miércoles, abril 27, 2011

El café no da para vivir a los productores


Los bajos precios y la competencia desleal de las compras externas amenazan este rubro agrícola. Entre 2009 y 2010 se importaron 680.000 quintales que costaron 265,2 millones de bolívares

Katiuska Hernández

En la entrada del pueblo de Ospino, en el estado Portuguesa, permanece casi intacta la valla publicitaria del Plan Café. La promesa de construir viviendas dignas a los caficultores y dar incentivos para incrementar el cultivo, solo se lee en los carteles. Los productores señalan que de 75 viviendas proyectadas para la zona, se terminaron 22 y el llamado socialismo agrario no ha traído prosperidad en el campo.

"El precio del café no está bien, pero mientras los insumos suben. Si uno solicita un crédito llega tarde y se atrasa el trabajo de mantenimiento de las plantaciones", afirma Francisco Colmenares, caficultor del sector El Guayabal, de la parroquia La Aparición de Ospino.

Semanalmente, Colmenares baja de la montaña al pueblo para buscar un empleo temporal que le permita mantener a su familia a la espera de la temporada de cosecha de café para recoger cerca de 25 sacos.

"Con el Plan Café nos prometieron casa. En Caracas y aquí nos hicieron llenar puros papeles, y nada. Vivo en un rancho de bahareque que ya casi se nos cae encima. Tenemos 6 hectáreas sembradas y sólo sacamos unos 25 sacos y a veces 20; así que no queda otra, del café no se puede vivir. Además, tengo 7 hijos y por eso trabajo de jornalero cortando caña de azúcar para mantenernos", relata Colmenares mientras camina por la calle principal de Ospino. Justo al costado de la carretera, vía a la estación de Ospino, se ven las máquinas trilladoras llenas de polvo, no es tiempo de cosecha y por tanto están inactivas, pero hay quienes guardan uno que otro saco y aprovechan para venderlo al mejor postor a la orilla del camino.

"El precio debería estar por encima de 1.000 bolívares el quintal, pero nos cancelan menos de 500 bolívares. La realidad es que tenemos que cancelar más de 400 bolívares para traer la cosecha de la montaña al pueblo y, además, pagar empleados y el abono. El precio está bajo", insiste Colmenares, que ahora aguarda por los resultados de la nueva misión Agro Venezuela para ver si recibe financiamiento.

En la ruta a la zona alta de Ospino, Santa Lucia del Cerro vía al Chorro San Miguel, de la parroquia La Estación, el paisaje montañoso está adornado con plantaciones de café y algunas lucen abandonadas. La carretera no está asfaltada por completo, pero los productores señalan que no está tan mal como en otras partes.

Leonarda Aranguren tiene 73 años de edad y 50 viviendo de la producción de café.

Ella y su esposo han levantado 12 hijos. Dice que está cansada de pedirle al Gobierno que le dé financiamiento para recuperar el cultivo. Se conforma con la producción de una hectárea que ella y su marido tienen sembrada en el caserío de Santa Lucia. Vive en una casa de bahareque y afirma que la situación está muy mala.

"Ya el café no vale nada, tiene broca y roya, y lo que pagan por el quintal no alcanza para nada. Antes la plata valía, con un bolívar se podía comprar pan, galletas y las sardinas costaban un real. También uno se vestía con un bolívar porque se compraba dos metros de tela. Yo creo que Chávez se olvidó de los caficultores porque no da un buen precio", señala Aranguren, que aún espera la pensión de vejez que solicitó hace más de 7 años. Antes recibía una ayuda de la Gobernación del estado Portuguesa

Inseguridad galopante En las últimas semanas delincuentes han asaltado a productores y familias de Ospino. "Las camionetas jeep viejas o nuevas, que son las que sirven para subir a la zona productora, son muy codiciadas por los delincuentes.

Las roban y muchas veces piden rescate para devolverlas desvalijadas", denuncia Gregorio Villanueva, productor de la zona. El Plan Seguridad Bicentenaria no ha llegado a la región, agrega.

Al lado de la iglesia del caserío de Santa Lucía un aviso les recuerda a los vecinos que la actual segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Blanca Eekhout, fue elegida por ese pueblo, pero hasta ahora no ha dado respuesta a los problemas del lugar. Nunca se le ha visto por aquí, afirma un lugareño.

El plan que fracasó Gregorio Villanueva reconoce que el Plan Café, aprobado en 2005, tenía un objetivo positivo para el sector, pero no se cumplió de manera efectiva y tampoco se materializó la asistencia técnica adecuada y el seguimiento para garantizar que los recursos se invirtieran.

"Con ese plan nos darían apoyo para la construcción de minicentrales ecológicas en las zonas cafetaleras, transporte utilitario para trasladar la cosecha y prometieron 75 viviendas. Los recursos fueron otorgados por el Gobierno pero solamente se levantaron 22, igual sucedió con los minicentrales: se hicieron 4 en el municipio Ospino, que costaron más de 4 millones de bolívares, se colocaron las plantas eléctricas y toda la infraestructura, sin embargo la contratista Fanapar, encargada de la obra, incumplió y no instaló las maquinarias ni los equipos para que operaran", dice Villanueva, y añade que los minicentrales están prácticamente abandonados.

Refiere que esta infraestructura le facilitaría a los caficultores arrimar el grano cosechado y que se realizara el beneficio húmedo del café, y al tenerlo listo venderlo a las torrefactoras con un valor agregado que garantizaba un producto de calidad que se podía colocar a un mejor precio.

Agrega que 70% del café que se cosecha en Ospino no es beneficiado y el producto tiende a salir de baja calidad, lo que también afecta el precio pagado a los caficultores. En la zona se cosechaban 120.000 quintales y en la actualidad no llegan a 80.000 quintales que representan el sustento de 4.000 familias, aproximadamente.

Villanueva señala que la estatización de las empresas torrefactoras Fama de América y Café Madrid que le dan al Ejecutivo 75% del mercado procesador, ha permitido que por lo menos se le cancele a los productores el precio fijado en la Gaceta Oficial. Aunque aclara que sigue siendo muy bajo.

En Ospino, el quintal de café natural bueno, el Gobierno lo paga a 613 bolívares y los intermediarios en la calle entre 480 y 540 bolívares por saco. "Hay un piso en el precio del café que impide que baje demasiado, pero el aumento anual del grano no compensa los costos de producción y tampoco nos da un ingreso justo para mejorar las condiciones de vida de los productores", expresa.

Recuerda que el año pasado el costo de producción era, en promedio, de 1.400 bolívares el quintal, pero está regulado en un máximo de 747 bolívares, y en el mercado internacional el precio llegó a estar por encima de 320 dólares en marzo y en abril cerca de 316 dólares por quintal.

"Si aquí se vuelve a pagar un precio justo y se incentiva a los caficultores podremos volver a producir para satisfacer las necesidades del país y no habría necesidad de importar", reitera.

Vicente Pérez, director de Fedeagro, apunta que los incrementos aprobados en los últimos años están por debajo de la inflación. "Por eso hay tanta diferencia con los precios nacionales y los de Colombia.

Eso se refleja en una desmejora en la vida de los caficultores, muchas familias viven en pobreza". Es necesario tecnificar el cultivo y preparar a los productores, agrega.

Pérez propone que se retome la propuesta de diferenciar el café y pagar un precio más alto por los granos de más calidad y tipo gourmet. "Que se pague un mejor precio por el café premium y que el consumidor de pocos recursos pueda pagar por el producto más económico", sugiere.




Importaciones saldrán 270% más caras este año

El año pasado el Go-bierno importó más de 16.000 toneladas de café verde, equivalentes a 347.826 quintales (sacos de 46 kilos cada uno), para satisfacer las necesidades de las industrias torrefactoras. El consumo nacional es de 1,85 millones de quintales y la producción apenas se acerca a 1 millón de quintales.

El déficit se trae de Brasil, Nicaragua y El Salvador. Entre los años 2009 y 2010 se calcula que ingresaron al país 680.000 quintales, pagados a 150 dólares por saco, aproximadamente. Estas compras externas le costaron al país 102 millones de dólares, que multiplicados por 2,60 bolívares por dólar suman un total de 265,2 millones de bolívares.

Ahora, con el tipo de cambio a 4,30 bolívares y el alza del café en el mercado internacional a más de 300 dólares, esta misma cantidad de café importado le saldrá al país en 204 millones de dólares. El equivalente a 877,2 millones de bolívares que se gastarán en importaciones.

En comparación con lo que se pagó entre 2009 y 2010, saldrían 230,7% más caras este año por el aumento internacional del grano. Los productores critican las compras externas y señalan que el Gobierno en lugar de invertir estos recursos en importaciones debería aprobar mejores precios a los caficultores venezolanos e invertir en viviendas, infraestructura y planes de recuperación y renovación del cultivo.

sábado, abril 09, 2011

CAE LA PESCA DE ESPECIES MARINAS 54,22%


Producción anclada.


KATIUSKA HERNÁNDEZ


La pesca de especies del mar se redujo en 2010 54,22% según la Memoria y Cuenta del Ministerio de Agricultura y Tierras. De 383.309 toneladas de pescados que se capturaron en 2009 en el mar, disminuyó a 175.454 toneladas el año pasado. La caída más acentuada se registró en el atún que pasó de 35.152 toneladas en 2009 a 17.420 toneladas en 2010, 50,44% menos. Esta especie cuesta en las pescaderías 65 bolívares el lomo, 48% más caro que en 2010, mientras que el atún en rueda se vende en 42,80 bolívares el kilo. Igualmente se redujo la captura de bagre en 21,57% de 3.909 toneladas en 2009 a 3.066 el año pasado. La captura de carite también disminuyó 15,18% al pasar de 5.113 toneladas a 4.337 toneladas, y en el mercado municipal esta especie se consigue en 42,80 bolívares, un alza de más de 42%. La pesca de corocoro que era una de las que se practicaba con el arrastre, se redujo 9,91% al pasar de 1.604 toneladas a 1.445 toneladas. En las pescaderías el precio de este pescado es de 32,80 bolívares el kilo y el año pasado costaba 20 bolívares. La pesca de jurel disminuyó 31,17% al pasar de 4.556 toneladas a 3.136 toneladas y el precio en el mercado es de 38 bolívares. La pesca de pargo cayó 50,04%. En 2009 se capturaron 9.114 toneladas de este pescado y el año pasado solo se lograron 4.553 toneladas, de allí el alto precio del producto que supera los 68 bolívares el kilo y hasta más de 70 en algunas pescaderías. El Gobierno tiene ferias socialistas del pescado en varias plazas de la capital y zonas populares. Insopesca asegura que el ahorro es de hasta 65% en comparación con los mercados privados. El atún lo venden en 18 bolívares el kilo, el dorado en 30 bolívares y el camarón en 35 bolívares. Además de rayado blanco a 35 bolívares y cachama a 17 bolívares.

Gobierno importó 83,48% de los alimentos


KATIUSKA HERNÁNDEZ khernandez@el-nacional.com



La Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas, CASA, importó el año pasado 3.075.627 toneladas de productos, lo que representa 83,48% del total de las compras que hizo esta empresa estatal y que suman 3.684.268 toneladas. A los proveedores nacionales le compraron 608.641 toneladas. Para las reservas estratégicas se adquirieron 873.661 toneladas, la mayoría también importada CASA pagó a proveedores internacionales 6,94 millardos de bolívares, mientras que las compras nacionales salieron por 1,98 millardos de bolívares. El Gobierno importó a través de la corporación 102.500 toneladas de aceite, por las que pagó más de 340 millones de bolívares, También trajeron del exterior 620.000 toneladas de arroz, valoradas en más de 742,54 millones de bolívares. La compra externa de este cereal contrasta con su caída en la producción nacional que, según la memoria y cuenta del Ministerio de Agricultura y Tierras, se redujo 12,6%, al pasar de 1,19 millones de toneladas a 1,04 millones de toneladas. El año pasado el Gobierno importó 947.500 toneladas de azúcar que costaron 1,03 millardos de bolívares, 16.000 toneladas de café verde por las que pagó 159,5 millones de bolívares, por 78.000 toneladas de carne bovina canceló 914,22 millones de bolívares y por 115.911 toneladas de leche en polvo 1,11 millardos de bolívares. Igualmente trajeron del exterior, para abastecer el consumo nacional de alimentos balanceados para animales y otros usos, 345.000 toneladas de maíz amarillo que costaron 254,6 millones de bolívares. Para la industria de harina de maíz precocida, importó 350.000 toneladas de maíz blanco por las que se pagaron 339,91 millones de bolívares. El año pasado CASA suministró tanto arroz como maíz a las agroindustrias privadas. La lista de importaciones también incluye 253.000 toneladas de pollo por un valor de 1,27 millardos de bolívares, 44.500 toneladas de pastas de trigo por las que se pagaron 138,14 millones de bolívares, 17.000 toneladas de margarina untable valoradas en 95,8 millones de bolívares, 14.000 toneladas de salchichas por 60,78 millones de bolívares, 23.000 toneladas de caraotas negras por 57,56 millones de bolívares, además de 1.000 toneladas de atún (18,7 millones de bolívares) y 7.049 toneladas de pernil valoradas en 75,84 millones de bolívares. En el caso de las compras nacionales el mayor volumen fue de 185.460 toneladas de arroz por las que se desembolsaron 252,81 millones de bolívares, 162.000 toneladas de harina precocida por 153,51 millones de bolívares, 76.500 toneladas de pastas alimenticias por 115,99 millones de bolívares y 76.323 toneladas de azúcar por las que se pagaron a proveedores locales 98,72 millones de bolívares. Además, de aceite adquirieron 56.420 toneladas, 1.000 de caraotas, 26.400 de harina de trigo y 6.950 toneladas de pollo.

miércoles, marzo 02, 2011

Decae el emporio agropecuario del Sur del Lago de Maracaibo



Los comercios registran menos ventas y los productores temen caída en los rubros plátano, palma, leche y carne. La militarización de la zona no ha reducido la inseguridad.

KATIUSKA HERNÁNDEZ

La pujante producción de carne, leche, palma aceitera y plátano del Sur del Lago de Maracaibo, comienza a decaer. A las lluvias, que dañaron gran parte de la cosecha y causaron la muerte de animales, se ha sumado la toma de fincas cuyas actividades son clave para la economía agropecuaria de la zona.

"La decisión arbitraria del Gobierno de tomar fincas en plena producción y confiscar lo que se produce ha traído más desinversión y desánimo en la comunidad. Hasta los comercios reportan caídas de las ventas porque los ganaderos, que eran sus principales clientes, han dejado de comprar insumos por temor a que les pase lo mismo que a los productores, que le quitaron las haciendas", manifiesta el diputado de la Mesa de la Unidad, Juan Romero.

El ministro de Agricultura y Tierras, Juan Carlos Loyo, admitió en la Asamblea Nacional que se cuantificaron 500 millones de bolívares en daños en la vialidad de los municipios del Sur del Lago de Maracaibo, debido a las inundaciones y lluvias del año pasado. Agregó que se perdieron 14.000 hectáreas sembradas de plátano, palma aceitera y algunas de cacao, además de la muerte de aproximadamente 12.000 animales entre reses y otras especies.

Menos producción
Con la excusa de la emergencia causada por las lluvias, el Gobierno decretó el rescate de 47 fincas en el Sur del Lago el 17 de diciembre de 2010, posteriormente se agregó a la lista otra para un total de 28. Hasta la fecha 18 haciendas han sido devueltas a sus propietarios, pero sin ningún documento que certifique la derogatoria de la intervención. Las 26 que siguen militarizadas registran caídas en la producción y deterioro de las plantaciones.

En la hacienda La Chapala, de la familia Newman, la producción fue totalmente confiscada.

Sus dueños no tienen acceso ni a la casa ni a las cuentas por las ventas de carne y leche, que ahora administra el Gobierno.

En la hacienda Bolívar, de la familia Brillembourg, los militares custodian la entrada. Sólo permiten el ingreso a personal de la Fuerza Armada y del INTI. Esta finca tenía 12.500 reses antes de las lluvias y producía 7.000 litros de leche al día. Por las inundaciones se redujo a 5.000 litros diarios y el rebaño pasó a 8.500. Entre enero y febrero la producción láctea descendió a menos de 1.600 litros por día, y se han sacado sin autorización más de 400 reses.

En la hacienda La Palmita, el Ejecutivo prohibió la venta de 60 reses que estaban listas para el matadero e intentaron confiscar la leche.

En la finca El Milagro, dedicada a la producción de palma aceitera, una parte de las plantaciones, alrededor de 80 hectáreas, tiene plagas por falta de mantenimiento. Al igual que en Olla Grande, considerada una finca modelo para la producción de plátano en América Latina. En esta finca encontraron la plaga sigatoka, que daña el follaje y reduce la productividad.

Sigue la inseguridad
La creación del Distrito Militar del Sur del Lago ha traído incomodidad a la población.

Las pocas vías principales de Santa Bárbara se congestionan por la cantidad de alcabalas instaladas.

Pese a la gran presencia de militares, los productores agropecuarios señalan que no se ha reducido la inseguridad en la zona, al contrario, en plena activación del Distrito Militar, más de 20 hombres armados secuestraron al ganadero Ildemaro Boscán, cuando llegaba a su fundo La Muñeca, a pocos minutos de la población de Santa Bárbara.

Rubén Darío Barboza, productor agropecuario, refiere que no entiende cuál es la garantía de seguridad si continúan los secuestros. "Además con medidas como las de intervención de fincas es imposible, lograr el milagro agrícola socialista que pregona el Gobierno".

Obligan a productores a colocar la producción en empresas del Estado

AGRO "Si me quitan la hacienda es como si me quitaran la vida"

Reinaldo Celis, propietario de La Palmita, tiene más de dos meses sin vender ganado por la intervención

Katiuska Hernández
(publicado en el diario El Nacional el domingo 27 de febrero de 2011)
Las intervenciones de fincas en el Sur del Lago de Maracaibo, que abarca municipios de los estados Táchira, Mérida, Trujillo y Zulia, trajo mayor incertidumbre y preocupación al sector ganadero y agrícola de la región, que padece desde hace años los problemas de inseguridad por los secuestros.

La medida del Instituto Nacional de Tierras se aplicó el 17 de diciembre del año pasado contra 47 fincas, con el alegato de que se necesitaban para atender la emergencia causada por las lluvias. Hasta ahora unas 18 haciendas han sido devueltas a sus propietarios, pero no se ha derogado la resolución de intervención de estas tierras.

Los productores sostienen que el Gobierno ha dado una especie de propiedad condicionada, en la que les da derecho a ocupar las haciendas pero se les niega la libertad de vender, producir y trabajar normalmente. Están obligados a colocar toda la producción en empresas agroalimentarias socialistas. Mientras tanto, los ganaderos que tienen las fincas militarizadas están a la espera de que el Ejecutivo defina si pagará las bienhechurías o devolverá la propiedad. Hasta ahora unas siete fincas han demandado ante tribunales agrarios la nulidad de la medida de rescate del INTI y han solicitado que se suspenda la medida de aseguramiento que les impide disponer de la producción y los bienes. Algunas de las que padecen esta situación son las haciendas Bolívar; El Peonio; Olla Grande; Santa Rita, La Rosa; El Milagro, en Zulia, y La Palmita, en Mérida.

Acuerdo a medias. La decisión del Gobierno de devolver las fincas no ha sido transparente y los productores sostienen que mientras no exista una resolución en la que el INTI apruebe la derogatoria de la acción administrativa sobre cada una de las tierras, el fantasma de la intervención seguirá pesando sobre las unidades de producción.

Julio Luzardo, dueño de Costa Verde, recibió la noticia de que su finca había sido devuelta.

Confirma que ya no hay presencia militar ni de funcionarios del INTI en el lugar, pero aún no cuenta con un documento legal que manifieste que el Estado deroga la medida de rescate.

Indica que en una reunión con el INTI, funcionarios del Gobierno propusieron la conformación de la Red de Productores Libres y Asociados.

Sin embargo, Luzardo no aceptó las condiciones. "No voy a ser productor asociado. Ellos querían que diera 20%, o más, de la producción al intercambio, como una especie de trueque. Eso no me quedó claro y no acepté. Para Rafael Urdaneta, propietario de Villa Olga, el Gobierno trata de engañar haciendo creer que reconoce la propiedad privada sobre las haciendas.

"No tenemos acceso a las guías para movilizar el ganado. El Gobierno dice que nos regresó la finca pero la realidad es que nos dejan como ocupantes de nuestras fincas y no como dueños, porque estamos a expensas de lo que decida el INTI. Se llevaron los militares pero no dejaron por escrito que nos devuelven la finca", manifestó Urdaneta.

Denunció que el Gobierno ofrece dinero a los productores agropecuarios para que prácticamente entreguen las fincas y la producción al Estado. "Esto está pasando porque nos quieren comprar la conciencia", dijo.

Para Urdaneta la propiedad privada en este momento en materia de tierras no existe.

Preso en su propia casa. A más de dos meses de la intervención y militarización de la zona, Reinaldo Celis, propietario de la hacienda La Palmita (485 hectáreas), ubicada en el municipio Andrés Bello, del estado Mérida, sigue con las manos atadas.

Celis sostiene que el Gobierno le impide continuar con las actividades normales como la venta de ganado a los mataderos y el arrime de la leche a empresas lácteas con la garantía de pago. "No hemos podido vender el ganado; y la leche ha sido decomisada a los productores intervenidos en el estado Mérida". Tradicionalmente La Palmita despachaba la leche a Lácteos Los Andes, pero ahora el Gobierno no le ha dado garantía de pago y Celis optó por dar el producto a la comunidad.

"Considero que mi caso fue una equivocación, porque quitarme La Palmita es quitarme la vida, yo doy la vida por esta finca. Estoy viviendo ya más de dos meses con tensión y todas las noches tengo pesadillas, cuando me asomo y veo los militares siento como si estuviera preso", relató Celis.

Aclaró que han establecido una convivencia de respeto con los efectivos militares porque la finca no sólo es el lugar de trabajo, sino también la vivienda principal que comparte con empleados.

Sostuvo que la labor de productor agropecuario es muy difícil, y en su caso lo han intentado secuestrar cuatro veces. "Uno sacrifica la vida por este trabajo. Nos preguntamos si tener improductiva la tierra es un delito, al parecer también lo es tenerla productiva", señaló Celis, que también es presidente de la Asociación de Ganaderos del municipio Alberto Adriani.

Despojo andino. Para la familia Newman la medida de rescate contra la finca de su propiedad La Chapala (578 hectáreas) llegó como otra nefasta noticia.

La producción agropecuaria les ha dado muchas alegrías pero también tristezas e incertidumbre, porque han sufrido varios secuestros de seres queridos.

José Albino Newman Briceño, de 82 años de edad, manifiesta que luego de la intervención de la hacienda por parte del Gobierno le negaron el acceso a la propiedad y le han confiscado la producción de carne y leche.

"Me da mucho sentimiento, porque han sido 56 años de mi vida trabajando en la finca, hasta perdí un dedo. Todo el sacrificio que he hecho y mis recuerdos están en esa hacienda", relató Newman, que señaló que llegaron a producir 1.500 litros de leche al día. No obstante, al desarrollar la ganadería de ceba para carne, el ordeño se estabilizó entre 900 y 1.000 litros diarios.

Los propietarios de La Chapala esperan que el Gobierno aclare la situación. "Estamos dispuestos a negociar con el Gobierno, si ellos quieren comprarla se la vendemos, y si nos la quieren devolver la recibiremos con gusto para continuar produciendo, que es lo único que sabemos hacer".

En la Hacienda Bolívar de la familia Brillembourg, la presencia militar es constante. Los propietarios no han tenido acceso a la finca y la producción de carne de alta calidad y de leche está confiscada. Antes de las lluvias en esa unidad había más de 12.500 reses y se producían 7.000 litros de leche al día. Esto bajó a 5.000 litros luego de las inundaciones y el rebaño pasó a 8.500 reses. Entre enero y febrero la producción láctea cayó a menos de 1.600 litros por día.

sábado, febrero 05, 2011

En ocho años de regulación los precios de los alimentos han subido 663%


EL NACIONAL - Sábado 05 de Febrero de 2011 Ciudadanos/1

Ciudadanos

MERCADOS Y CONSUMO En ocho años de regulación los precios de los alimentos han subido 663%
Los consumidores reconocen que los controles acentúan la escasez

51,3% de los encuestados por Datanálisis afirma que hay fallas en el abastecimiento de alimentos

KATIUSKA HERNÁNDEZ
LUZANGELLY MEDINA
khernandez@el-nacional.com
Lmedina@el-nacional.com





La escasez de productos de la cesta alimentaria se ha vuelto crónica en el país. En enero, los anaqueles de los supermercados reportaron fallas en el inventario de leche en polvo, carne de res de primera, aceites comestibles, café, azúcar y margarina. Además de la ausencia de algunos alimentos, los consumidores sufren la falta de marcas de toallas sanitarias, pañales, champú, crema dental, enjuague bucal, papel higiénico y servilletas, entre otros productos de cuidado personal.

Un estudio realizado por Datanálisis entre 800 personas revela que 51,3% de los entrevistados afirma que la situación de abastecimiento de alimentos en los lugares donde realizan normalmente las compras para su hogar es negativa. La medición, que se realiza desde agosto de 2007, reporta picos de escasez de productos.

En febrero de 2008, 76,6% de los entrevistados sostuvo que el abastecimiento de productos era negativo, en septiembre de ese mismo año el porcentaje bajó a 61,2. En julio de 2009 se ubicó en 59,5% y en marzo de 2010 en 68,2%.

Se advierte que a causa de la devaluación, la falta de productos que dependen de insumos importados, que antes se pagaban a la tasa cambiaria de 2,60 bolívares y ahora se compran en el exterior a 4,30 bolívares, podría acentuarse.

Además, hay un rezago entre los costos reales de producción y los precios regulados. El kilo de carne de res cuesta 17,60 bolívares desde agosto de 2008.

Los ganaderos sostienen que los costos se han elevado y que la producción nacional no es rentable y, en lugar de ajustar los precios, el Gobierno ha optado por importar, pero la devaluación también pone en riesgo el abastecimiento del producto traído de Brasil y Argentina.

En el caso las pastas de trigo, el último aumento se produjo en mayo de 2009. Las agroindustrias reportan en 21 meses de precios congelados pérdidas por el alza de la materia prima internacional, mano de obra, costos de producción, inflación interna y el efecto de dos devaluaciones.

Los aceites comestibles de maíz, mezcla y girasol tienen 20 meses sin aumentos. En junio de 2009 el Gobierno decidió bajarlos y, ahora, se registran altos costos de producción por el encarecimiento de la materia prima, salarios y otros componentes.

El control de precios fue aprobado el 6 de febrero de 2003 y publicado en Gaceta Oficial el 11 de ese mismo mes. En 8 años de aplicación, la inflación no se ha frenado. El índice nacional de precios al consumidor registró una aceleración de 376% entre febrero de 2003 y diciembre de 2010, y los alimentos y bebidas no alcohólicas se incrementaron 663%. En ese período además, los salarios subieron 544% y los aumentos de precios en los rubros regulados no compensan los altos costos de producción.

A favor y en contra. La percepción de los consumidores, en general, es que el control de precios no ha logrado abaratar el mercado. José Hernandez, consumidor de Abastos Bicentenario, sostiene que la regulación causa escasez. "El precio de los alimentos está regulado, pero es difícil conseguir los productos. No hay harina de trigo, ni aceite, ni mayonesa. Muchos comerciantes informales aprovechan la ausencia de estos productos para venderlos al doble de su precio".

Para Marta Medina el control de precios es una utopía.

"Nadie cumple la regulación, muchos productos de cuidado personal y limpieza del hogar suben cada 3 meses al igual que algunos alimentos. Deberían regular todos los productos, no sólo los básicos. ¿De qué sirve un aumento anual de salarios si cada mes todo sube?". Nicole Rojas, consumidora del Central Madeirense, no opina lo mismo. Cree que el control de precios es una medida perversa: los empresarios no invierten y pierden con la producción de alimentos regulados y mientras se encarecen los productos excluidos. "Prefiero que liberen los precios para que exista una mayor variedad y competencia", destacó Rojas, quien criticó que mientras a los empresarios los sancionan por violar la regulación, a los buhoneros no se les aplica la ley.

Hugo Gómez, consumidor del Abasto Bicentenario, explicó que está de acuerdo con el control de precios porque de otra forma el dinero no le alcanzaría. "Se debería regular todos los productos como los pañales, que cada día están más caros".

Para Francisco Piquer el control de precios genera nerviosismo en los consumidores y agrava el desabastecimiento de productos. "No ayuda a bajar la inflación, ya no hay producción nacional, todo se está importando y escasea. Esta semana no conseguí mayonesa y el otro problema es que ante la desabastecimiento algunas personas compran cantidades exageradas de productos para prevenir y se empeora la situación".

jueves, diciembre 30, 2010

Devaluación generará alza de los alimentos


Katiuska Hernández
katiuskahernandezrojas@gmail.com
@Lachurry

El Ministro de Planificación y Finanzas, Jorge Giordani, anunció la eliminación de la tasa de cambio 2,60 bolívares por dólar, que se aplicaba para la importación de alimentos, medicamentos, insumos agrícolas, materia prima y químicos.
Ahora estos rubros tendrán que ser importados calculando el tipo de cambio a 4,30 bolívares, lo que representa una devaluación de 65,38%. Lo que significará sin duda un alza de los precios de alimentos básicos importados.
Según Fedeagro Venezuela compra en el exterior alrededor de 70% de rubros agrícolas y alimentos terminados para atender el consumo interno.
La FAO alertó que en 2011 subirán los precios de los alimentos a nivel internacional. Ahora con la devaluación, la comida importada le saldrá más cara a Venezuela, mientras continúa la política de intervención de fincas en plena producción de carne, leche, palma aceitera, caña de azúcar, frutales y plátanos.
Con esta medida más de 3.089 rubros que estaban incluidos en la lista de productos que se importaban a 2,60 bolívares, tendrán que ahora comprarse en el exterior a 4,30 bolívares.
Entre los rubros tendrán que ser importados a 4,30 bolívares están químicos y reactivos para elaborar medicamentos; fármacos como amoxicilina, ampicilina, morfina, además de sangre humana; tratamientos para enfermedades como el VIH y oncológicos y equipos para rayos x, entre otros productos relacionados con el sector salud. Igualmente abono, cosechadoras y trilladoras entre otras maquinarias agrícolas.
Entre los alimentos básicos que ahora pasarán a importarse con la tasa cambiaria más cara, están el trigo, la leche, la carne de res, el pollo, la margarina, maíz, azúcar, café, arroz, frijoles, hortalizas, aceites entre otros.
Alrededor de 3.753 rubros ya estaban siendo importados a una tasa de 4,30 bolívares desde enero pasado.
Con la devaluación del tipo de cambio de 2,60 a 4,30 bolívares, también se afectan las remesas estudiantiles, familiares y las importaciones de alimentos del Gobierno para surtir a Mercal y Pdval.

martes, octubre 26, 2010

Otra expropiación más: Owens Illinois

Comunicado de la empresa Owens Illinois ante la medida del Gobierno de expropiar las plantas en Venezuela:


DECLARACIÓN OFICIAL

Anoche tuvimos conocimiento de que el gobierno del Presidente Hugo Chávez anunció la expropiación de nuestras operaciones en Venezuela. Estamos sorprendidos por la decisión y estamos preparados para trabajar con el ejecutivo de gobierno para entender a cabalidad la situación.

Durante más de 50 años, O-I ha sido el proveedor de envases vidrio para alimentos y bebidas para satisfacer las necesidades del pueblo venezolano. Nuestras dos plantas en Venezuela, ubicada en Los Guayos y Valera, emplean a más de 1000 personas y representan menos del 5 por ciento de nuestros ingresos globales en ese segmento. Seguimos comprometidos con el cumplimiento de todas las leyes y reglamentos vigentes en el país.

miércoles, septiembre 22, 2010

En Venezuela consumidores compran menos


Economía EL NACIONAL 22 de septiembre de 2010

MERCADO Precios de artículos de consumo masivo crecieron 38,8%
Ventas de productos lácteos cayeron 7,6% en un año

Nielsen reporta disminución en la demanda de condones, cepillos dentales, champú, talco y desodorantes

KATIUSKA HERNÁNDEZ

Las ventas de productos de consumo masivo en Venezuela decrecieron en el último año, según el estudio de la consultora Nielsen que evalúa el volumen de demanda y precios de 102 categorías que se comercializan en supermercados, hipermercados, abastos, farmacias, perfumerías, kioscos, panaderías, licorerías y ferreterías.

El informe indica que 49% de los 102 productos evaluados, registró una reducción en los volúmenes de ventas en 11,5%. Los consumidores, entre julio de 2009 y julio de 2010, compraron menos cantidad, pero pagaron en promedio 38,8% más, debido al alza de los precios de los rubros no regulados.

Por cesta de productos, los lácteos reflejan la mayor caída entre julio de 2009 y julio de este año, con una contracción de 7,6% en el volumen de ventas.

El reporte señala que estos alimentos entre los que se incluyen quesos, leche larga y corta duración, yogures y otros derivados, fueron afectados por la situación de emergencia eléctrica.

Menos chucherías. Otra de las categorías que registra un descenso importante ­4,3%- son los llamados productos impulsivos, aquellos que se compran más por antojo que por necesidad. En esta cesta se encuentran chucherías, helados, pasapalos, dulces, galletas, chicles y otros. Entre los denominados misceláneos como bolsas plásticas para la basura, papel aluminio, ollas, utensilios de cocina, electrodomésticos y otros equipos, se reporta una caída de 7,6% en las ventas.

Los artículos de cuidado personal también reflejan una reducción en la demanda en 2%, mientras que los precios en promedio se elevaron 61,6%. El reporte de Nielsen indica que decreció la venta de toallas húmedas para bebes, cepillos de dientes manuales y eléctricos, artículos de protección femenina, condones, champú, tintes, hojillas, talcos, desodorantes, enjuague bucal, productos de cuidado facial y corporal y acondicionadores.

El informe muestra que el consumo de alimentos básicos subió 11,1% y los precios variaron 19,6%, debido a que la mayoría están regulados. Entre los rubros que más se vendieron figuran las pastas alimenticias, mezclas para cachapas, avena, cereales, embutidos, jugos larga duración, salsa de tomate, arroz, sardinas, mayonesa, harina de trigo, aceites, azúcar, café, y queso fundido.

Mientras que se mantuvo estable la demanda de harina de maíz, salsa para pastas, salchichas, jugos pasteurizados, maltas y pan industrial.

En cuanto a la distribución de las ventas, de cada 100 bolívares que se gastaron, 29 se destinaron a pagar alimentos, 10 a artículos misceláneos, 9 bolívares a productos de mantenimiento del hogar, como detergentes y limpiadores, 10 bolívares a la compra de productos impulsivos como pasapalos, 17 bolívares para artículos de cuidado personal y 25 bolívares a bebidas no alcohólicas como refrescos y jugos.

lunes, septiembre 06, 2010


EL NACIONAL - Lunes 06 de Septiembre de 2010 Economía/4

Economía
AGRO Caficultores claman por medidas de reactivación y mejores precios

En 9 años la producción de café en Venezuela se redujo 41,3%

De 1,45 millones de sacos que se cosechaban en 2000, el país pasó a 850.000 el año pasado

KATIUSKA HERNÁNDEZ

Estadísticas de la Organización Internacional del Café indican que la producción venezolana se redujo 41,3% en 9 años. De 1,45 millones de sacos que se cosechaban en 2000, el cultivo pasó a 850.000 sacos en 2009.

Coincidiendo con el Gobierno actual, en el año 2000 la producción fue de 1,45 millones de sacos y en 2006 registró un máximo de 1,57 millones de quintales. Pero la falta de incentivos, bajos precios, ausencia de una política de comercialización efectiva y la desviación de recursos del llamado Plan Café, provocaron que la cosecha se viniera abajo.

La reducción de 41,3%, según la ICO, desmienten las afirmaciones del ministro de Agricultura, Juan Carlos Loyo, quien dijo que la producción ha crecido 12% en 10 años. Las exportaciones de este rubro, que se situaron en 504.000 quintales entre 1995 y 1996, fueron mermando hasta llegar a cero.

Gobierno importador.

Fedeagro afirma que Venezuela, de ser un país con una historia exportadora de 230 años, pasó a importar más de la mitad del consumo. Se calcula que 650.000 sacos han entrado entre octubre de 2009 y julio de este año, de Brasil, Nicaragua y El Salvador.

El Ministerio de Comercio Exterior de Brasil señala que entre enero y julio de 2010 las ventas de café en grano a Venezuela se situaron en 16,8 millones de kilogramos, equivalentes a 365.217 quintales, que costaron 59,42 millones de dólares.

En el mismo período llegaron 141.000 quintales de Nicaragua por un valor de 22,1 millones de dólares, según cifras del Centro de Trámites de las Exportaciones de ese país.

También se negociaron 50.000 sacos de El Salvador.

Costos desiguales. El café importado por Ejecutivo a través de CASA, Corporación de Abastecimiento, cuesta entre 380 y 450 bolívares el quintal, más el flete y el seguro. El nacional está regulado entre 480 bolívares (el corriente) y 585 bolívares el lavado A o de mejor calidad.

El abandono de las fincas ha motivado que los costos nacionales sean elevados. Además, las importaciones gubernamentales son más baratas porque pagan con un dólar a 2,60 bolívares. Mientras los insumos, fertilizantes, agroquímicos y maquinaria suben de acuerdo con la inflación, y los equipos importados se traen a un dólar 4 veces más caro.

Un estudio de la Universidad Lisandro Alvarado, del estado Lara, determinó que el costo de producir un quintal de café es de 1.342 bolívares, con un rendimiento de 30 sacos por hectárea. Advierten que más de 70% se va en mano de obra.

Consideran que para garantizar la sostenibilidad del sector, el quintal debería aumentar a 920 bolívares, el tipo corriente, y a 1.600 bolívares el de más calidad. Los productores proponen al Gobierno que pague un subsidio a la industria, para que no suba de manera desmedida el precio al consumidor.

miércoles, septiembre 01, 2010

Cultivo amenazado

AGRO Bajos precios de los cereales y deudas con la banca amenazan la rentabilidad del sector

Cosecha en riesgo

La producción de maíz y arroz comienza a salir de los campos, pero continúan las importaciones

KATIUSKA HERNÁNDEZ

khernandez@el-nacional.com
Acarigua


El Gobierno ordenó la compra masiva de arroz y maíz. Los barcos llegan de Estados Unidos, México, Argentina, Ecuador y Guayana, porque la estrategia es “evitar un sabotaje en plenas elecciones”, argumentan en el Ministerio de Alimentación.

Las consecuencias de esta política de “puertos abiertos” la pagan los agricultores nacionales, que en plena cosecha están alarmados porque aún no tienen definidos los precios para cubrir los costos de producción, y poder cancelar las deudas. Además, temen quedarse sin cupo en los silos y almacenes, y que se retarde la recepción porque las industrias están llenas de producto importado.

El reporte de los puertos indica que han entrado 723.987 toneladas de maíz amarillo entre enero y julio, y más de 300.000 toneladas del cereal blanco.

En agosto, la aduana de Puerto Cabello recibió 185.000 toneladas de maíz blanco y 200.000 del amarillo. En el caso del arroz se calcula que las importaciones alcancen 400.000 toneladas de paddy, este año.

Las compras externas las realiza directamente el Gobierno a través de CASA, Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas. Esta empresa se encarga de despachar a las agroindustria privadas y públicas de acuerdo con el inventario que lleva la Superintendencia de Silos.

El Ejecutivo vende el arroz paddy importado a un precio subsidiado, mientras que el maíz blanco se cotiza al precio oficial de 920 bolívares por tonelada.

Las condiciones de pago son en promedio a los 30 días, pero en algunas ocasiones se ha exigido que cancelen a la semana de haber recibido la materia prima.


Hombres de maíz. En Portuguesa, principal estado cerealero del país, se han encendido las alarmas. Semanalmente entran camiones que descargan el rubro procedente de Puerto Cabello, La Guaira y hasta de Guanta. Son pocas las empresas que se han comprometido a recibir el cereal nacional.

Los productores no entienden por qué en Caracas el ministro de Agricultura, Juan Carlos Loyo, no quiere hablar de precios de los cereales, cuando desde marzo se discutieron los costos de producción y el entonces viceministro, Richard Canán, les aseguró que estaban listos para aprobarlos.

Adán Antonio Guanipa tiene 65 años de edad y se ha dedicado casi toda la vida a producir en su parcela de 50 hectáreas. Cosecha maíz en el ciclo de invierno y girasol en verano. Señala que este año sembró confiando en que el Gobierno aprobaría a tiempo el aumento de precios para compensar las pérdidas que se generaron en 2009 por la fuerte sequía.

“Trabajamos, producimos y no ganamos nada. La carretera está en mal estado. Yo le digo al Gobierno que somos productores y vivimos de esto, que nos aumente los precios porque los fertilizantes valen mucha plata, ya el maíz no vale nada y uno va a comprar una harina y la consigue en 4 bolos”,

Afirma que es injusto que se esté importando justo cuando se inicia la cosecha de maíz. “Este Gobierno cuando comenzó dijo que aquí se iba a producir todo, pero resulta que ahora están trayendo todo de otros países, eso no es justo, porque si yo no produzco mucho no gano. Cuando hay buen precio uno se anima a trabajar”, agrega.

José Carmelo Narváez considera que las 40 hectáreas que produce están en riesgo si no se garantiza una rentabilidad de la cosecha. “Trabajamos con las uñas porque no se puede de otra forma. Cada día los insumos son más caros, si no se cubren los costos seguiremos endeudados y será difícil volver a sembrar”, añade.

David Pérez, también agricultor, señala que en este sector hay años buenos y otros malos. Produce en promedio 3.300 kilos por hectárea y considera que sin un precio sostenible es imposible invertir y ampliar la capacidad de producción. “Hacen falta políticas de Estado para mejorar la vialidad, los sistemas de riego y que se garantice la comercialización del rubro”, apunta.

Los productores del estado Portuguesa piden que se ejecuten las obras de dragado del canal piloto, por donde pasa el rio Acarigua, debido a que el nivel del agua está a punto de desbordarse por la sedimentación, y peligran las hectáreas sembradas de maíz que están en las riberas.

La ausencia de rentabilidad en el sector ha mermado la capacidad de producción porque los agricultores no cuentan con suficientes recursos para comprar maquinaria, garantizar la compra de repuestos y tecnificar el cultivo.

“Se están invirtiendo aproximadamente 4.050 bolívares por hectárea, en insumo se gastan 1.600 bolívares por hectárea, incluyendo semillas, fertilizantes y agroquímicos. En la parte de fertilización el promedio es de 700 bolívares, a lo que se suma el costo de cosecha y mano de obra, entre otros. Entonces con el precio actual del maíz, en Gaceta Oficial de 920 bolívares por tonelada, no hay rentabilidad para el sector”, argumenta Pérez.

Señala que con la incorporación de nueva tecnología y mejores precios puede subir la producción.



Grano partido. En el caso de los productores de arroz, la cosecha lleva semanas y afirman que este año las hectáreas sembradas se redujeron en 46% por falta de estímulo.

Luis Gustavo Salazar, agricultor de 76 años de edad y más de 50 en la actividad, en Turén, dice que es insostenible mantener los precios congelados. “Hay una cantidad de problemas, por un lado el clima que a veces no ayuda, también el rendimiento cayó demasiado. Se están cosechando 3.000 kilos por hectárea, los repuestos están muy caro”, alega.

Salazar, que posee 55 hectáreas sembradas de arroz, de las cuales 12 comenzará a cosechar en 2 semanas, refiere que sin un precio justo no podrá cubrir los costos y los créditos. “El año pasado no tuve el rendimiento esperado, por la fuerte sequía, pero este año que me anime a sembrar no tenemos un precio adecuado”.

Moisés Ríos, del municipio Anzoátegui del Estado Cojedes que colinda con Portuguesa, asegura que este año la semilla y los insumos entregados por el Gobierno llegaron tarde. “Hemos tenido una situación bastante precaria porque pocos fueron los que recibieron financiamiento a tiempo. Se tuvo que hacer una siembra particular porque no dieron más insumos y muchos productores tuvieron que comprar en las casas comerciales privadas. La situación es grave y los precios del arroz siguen igual que la cosecha pasada, pero la semilla, los agroquímicos y la maquinaria sube. Uno echa los números y no dan las cuentas”, expresa Ríos.

Explica que trabajan alrededor de seis meses entre la etapa de preparación de los suelos, la siembra y la cosecha, y la remuneración es escasa. “Cuando vemos las ganancias, son pocas. En esos seis meses ya uno se ha comido el dinero y no se han pagado los créditos. Seguimos en la lucha y esperamos que esto mejore”.

Moisés Ríos sostiene que en la zona está Pdvsa Agrícola con el programa de siembra, pero los proyectos no terminan de arrancar y hay muchos productores que se quedaron esperando sin poder trabajar este año.

Eduardo Cassani, que tiene 130 hectáreas en el municipio Páez, sector San José del sistema de riego Las Majaguas, estado Portuguesa, señala que el sector está en crisis debido a los altos costos de las semillas y de los fertilizantes, el aumento salarial, la devaluación y la eliminación de los subsidios. “En lugar de generar estímulos a la producción nacional de arroz, vemos una política de Estado equivocada que se ha dedicado a importar”, afirma.

Destaca que es necesario que se respete al productor del campo, indistintamente del tamaño de la propiedad que desarrolle y de su condición socioeconómica. “Es necesario que se apruebe un incremento de precios, basado en análisis de costos que se han discutido desde mayo”.

La Gaceta Oficial indica que la tonelada de arroz está regulada en 1.200 bolívares, pero este monto no cubre el alza de los costos de producción en más de 80%.



Carta a Chávez



Productores esperan

discutir precios



En la carta enviada la semana pasada por Fedeagro y los productores agrícolas al presidente Hugo Chávez, proponen que debido a que los costos de producción se han incrementado en más de 80% y los agricultores están en mora con la banca, deberían aumentarse los precios de los principales rubros regulados como maíz, arroz, sorgo, café y caña de azúcar.

En la carta piden que la tonelada de arroz paddy se fije en 1.700 bolívares, la de maíz blanco en 1.600 bolívares y el amarillo en 1.480 bolívares. Mientras que para el café señalan que debería reconocerse el rezago que tiene el cultivo y aprobar un alza para llegar a los 1.250 bolívares el quintal del tipo C.

Hasta ahora el gremio no ha recibido respuesta. El fin de semana el ministro de Agricultura y Tierras, Juan Carlos Loyo, declaró que estaba dispuesto a reunirse con los productores agropecuarios para definir los precios que recibirán por la cosecha actual de cereales y otros rubros regulados. “Estamos preparados para dar esa discusión”. Pero hizo la salvedad de que no conversará con quienes a su juicio están haciendo política.