por ejemplo, si uno va a comprar 50 sacos de abono, sólo venden 5, lo que incide en la reducción de la siembra y, por ende, en la comida para la gente", afirma William Sequera, pionero de la siembra en invernaderos en Quíbor.
Otro productor dedicado al cultivo de tomate agrega que la empresa cerró la entrega de créditos. "Yo quebré tres veces, y Agroisleña me dio financiamiento para recuperarme. Ahora Agropatria no ha entregado créditos y se me ha hecho imposible volver a sembrar".
Economía
INSUMOS A un año de la estatización
Dueños de Agroisleña negocian con el Gobierno pago justoEl ministro de Agricultura dijo que la empresa socialista atendió a más de 317.165 productores hasta agosto

KATIUSKA HERNÁNDEZ 


Los propietarios de Agroisleña se han reunido en varias oportunidades con el ministro de Agricultura y Tierras, Juan Carlos Loyo, para tratar el tema del pago por la expropiación de la empresa que incluye plantas de procesamiento de agroquímicos, semillas, fertilizantes, unidades de transporte, una red de tiendas entre otros bienes inmuebles.
"Estamos dialogando y discutiendo de acuerdo con la ley y de manera franca. El Gobierno es respetuoso del marco jurídico, pero hasta ahora no hay un avalúo concreto", expresó Loyo.
El Estado, a través del Grupo Agropatria (otrora Agroisleña), controla más de 70% del suministro de agroquímicos. Tiene 8 plantas de procesamiento de insumos y semillas, 8 silos, 228 unidades de carga pesada, 106 tiendas y 12 centros de acopio.
El ministro señaló que a un año de la estatización de Agroisleña, publicada en Gaceta Oficial el 4 de octubre pasado, el Gobierno ha logrado "romper el modelo capitalista y rentista que caracterizaba a la empresa".
Afirmó que también han abaratado en 40% los precios de los insumos agrícolas y elevado el número de productores beneficiados con apoyo de la Misión Agro Venezuela. Agregó que la planta de agroquímicos Proyefa, filial del grupo, triplicó la producción.
Negó que exista racionamiento. Entre enero y agosto Agropatria suministró insumos a 317.165 agricultores y espera cerrar el año con 475.752 beneficiados, un aumento de 228,10% en comparación con los 145.000 productores asistidos por Agroisleña en 2009.
Dijo que con esta dotación se abarcó una superficie de 1.159.000 hectáreas.
"El promedio mensual de atención de Agroisleña era de 12.083 productores en 2009, en el primer semestre de 2010 fue de 11.340 personas y en lo que va de año la cifra subió a 52.860 productores al mes, 366,17% más en un año", indicó.
Loyo dijo que han dado asistencia a 13.086 productores en zonas de difícil acceso mediante 130 operativos para cubrir 75.841 hectáreas, y se crearon 10 tiendas comunales para que los productores administren la dotación de insumos. En este caso, dijo que esperan abrir 80 tiendas de este tipo.
Enumeró que atendieron 33 asociaciones para la siembra de 380.846 hectáreas y suministraron insumos a 42 unidades socialistas. "Dimos financiamiento a 534 pequeños productores de 851,76 hectáreas con 3,87 millones de bolívares". 

Expropiación de Agroisleña y creación de Agropatria (I parte)


LOS HECHOS
03 Y 04 de octubre de 2010


PROPIEDAD Cerca de 18.000 productores del campo serán afectados por la medida
Chávez anunció expropiación de la empresa Agroisleña
Representantes de Fedeagro se reunieron de emergencia y aseguraron que la medida es la más dura tomada por el Gobierno contra el sector agrícola


ANDRÉS ROJAS JIMÉNEZ CARLOS CRESPO 
arojas@el-nacional.com ccrespo@el-nacional.com


Chávez anunció el inicio de una ofensiva contra el latifundio en Lara, Apure y Zulia CORTESÍA MIRAFLORES
La vuelta de Aló, Presidente cumplió con lo anunciado por el primer mandatario sobre la radicalización de la revolución. El presidente Chávez retomó su programa dominical con el anuncio de la expropiación de Agroisleña, empresa proveedora de al menos 70% de los insumos de los productores agrícolas.
"Agroisleña está expropiada.
Ven a mí que tengo flor", esta frase bastó para informarles a los dueños de la empresa, que otorga financiamiento directo a más de 18.000 productores, que pasaba a manos del Estado y que debían ponerse de acuerdo con el ministro de Agricultura y Tierras, Juan Carlos Loyo, para finiquitar el trámite.
Entre ataques a la burguesía y a los terratenientes, el Presidente informó que el Ejecutivo adelanta una ofensiva contra el latifundio que pretende recuperar 240.000 hectáreas en octubre y el doble en noviembre. "Continuaremos en el estado Lara, en Apure y al sur del lago de Maracaibo", señaló.

Acotó que en la entidad zuliana era necesario un operativo militar para recuperar las tierras que estarían protegidas por narcotraficantes y paramilitares, supuestamente amparados por las autoridades locales. "No debe quedar ni un hueso sano del viejo latifundio.
La Fuerza Armada debe hacer vuelos aéreos, y latifundio que vean repórtenlo para tomarlo y dárselo al pueblo".
Chávez realizó su programa dominical, que había sido suspendido desde el 22 de agosto, en el Proyecto Agrosocialista Río Tiznados, que está ubicado en el municipio Ortiz del estado Guárico.
Reacción en cadena. Los productores agrícolas y los gremios que representan esta actividad se reunieron ayer de emergencia y calificaron la decisión de Chávez como la medida más dura tomada por el Gobierno contra el sector agrícola, según reconoció un directivo de Fedeagro, quien anunció que hoy se conocerá la posición oficial de esta federación.
En varios de los estados en los que la empresa tiene presencia hicieron convocatorias por parte de los productores beneficiados por esta compañía, que suman alrededor de 18.000 y que reciben financiamiento directo. Este apoyo ahora quedará circunscrito al Estado.
La compañía fue fundada hace 52 años por el empresario canario Enrique Fraga Afonso y tiene presencia en todo el país.
En la actualidad es dirigida por el hijo del fundador, Luis Enrique Fraga, quien ayer sostuvo reuniones con sus asesores legales, directivos de Fedeagro y representantes de los productores para determinar las acciones que emprenderán.
"Agroisleña es una empresa española-venezolana que ha venido apoyando de manera continua y creciente el desarrollo y la producción de rubros agrícolas en Venezuela", indica la información oficial de la empresa y de allí que, se conoció, se iniciaron contactos con autoridades del Gobierno español de José Luis Rodríguez Zapatero para evitar que se vulnere la propiedad privada.
La empresa tiene 8 silos, 60 sucursales y suministra tecnología y agroquímicos que con la expropiación también serán asumidos por el sector público.
LAS REACCIONES 05 de octubre de 2010

Economía
EMPRESAS Denuncian que fincas tomadas por el Gobierno son para entrenar milicias
Fracaso de agrotiendas socialistas aceleró intervención de AgroisleñaDiputados electos alertan que intervenciones traerán más escasez y desempleo


KATIUSKA HERNÁNDEZ 
khernandez@el-nacional.com


La expropiación afectará a más de 2.500 personas que trabajan en la compañía JUAN CARLOS VALERO
La expropiación de Agroisleña y de las 11 fincas de Agroflora de la compañía inglesa Vestey, además del anuncio de la próxima intervención de más de 250.000 hectáreas, encendió otra vez las alarmas en el sector productor de alimentos.
Los diputados opositores electos a la Asamblea Nacional, Eduardo Gómez Sigala y José Manuel González, alertaron que esta es otra arremetida contra la empresa privada que dejará sin alimentos al país.
"Tenemos un desabastecimiento crónico y la única respuesta del Gobierno es que va a acelerar las expropiaciones.
Vamos a actuar y animar a los sectores a que se manifiesten, porque este proceso no es otra cosa que la concreción de una revolución destructiva que está liquidando los puestos de trabajo en este país", afirmó Gómez Sigala.
Denunció que las fincas que han sido intervenidas por el Gobierno son para entrenar milicias. "Son centros de entrenamiento de milicianos y no de producción de alimentos. El Gobierno controla más de 50% de los silos del país, más de la mitad de la producción de alimentos con empresas que ha tomado y no las ha pagado a sus propietarios, esto ya no es una expropiación es un despojo en la mayoría de los casos", agregó.
¿De qué sirve que el Gobierno tenga Pdval, la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas, Mercal y bancos, si no apoya efectivamente la producción de rubros alimenticios? "Los ingredientes con que se prepara el pabellón son importados, y ahora la arepa también. Se han importado 750.000 toneladas de azúcar, casi la totalidad de las caraotas que se consumen y 500.000 toneladas de maíz, y antes nos autoabastecíamos", dijo.
José Manuel González, ex presidente de Fedecámaras y de Fedeagro y ahora diputado por el estado Guárico, señaló que el fracaso de las agrotiendas socialistas aceleró la expropiación de Agroisleña. "El Ejecutivo montó unas agrotiendas socialistas que no han funcionado, y desesperados ahora toman la decisión de expropiar la empresa más eficiente que existe en el suministro de insumos, con el objetivo de destruirla", denunció.
González calificó la medida de irresponsable porque afectará a más de 2.500 personas que trabajan en esa empresa de manera directa. Dijo que se quedarán sin insumos y financiamiento más de 18.000 productores y se verá perjudicada entre 65% y 70% de la producción nacional agrícola que era apoyada a través de programas de Agroisleña.
Esta empresa apoyó la siembra de 200.000 hectáreas de maíz, 30.000 hectáreas de arroz, 10.000 hectáreas de hortalizas y 60% de la siembra de cebolla.
"¿Qué está haciendo el Gobierno con las fincas y tierras que se ha robado, porque es muy poco lo que se ha pagado? Lo que hace es incrementar la dependencia de las importaciones agroalimentarias para un proyecto político ideológico que pretende destruir el sector privado", afirmó González. 



PROTESTAS 


AGRO Agroisleña financió este año la cosecha de más de 800.000 toneladas de rubros alimenticios
"Se está expropiando la fuente de insumos de los agricultores"Hubo protestas contra la estatización y pidieron al Gobierno revertir la medida
KATIUSKA HERNÁNDEZ EQUIPO DE CORRESPONSALES 
khernandez@el-nacional.com



JUAN CARLOS VALERO Productores de todo el país acudieron a la sedes de Agroisleña a manifestar su apoyo a la empresa y a rechazar la decisión del Ejecutivo

Los productores agropecuarios no madrugaron ayer para sembrar y cosechar. Lo hicieron para protestar contra la expropiación de Agroisleña, empresa venezolano española, con 52 años en el país, a la que consideran vital para el desarrollo del sector. "Se quiere declarar la quiebra de la agricultura", gritaban a las afueras de la sede de Acarigua, en Portuguesa, donde se agruparon más de 400 agricultores.
Antonio Pestana, director de Fedeagro y de Asoportuguesa, dijo que la decisión del Gobierno causó consternación entre los agricultores que tienen comprometidos sus créditos en esa empresa, la principal casa comercial en la que adquieren insumos, materia prima y equipos para sembrar y producir. "No están expropiando a Agroisleña sino a la fuente de insumos de los agricultores; por eso nos sentimos afectados. Esta empresa nos suple de manera oportuna", dijo Pestana. Explicó que gran parte de los programas financieros y de producción del Gobierno no han sido efectivos porque no garantizan el suministro de semillas, insumos y otros materiales a tiempo, como lo hace la empresa privada. "Lo que se necesita es que el Gobierno invierta en otra Agroisleña; no que expropie las empresas que funcionan".
Guillermo Millán, productor de arroz de Portuguesa, alertó que la intervención de Agroisleña puede significar la quiebra del sector agrícola.
Piden rectificación. La junta directiva y los trabajadores de Agroisleña solicitaron al presidente Chávez que rectifique. La decisión de expropiar los tomó por sorpresa. El consorcio, cuya sede principal está en Cagua, en Aragua, cuenta con 60 tiendas, 8 silos y 1.200 empleados.
En Cagua los trabajadores repartieron volantes y exhibían pancartas: "No a la expropiación", "Agroisleña somos todos", "Somos Venezuela". La coordinadora de Importación, Milagro Rivas, declaró que el consorcio presta asesoramiento técnico, agroquímico, insumos, maquinarias, semillas, fertilizantes y fungicidas a 18.000 productores. "El país importa semillas para hortalizas, cereales, maíz, sorgo y pasto porque no reúne las condiciones agroclimáticas para producirlas".
El abogado de Agroisleña, Álvaro Posada, vocero designado por la junta directiva, leyó el comunicado de la empresa: "La única explicación que encontramos por los momentos es que el Presidente de la República no está bien informado".
Dijo que esta medida acaba en la práctica con la capacidad de Agroisleña para continuar apoyando la producción agrícola y la seguridad alimentaria. La empresa lleva a cabo un plan de financiamiento especial para más de 3.000 productores que están cosechando más de 800.000 toneladas de maíz, arroz y sorgo, entre otros rubros. Por ahora, agregó, la empresa se encuentra trabajando con normalidad.
Pedro Rivas, presidente de Fedeagro, advirtió que la medida de estatizar la empresa más importante suplidora de materias para la agricultura puede dejar desasistida a la mayoría de los agricultores. "Puede conllevar a la disminución de la producción interna de importantes rubros". Exhortó al Gobierno a respetar la propiedad privada y el derecho al trabajo. "Se debe tener sumo cuidado con las decisiones que se toman; se pudiera ocasionar serios impactos en la producción de cereales y en especial de hortalizas, porque son difíciles de sustituir con importaciones.
Manifestaciones como arroz. Adelaida Viña, coordinadora técnica de Agroisleña en Guanare, dijo que en el ciclo de invierno se financiaron directamente 60.000 hectáreas en todos los rubros en Portuguesa y de forma indirecta, a través de asociaciones de productores e instituciones del Estado, se otorgaron créditos para cultivar 40.000 hectáreas. En esta región se apoya más de 70% de la producción. "Es el pueblo agricultor el que está sufriendo, estamos siendo atropellados, un extraño se metió en nuestro hogares y nos está mancillando", sentenció Viña.
Jesús Fernández, trabajador de Agroisleña en Acarigua, sostuvo que sus compañeros se ven afectados porque con la expropiación se dará un paso atrás con las reivindicaciones obtenidas. "El Gobierno debe rectificar".
Luis Villalobos, cañicultor del municipio Papelón, dijo que no está de acuerdo con la expropiación de Agroisleña porque los programas del Gobierno limitan la entrega de abono y de otros insumos. "En la CVA me ofrecían 10 sacos de abono por entrega; si quería más tenía que hacer una cola, pero la producción y el campo no esperan, si se pasa el momento simplemente se pierde. Por eso acudo a Agroisleña; allí consigo financiamiento oportuno sin mayores trabas".
En Lara también se manifestó. "Aproximadamente 1.500 agricultores, todos clientes de Agroisleña, llegaron hasta la agencia para ofrecer su apoyo", dijo Rainimar Pérez, que trabaja desde hace tres años en la agencia de Quíbor.
"Lo que decidió el presidente Chávez es una injusticia", dijo una de las empleadas. "Muchos de nosotros somos sostén de familia, algunas madres solteras; de nosotros depende mantener a los nuestros. No somos políticos; nos dedicamos a atender de la mejor manera posible a los productores".
Agroisleña tiene 32 años en San Carlos. Justo Silva, trabajador del área técnico comercial, aseguró que atiende a 200 agricultores del estado y mantiene el financiamiento de 2.500 hectáreas de arroz. En Barinas se calcula que unos 2.000 trabajadores quedarán afectados: 80% de los productores agropecuarios y ganaderos de ese estado dependen de insumos y financiamiento que adquieren en esa empresa.

domingo, agosto 12, 2012

Dieta del venezolano depende de importaciones


Economía
MERCADOS La leche liquida es preferida por el estrato alto
Alimentos de mayor demanda dependen de insumos importados
La harina de maíz es el producto que más se consume entre las clases media y baja, según el INE
La encuesta de seguimiento del consumo de alimentos del Instituto Nacional de Estadística señala que para el segundo semestre de 2011 la harina de maíz, el arroz, el azúcar, la cebolla, la carne de pollo, el queso blanco, las pastas, los huevos, el aceite y la margarina son los 10 productos de mayor demanda entre la población. 

Al contrastar la disponibilidad de materia prima nacional para elaborar o procesar estos alimentos con las importaciones que hace el país, se observa que de los 10 productos de más consumo 7 dependen en más de 50% de materia prima comprada a otras naciones. 

El INE detalla que 94,15% de los hogares compra con más frecuencia harina de maíz, y el consumo diario por persona está en 85,42 gramos. En el balance agroalimentario del Ministerio de Alimentación se indica que las empresas procesadoras necesitan anualmente 1,2 millones de toneladas de maíz para elaborar harina. La producción nacional del cereal bajó 14% el año pasado. 

Por los puertos nacionales han ingresado entre enero y junio 200.000 toneladas compradas por la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas, y están en tránsito otras 350.000 toneladas. 

Las expectativas de la cosecha que comienza en agosto son similares a las de 2011, que estuvo cerca de 800.000 toneladas, con lo cual el déficit es de más de 400.000 toneladas, que tendrán que ser importadas. 

El segundo alimento de mayor consumo es el arroz. El INE refiere que 94,12% de los hogares lo compra para su dieta diaria y la ingesta es de 65,73 gramos por persona al día. El Ministerio de Alimentación calcula que las empresas requieren 1,3 millones de toneladas de arroz paddy seco y la producción nacional cubre 50%. A través de CASA este año se importarán más de 625.000 toneladas. 

El azúcar es el tercer rubro de más demanda y es adquirido con más frecuencia por 93,12% de los hogares. Cada venezolano consume diariamente, por lo menos, 46,14 gramos. Los números de la Federación de Asociaciones de Cañicultores reflejan que el consumo anual es de 1,2 millones de toneladas de azúcar refinada, pero la producción llegó a 450.000 toneladas, por lo que las compras externas superan 62,5% de la demanda. Es decir, 750.000 toneladas que tendrán que llegar de otras partes. 

En el caso del pollo, que es el cuarto alimento comprado con más asiduidad, la producción nacional cubre el consumo. Sin embargo, los alimentos balanceados para el sector avícola dependen 60% de maíz amarillo importado. Según la Federación Nacional Avícola, este año se han comprado en el exterior 971.927 toneladas de maíz amarillo. El pollo es el segundo producto más consumido después de la harina de maíz y la primera proteína de origen animal, con 80,08 gramos diarios per cápita. 

El INE señala que 91,29% de los hogares compra pastas y el consumo asciende a 47,43 gramos por persona al año. El procesamiento es nacional, pero 100% del trigo es importado. Alrededor de 1,5 millones de toneladas de trigo durum y panadero entran al país anualmente. El aceite vegetal, mezcla y de maíz, depende 80% de las importaciones de aceites crudos, al igual que la margarina. 

Menú por estrato. En Venezuela, indica el Instituto Nacional de Estadística, hay más de 7,04 millones de hogares, de los cuales 2,2 millones están formados por los estratos socioeconómicos I, II y III o de altos y medios recursos; más de 3,7 millones integran el estrato IV o medio bajo y en el V hay más de 1,1 millones de hogares de pocos ingresos. El menú y el consumo de alimentos varían de acuerdo con la clase socioeconómica. 

La encuesta del INE dice que la harina de maíz es el alimento de más demanda en la clase baja y media con 84,76 y 89,31 gramos diarios por habitante, respectivamente. La proteína que más come la clase baja es el pollo con 74,9 gramos por persona al día, mientras que el pollo es de mayor demanda entre la clase alta y media con 54,23 gramos y 51,58 gramos per cápita diarios. 

El estrato de bajos ingresos consume 44,53 gramos de carne al día. El de pastas alimenticias es más alta en esta clase socioeconómica con 50,81 gramos por habitante al día, mientras que en la media es de 48,22 gramos y en la alta de 44,19 gramos. 

El consumo de azúcar también es más elevado entre la población de escasos recursos con 50,56 gramos diarios por persona, mientras que en la media es de 46,68 gramos y en la alta de 43,02 gramos. 

El pan de trigo es más consumido por la población de altos recursos ­42,22 gramos diarios per cápita-, frente a 34,86 gramos de la población más pobre. El arroz es más consumido por la gente de estrato bajo, con un promedio de 73,98 gramos diarios por persona, al igual que la yuca, con 35,89 gramos. En el caso del plátano el mayor consumo está en los estratos I, II y III de más poder adquisitivo, con 49,71 gramos diarios por habitante. Y la leche líquida completa es preferida también por la clase de más recursos, mientras que en los estratos medios y bajos no aparece en la lista de los 10 alimentos de mayor consumo aparente, según el INE. En el rubro de frutas, las más consumidas por los 3 grupos socioeconómicos medidos por el INE son el cambur y la lechosa. 

Desprotegidos ante gigantes del sur


TEMEN QUE INGRESO AL MERCOSUR ACENTÚE ASIMETRÍAS Y CAÍDA DEL SECTOR AGRÍCOLA



Especialistas y productores del campo solicitan al gobierno de Hugo Chávez la aplicación urgente de medidas de salvaguardacomercial

Katiuska Hernández

Publicado en el diario El Nacional el 11 de julio de 2012 (Estrategia y Negocios)

Precios bajos, altos costos de producción, exceso de controles, escasez de insumos, vialidad y servicios en mal estado, amenazas de expropiaciones e invasiones y el clima adverso son las dificultades que afronta el agro venezolano para ser competitivo. La noticia del ingreso al Mercosur le cayó como un balde de agua fría a los productores que aún luchan por recuperarse de la mala racha de los últimos tres años y que ha acentuado la dependencia de las importaciones, debido a que la producción no termina de germinar para cubrir la totalidad de la demanda interna. El sector agrícola y agroindustrial se enfrentan al ingreso al bloque en las peores condiciones. La producción de alimentos en Venezuela se redujo 6,9% en el primer trimestre de este año, según el BCV. 

Aunque los productores luchan por recuperar las hectáreas perdidas de maíz, arroz y sorgo y de oleaginosas como el girasol y la soya en los últimos años, los resultados no son los esperados y la dependencia de las importaciones continúa. En azúcar, el déficit llega a más de 800.000 toneladas que deben traerse del exterior y la producción de maíz amarillo y blanco, para alimentos balanceados para animales y el procesamiento de harina precocida, no alcanza y hay que comprarla a otros países. 

La promesa de levantar el cultivo de café también está en el limbo, a 40 días para la entrada de la cosecha, los caficultores aún no reciben los recursos ni los insumos. 

En carne y leche, los ganaderos se quejan de los altos costos de producción y el rezago en los precios controlados. Productores agropecuarios de Fedenaga afirman que 50% del consumo de carne se atiende con ganado y carne congelada importada, y se mantiene el déficit de leche cruda, además de que 100% de la leche en polvo que se vende en el país se trae del exterior. 

En el sector agroindustrial la situación es similar. La regulación de precios, la restricción para adquirir divisas al cambio oficial, las leyes laborales y las nuevas cargas fiscales y parafiscales hacen poco competitiva la producción de alimentos. 

Adicionalmente, desde hace más de 4 años está prohibida la exportación de harina y ahora se hace desde Colombia, y otros alimentos básicos debido al déficit interno. De un país que exportaba 100.000 y 200.000 toneladas de arroz a países como Colombia, ahora Venezuela busca quién tiene arroz en el mundo para suplir el faltante. 

Asimetrías con el sur Gustavo Moreno, ex presidente de Fedeagro, recuerda que hace seis años cuando se analizó en el gremio el tema del Mercosur con el entonces ministro de Comercio, Gustavo Márquez, se solicitó incorporar al sector agrícola a las negociaciones y se propuso que se aplicaran todas las salvaguardias comerciales posibles para proteger y fortalecer la producción nacional. 

"Todas las integraciones deben considerar la situación de los países más débiles, ahora estamos dejando la CAN donde teníamos similitudes entre las naciones para entrar a un bloque totalmente asimétrico. En Mercosur, Uruguay y Paraguay ya se sienten atropellados por Brasil y Argentina y ahora ingresa Venezuela no por su potencial productor de alimentos sino por la chequera que tiene para comprar", alerta Moreno. 

Sostiene que la producción de cereales en esos países está basada en transgénicos, mientras que en Venezuela no se permite este tipo de cultivos aunque se está importando. 

"Este año pudo haber sido vital la siembra de maíz contando con material o semilla transgénica porque hubiese permitido una disminución de los costos de producción a la par de los países del Sur y un mejor manejo agroeconómico", dice al indicar que todo el pollo que se importa de Brasil y la soya es producida con material transgénico. 

"Si nos vamos a integrar, queremos que se haga en igualdad de condiciones", agrega Moreno. 

La inflación es otro de los factores en contra, puesto que en el Sur llega a un dígito y en Venezuela está por encima de dos dígitos. "En estos momentos es cuando el Ejecutivo de una forma seria y no política debería convocar a todo el sector privado sin distingo político para que podamos trabajar en función de lo que significa este impacto", exhorta el productor agrícola del estado Portuguesa. 

Moreno insiste en que los sectores sensibles que ahora serán los verdaderos perdedores de esta integración, requieren una protección y compensación urgente del Ejecutivo para evitar que desaparezca. 

Contrarreloj Eduardo Porcarelli, profesor de posgrado de Derecho Económico y de la Integración de la UCV, advierte que el sector agroindustrial no está preparado para enfrentar la integración con los gigantes del sur que son una potencia en el área. Señala que asumir este bloque sin preparar a los productores nacionales y sin unas políticas públicas adecuadas que permitan en el corto plazo recuperar la producción y la rentabilidad del agro se podría poner en riesgo muchos rubros sensibles que tenderán a desaparecer. Indica que en 2011, Venezuela importó de los países del Mercosur más de 1,92 millardos de dólares en productos agrícolas y alimenticios, mientras que sólo exportó en promedio 23.649 dólares. 

Destaca que de Argentina el principal producto que se importó el año pasado fue grasas y aceites animales y vegetales como soya, lo que constituyó 14% de las compras a ese país, el segundo producto que más se compró fue leche y productos lácteos que representaron 9,83%, los cereales con 7,47% del total de las importaciones agrícola, semillas y frutos oleaginosos 4,79% y preparaciones a base de cereales como harina de almidón y productos de pastelería 4,06%, las carnes significaron 3% del mercado y las hortalizas 1,32%. 

Las compras a Brasil básicamente están lideradas por el rubro de ganado con 18% de participación, carnes congeladas con 5, 73 % , confitería y azúcar 3,09% y café 1,28%. De Paraguay se adquiere carnes y despojos comestibles que representaron 36,99% del comercio con ese país, soya con 16%, semillas y frutos oleaginosos 13% y cereales como el maíz con 9,28%. Las compras a Uruguay fueron de carnes y despojos comestibles con 9,20% del total de alimentos que se importan de ese país, y leche y productos lácteos derivados 9,01%, crema de leche 8,59, quesos y requesón 7,49% y cereales trigo 3,42%. 

El especialista en integración y comercio exterior, Eduardo Porcarelli, refiere que la integración dejará desprotegida a la agricultura y agroindustria nacional, puesto que este bloque no tiene mecanismos de salvaguardia comerciales entre los países miembros y Argentina y Brasil son unas potencias productoras de alimentos. 

"Existe el acuerdo 59 que tenía el compromiso de liberar frente al Mercosur y tener algunos productos protegidos, pero con la adhesión completa de Venezuela a este bloque, ese convenio vence el 1° de enero de 2014, por lo que el país tendría entre este momento y esa fecha para aplicar un plan rápido de salvaguardias y de protección para poder incentivar la producción nacional, o quedarán a merced de un bloque poderoso que arropará a la débil agricultura venezolana", reitera Porcarelli. 

El profesor de la UCV recomienda diálogo inmediato entre el Gobierno y todos los sectores involucrados para poder negociar los productos que deben ampararse bajo el acuerdo 59, mientras dura su vigencia por año y medio. 

Recuerda que en este acuerdo Venezuela manifestó que se podrían proteger productos sensibles como carne, queso, cebollas, ajos, naranjas, mandarinas y otros cítricos, maíz, manteca, cacao, galletas, batatas, papas, jugos, mayonesa, jamones, leche, nata, mantequilla, arroz, harina de maíz, almidón de maíz, sorgo, aceites, embutidos de carne y otros. 

"Este acuerdo tiene la posibilidad de aplicar medidas especiales y de salvaguardia para el sector agrícola que se pueden aún utilizar para aquellos productos sensibles". 

jueves, agosto 02, 2012

El Gobierno controla 62,6% del mercado de alimentos básicos

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EL NACIONAL - Martes 20 de Marzo de 2012Economía/6

Economía

BALANCE Disponen de una red de distribución y procesamiento de 22.327 establecimientos


De 6 millones de toneladas de demanda nacional distribuyó más de 3,75 millones en 2011 a través de comercios estatales y privados


KATIUSKA HERNÁNDEZ 
khernandez@el-nacional.com



El Gobierno se ha convertido en el principal distribuidor y proveedor de alimentos básicos terminados como arroz, café, aceite, harina de maíz, leche en polvo, azúcar, granos, atún, carne de res, y otros, a través de la venta directa en los establecimientos Mercal, Pdval y abastos Bicentenario. Pero, además, constituye el principal proveedor de materia prima agrícola importada a la agroindustria privada, debido a que desde hace tres años se reserva gran parte de las compras externas de arroz, maíz blanco, café, azúcar cruda, algunas grasas, pollo y ganado bovino y carne congelada.

La Memoria y Cuenta del Ministerio de Alimentación detalla que del total de la demanda nacional de alimentos calculada en más de 6 millones de toneladas, el Gobierno aporta más de 3,75 millones de toneladas, lo que representa 62,6% del mercado. La cobertura en el sector de alimentos se elevó en un año de 32,4% a 62,6%.

En el informe se indica que la Misión Alimentación, que abarca desde los productos subsidiados que se venden en las bodegas de Mercal hasta la venta en los locales de Pdval y la red de supermercados abastos Bicentenario ­antiguos Cada y Éxito­, registró un incremento de 111,07% en el volumen de toneladas comercializadas, al pasar de 1,78 millones de toneladas en 2010 a 3,75 millones en 2011.

De esta cantidad, más de 2,08 millones de toneladas se colocaron sólo en las redes oficiales, mientras que la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas suministró a la red privada más de 1,67 millones de toneladas entre productos alimenticios terminados y materias primas, la mayoría importada.

En el informe también se señala que las ventas mensuales de las redes gubernamentales variaron de 148.429 toneladas en 2010 a 313.301 toneladas el año pasado. Apunta que en diciembre se logró colocar 350.000 toneladas entre alimentos de la cesta básica y los ingredientes para elaborar hallacas y productos alimenticios típicos de Navidad.

Venta subsidiada. La red de distribución y procesamiento de alimentos del Estado atiende 22.327 establecimientos desde puntos de venta hasta almacenadoras, plantas procesadoras, empaquetadoras, comedores, carnicerías, panaderías y areperas. El informe del Ministerio de Alimentación refiere que 15.993 son comercios, incluyendo bodegas Mercal, Pdval, frigoríficos y expendio de carnes fijo y móvil. También tienen 6.000 casas de alimentación, 43 panaderías, 200 areperas fijas y móviles, 22 plantas productoras, procesadoras y empaquetadoras, 13 fincas de Mercal para la producción de ganado bovino, 34 silos para almacenar rubros agrícolas a granel y 430 depósitos y centros de acopio, entre otros.

En el balance se indica que los precios de venta permiten un descuento o ahorro de 76,6% principalmente para quienes compran en Mercal, programa que tiene un subsidio de 6,3 millardos de bolívares. Mientras que en Pdval y abastos Bicentenario, el Gobierno asegura que se vende con un descuento de 21,6% en comparación con las cadenas privadas de supermercados.

domingo, abril 29, 2012


MERCADOS Y CONSUMO 

La mayoría adquiere la comida día a día


57% de los consumidores ajusta las compras al presupuesto

Un estudio de la empresa Kantar Worldpanel indica que los venezolanos están cada vez más afectados por la inflación




KATIUSKA HERNÁNDEZ 
BÁRBARA RODRÍGUEZ 




La mayoría de los consumidores venezolanos tiene límites al momento de comprar y gastar, debido al alto costo de los productos y a la pérdida del poder adquisitivo.

Un estudio de la empresa Kantar Worldpanel, que describe las características de los compradores en América Latina, detalla que en el caso de Venezuela 57% de las familias tiene un presupuesto estricto y 43% opta por una lista de compras para controlar el consumo y estirar el dinero disponible.

"En América Latina la gente suele ser optimista y considera que la situación mejorará, pero en muchas ocasiones se ven obligados a no gastar tanto, principalmente por la inflación", expresa Virgines Arias, gerente comercial de la empresa de mercado.

Agrega que para una gran cantidad de consumidores la cultura del ahorro no existe, porque se ven imposibilitados de reservar dinero. "Tienen que comprar alimentos y otros rubros básicos y cada vez son más caros debido a la inflación. No hay forma de ahorrar".

La frecuencia de compra también ha variado. Hay cada vez menos hogares que tienen la capacidad de costear un mercado de despensa, es decir, comprar en una sola visita al supermercado todos los productos que necesitan para un mes, señala.

"Lo que vemos es más personas yendo a comprar el consumo inmediato: la comida para el día o dos días máximo, porque viven con un presupuesto limitado y justo", una realidad que palpa día a día Josefina Viggiani, que depende de una pensión y, además, debe pagar el alquiler de una habitación.

Ella tiene un gasto mensual de 1.000 bolívares aproximadamente y piensa que su situación económica podría empeorar a causa de la inflación.

El estudio de Kantar Worldpanel describe que hay cuatro tipos de consumidores según su estado de ánimo y capacidad de gasto: los soleados que tienen un alto gasto por individuo y son optimistas; los cálidos con bajo gasto pero alegres y que consideran que su situación puede mejorar; los de lluvia, con alto gasto por individuo pero pesimistas y los de frío, que tienen poca capacidad de compra y, además, son negativos.

En Venezuela 38% de los consumidores se encuentra en la tipología de compradores cálidos, tienen límites al momento de gastar porque no tienen mucho poder de compra, pero están a la expectativa de que la situación pueda mejorar en el mediano plazo. En este grupo se encuentran las amas de casa mayores de 50 años de edad, en hogares pequeños y medianos.

En promedio, en América Latina 45% de los consumidores corresponde a esta tipología de cálidos. Tienen la sensación de estar mejor, pero limitan el gasto.

"El optimismo del consumidor viene dado por la manera en que cada individuo percibe sus finanzas con respecto al pasado y si piensa que su situación económica mejorará o será peor. Y también está el grupo de los soleados, donde están 34% de los consumidores venezolanos que son optimistas y mantienen un alto gasto por individuo", destaca la especialista en mercado. En el caso de los cálidos, la descripción abarca personas de la clase media baja, amas de casa jóvenes y con familias medianas y numerosas.

Mientras que 13% corresponde a compradores clasificados como de lluvia, es decir, que no tienen muchas esperanzas de que mejore la situación, pero están dispuestos a gastar y comprar. En este caso están los estratos socioeconómicos altos y medios altos, que pueden comprender amas de casa mayores de 50 años de edad y con hogares de uno o dos miembros.

"Para este grupo, las finanzas desmejoran y el futuro lo ven gris, tienen un alto gasto, principalmente en productos de la canasta básica y creen que han estado mejor en otros años", indica Arias.

En el caso de los consumidores fríos, que para Venezuela significa 15%, se describen como personas con una capacidad de compra baja y con un ánimo pesimista sobre su entorno y situación económica, allí figuran las clases media bajas y amas de casa entre 35 y 49 años de edad con un hogar de más de 5 personas.

¿Donde compran? El punto de venta de mayor alcance y más frecuentado por los consumidores son las panaderías, seguido de las bodegas de barrio y los supermercados independientes y los modernos. "En la panadería, además de comprar el pan canilla, se llevan bebidas gaseosas, jugos pasteurizados, leche, margarina, harina precocida, embutidos y otros productos para consumo inmediato".

Cuando van de compras, las personas prefieren las ofertas que le proporcionen un beneficio inmediato, como descuentos, productos en combos, artículos más grandes que cuesten menos, entre otros. "Las rifas y otras promociones que no se otorgan en el momento pierden atractivo, no son las más populares entre los consumidores venezolanos, ellos quieren el beneficio de inmediato como un producto con un valor agregado como los combos o el 2 x 1".

En un recorrido por varios supermercados y establecimientos, los consumidores manifestaron que llevar una lista es lo más prudente si no se quiere malgastar el dinero.

Jorge Dueñas, que reside en El Llanito y tiene una familia de 5 integrantes, gasta cada quincena más de 1.000 bolívares en los productos básicos y siempre lleva un control de los gastos.

Carmen Ribas, ama de casa, señala que prefiere ir a los grandes establecimientos para buscar productos difíciles de conseguir en otros lugares.

Sin embargo, prefiere los mercados populares que se hacen en las calles para conseguir los productos más frescos.